Los ediles señalaron que la Sala Capitular había otorgado un plazo de quince días para establecer una mesa de trabajo que incluya a todos los sectores implicados, tales como los sindicatos de camioneros. Este espacio colaborativo busca crear propuestas concretas para mitigar los daños ambientales, sociales y en la infraestructura local derivados de esta actividad económica.
Durante estas reuniones, los regidores se involucraron en la elaboración de un borrador de protocolo regulatorio. Además, una comisión se trasladó a Santo Domingo para gestionar con las autoridades portuarias, pudiendo presentar un documento base para la firma de los involucrados. No obstante, denunciaron que, tras el vencimiento del plazo, no han recibido información oficial ni se ha convocado a la firma del acuerdo.
«Nuestra preocupación crece ya que los problemas que dieron origen a este proceso siguen impactando negativamente a la población de Barahona. Las emisiones de polvo, el constante tránsito de vehículos pesados, el deterioro de las vías y los riesgos para la seguridad vial son cuestiones que requieren atención inmediata,» manifestaron los regidores en un comunicado.
Pérez, Báez y Féliz aclararon que su intención no es interrumpir las actividades económicas que generan empleo en la provincia, sino asegurar que operen bajo normas claras y responsables que respeten tanto el medio ambiente como los derechos de los ciudadanos.
Finalmente, solicitaron formalmente a las autoridades competentes que informen al Concejo de Regidores y a la ciudadanía sobre el estado actual del proceso, y que convoquen cuanto antes a todos los actores para concluir la aprobación y firma definitiva del protocolo regulador.