ADOCCO denuncia presunta red de empresas coludidas en compras del Estado

ADOCCO denuncia presunta red de empresas coludidas en compras del Estado

Julio César de la Rosa, presidente de la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO), denunció la existencia de un presunto entramado empresarial diseñado para simular competencia en licitaciones públicas y, de ese modo, beneficiarse de contratos del Estado dominicano.

Según explicó, un grupo de empresas habría participado en procesos de compras actuando como supuestas competidoras, cuando en realidad mantendrían vínculos societarios y una coordinación interna que les permitiría repartirse adjudicaciones. Pese a que la propia Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) reconoció la existencia de nexos entre algunas de estas compañías, no procedió a su inhabilitación, lo que ha generado fuertes cuestionamientos por parte de ADOCCO.

Las declaraciones de De la Rosa fueron ofrecidas durante una entrevista con la periodista Odalis Castillo en el programa Toda la Verdad, que se transmite por VTV, Canal 32, los domingos a las 8:00 p.m., donde expuso con detalle el patrón que, a su juicio, se repite en varios procesos de compras del Estado.

Un patrón que se repite en las licitaciones públicas

El presidente de ADOCCO advirtió que, al revisar distintos procesos de contratación, surge un patrón inquietante:

• La misma persona llena los formularios de participación.
• La misma persona figura como representante legal en varias empresas.
• Los mismos accionistas se repiten en compañías distintas.

Este comportamiento, de acuerdo con De la Rosa, es un indicio de que no se trata de competidores reales, sino de un grupo coordinado que utilizaría estructuras societarias distintas para controlar adjudicaciones públicas desde diferentes frentes.

El caso Supérate: una licitación menor que encendió las alarmas

Todo comenzó como un proceso aparentemente rutinario de compras menores del programa Supérate, destinado a adquirir kits de meriendas para talleres y charlas de Juventud Supérate y de Superación Social y Género, dirigidos a Mipymes Mujer.

En este proceso participaban, entre otras, las empresas Confites Internacionales SRL y NL Oviedo Group, que en principio parecían competidoras independientes. Sin embargo, el equipo de compras de Supérate detectó algo inusual al solicitar la subsanación de documentos por separado.

Ambas compañías remitieron sus respuestas firmadas por la misma persona: Ninoska Oviedo Tejeda. El detalle era demasiado relevante como para pasarlo por alto, y encendió las alarmas sobre un posible acuerdo entre las empresas para simular competencia.

Ante esta situación, Supérate decidió elevar una instancia formal ante la Dirección General de Compras y Contrataciones, solicitando la inhabilitación de ambas empresas por presunta colusión en el proceso de compras menores.

La respuesta de Contrataciones Públicas y los cuestionamientos de ADOCCO

De la Rosa explicó que la Dirección General de Contrataciones Públicas, al revisar el caso, reconoció la existencia de vínculos societarios entre las empresas señaladas por Supérate. No obstante, el organismo descartó su inhabilitación, alegando que no se habían presentado pruebas suficientes para demostrar la colusión.

En su resolución, el órgano rector de las compras públicas admitió que había accionistas relacionados entre las compañías, pero entendió que ese hecho, por sí solo, no bastaba para sancionarlas. En lugar de inhabilitarlas, recomendó que, en futuros procesos, Supérate incluya en sus pliegos de condiciones la verificación de vinculación accionaria como posible causal de descalificación.

Para ADOCCO, esta decisión evidencia una falta de profundidad en la investigación. De la Rosa sostiene que Supérate sí realizó una diligencia adecuada al identificar la coincidencia de firmas, representaciones y accionistas, y que correspondía a Contrataciones Públicas profundizar y utilizar todas las herramientas disponibles para determinar si hubo o no colusión efectiva.

“Esa prueba debe hacerse con la debida diligencia, que parece que no se hizo en Compras y Contrataciones… Supérate sí hizo su diligencia. Cuando advierte lo que ocurre, solicita la inhabilitación. Pero no hubo interés de profundizar”, afirmó Julio César de la Rosa.

De dos empresas a una posible red de siete compañías

La revisión del caso no se quedó solo en Confites Internacionales SRL y NL Oviedo Group. Según ADOCCO, al analizar con más detalle las informaciones societarias surgió algo más preocupante: no se trataba de dos empresas aisladas, sino de una estructura más amplia con características comunes.

En este entramado, se observan:

• Accionistas que se repiten en varias compañías.
• Direcciones que coinciden entre empresas diferentes.
• Representantes legales que aparecen una y otra vez.

ADOCCO señaló que la lista de empresas vinculadas en este mosaico societario incluiría, entre otras:

• Confites Internacionales SRL
• NL Oviedo SRL
• Caribbean Food Supply
• Importadora Nacional de Comestibles
• Clean Depot SRL
• Comercializadora Melo
• Evel Suplidores SRL

De acuerdo con la organización, la finalidad de este tipo de estructuras sería simple y contundente: garantizar que, sin importar quién gane la licitación, los beneficiarios finales sean siempre los mismos grupos empresariales.

¿Qué es la colusión en compras públicas?

Julio César de la Rosa también aprovechó la entrevista para explicar de forma sencilla en qué consiste la colusión en compras públicas. Este término se refiere a acuerdos ilegales entre dos o más empresas para manipular procesos de licitación y simular competencia, cuando en realidad actúan coordinadas.

Algunos ejemplos de comportamientos típicos de colusión son:

• Empresas que se ponen de acuerdo para presentar presupuestos “de relleno” y favorecer a una en particular.
• Uso de compañías relacionadas entre sí para dar la apariencia de pluralidad de ofertas.
• Rotación de adjudicaciones entre firmas vinculadas, de forma que el grupo siempre resulte beneficiado.

El efecto de estas prácticas es grave para el Estado y la ciudadanía: se limita la competencia real, se distorsionan los precios, se reduce la calidad de los bienes y servicios contratados y se debilita la confianza en el sistema de compras públicas.

Redes societarias y el rol de ProCompetencia

Otro de los puntos señalados por De la Rosa es la complejidad de las redes de sociedades encadenadas. En muchos casos, los accionistas y estructuras legales se diseñan precisamente para dificultar la identificación de los propietarios reales y, con ello, encubrir posibles acuerdos colusorios.

Según el presidente de ADOCCO, solo mediante investigaciones especializadas y con las facultades técnicas y legales adecuadas se puede “levantar el velo societario” y determinar quiénes están detrás de estas empresas. En este sentido, destacó el papel de ProCompetencia como entidad clave para investigar si se vulneran las normas de competencia leal en el mercado.

Denuncias ante los órganos de control y llamado a mayor rigor

En vista de la situación, ADOCCO informó que presentó formalmente la denuncia del caso ante varios organismos del Estado, entre ellos:

• Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
• Contraloría General de la República.
• ProCompetencia.
• Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.

Con esto, la organización busca que se investigue a profundidad el presunto esquema de simulación de competencia, se determinen eventuales responsabilidades y se fortalezcan los mecanismos de control para prevenir que situaciones similares se repitan en futuros procesos de contratación.

El caso pone de relieve la importancia de contar con instituciones vigilantes, procesos transparentes y una ciudadanía atenta al uso de los recursos públicos. Más allá de una licitación específica, ADOCCO insiste en que este tipo de prácticas, de comprobarse, afectan directamente el bolsillo de la población y la credibilidad de todo el sistema de compras del Estado.