Cómo la complejidad tributaria en RD frena la productividad y desperdicia recursos

La historia de los tributos es, en gran medida, la historia de la evolución del Estado. En sus inicios, estos recursos servían para financiar guerras, emergencias o necesidades temporales. Sin embargo, con el tiempo, se convirtieron en una fuente permanente de ingresos públicos y en un instrumento esencial para financiar las funciones económicas y sociales del Estado.

En este contexto, la República Dominicana no ha sido la excepción. Durante más de un siglo, desde 1919 hasta 2026, su sistema tributario ha evolucionado a través de leyes, reformas y diversas normativas. Esta evolución ha permitido la modernización de la administración tributaria, aumentando su capacidad de control y recaudación.

No obstante, esta complejidad ha originado un efecto que merece ser analizado: la acumulación de obligaciones y procedimientos que las empresas deben conocer e implementar para cumplir correctamente. Así, ya no se trata solo de cuánto pagan las empresas en impuestos, sino también de cuánto les cuesta cumplir con esas obligaciones.

De un sistema simple a una complejidad creciente

La evolución tributaria en la República Dominicana se puede entender como una serie de etapas. Desde las primeras estructuras de rentas internas en la primera mitad del siglo XX, pasando por la creación y reorganización de organismos recaudadores, hasta las transformaciones significativas de las últimas décadas.

Un punto clave en esta evolución fue la introducción del ITBIS en 1983 a través de la Ley 74-83. Posteriormente, se hicieron ampliaciones de su base, modificaciones de tasas y reformas sucesivas. En 1992, se promulgó la Ley 11-92, el Código Tributario que sigue siendo central en el sistema impositivo dominicano, a pesar de las múltiples modificaciones y leyes complementarias que ha experimentado.

Con el tiempo, esto ha llevado a un sistema en el cual las empresas deben interactuar con una variedad de normativas: el Código Tributario, leyes especiales, decretos, reglamentos, y más. Este laberinto jurídico se convierte en un verdadero desafío.

El costo invisible de cumplir con las obligaciones fiscales

Cuando mencionamos carga tributaria, generalmente pensamos en ISR, ITBIS, impuestos sobre activos, y otras obligaciones fiscales. Sin embargo, existe un “impuesto invisible” que no figura en las declaraciones: el costo de cumplimiento tributario. Cada obligación genera procesos; cada proceso, recursos como tiempo, personal y sistemas.

Las empresas deben gestionar todo: desde la facturación correcta, validación de comprobantes y preparación de declaraciones hasta la actualización de sistemas y capacitación de empleados. Este esfuerzo conlleva un costo que no siempre es visible, pero sí crucial.

Por ejemplo, aplicar el ITBIS, a pesar de tener una tasa fija del 18%, implica un proceso de liquidación, documentación, declaración y pagos, cuyo vencimiento ordinario se da dentro de los primeros veinte días del mes siguiente. Esta dinámica se multiplica por las numerosas obligaciones fiscales a las que se enfrenta una empresa.

Una necesidad de simplificación fiscal

La realidad dominicana plantea una paradoja: la necesidad de control fiscal no debe traducirse en una mayor complejidad para los contribuyentes. La Ley 32-23 busca modernizar la administración tributaria, pero sin un enfoque que simplifique realmente el proceso.

La digitalización de formularios no significa necesariamente simplificación. Si cada formulario requiere múltiples conciliaciones y validaciones, simplemente hemos transformado la burocracia física en digital.

Es vital que los microempresarios y pequeñas empresas noten esta carga. Las grandes empresas pueden acceder a recursos y personal especializado, mientras que las más pequeñas enfrentan las mismas exigencias con limitaciones significativas.

El valor del tiempo y la productividad

Al evaluar el sistema tributario, es crucial considerar cómo el tiempo dedicado a resolver problemas fiscales impacta en la capacidad de adquirir clientes o mejorar la rentabilidad. Cada recurso destinado a cumplir con la burocracia tributaria es un recurso que podría haberse invertido en crecimiento o innovación.

Como se ha observado, la complejidad del sistema tributario en la República Dominicana obliga a las empresas a destinar una parte significativa de su tiempo y recursos a gestionar su cumplimiento fiscal. Esto afecta su capacidad para crecer y generar riqueza.

En cuanto al marco fiscal, se proyecta una presión tributaria estable entre 15.5% y 20% del PIB hasta 2030. Sin embargo, se reconoce la necesidad de expandir la base tributaria y reducir la informalidad. La complejidad, a menudo, incrementa la evasión, algo que es evidente al comparar cifras de presión tributaria históricas.

La cuestión fundamental es: ¿cómo podemos fomentar la formalidad económica si ingresar a ella sigue siendo costoso desde una perspectiva administrativa?

Hacia un sistema tributario más eficiente

Es imperativo que la República Dominicana avance hacia una administración tributaria más simplificada. La facturación electrónica es un paso en la dirección correcta, pero debe ir acompañada por una reducción de la carga administrativa del contribuyente.

La administración debe aprovechar la información que ya posee y no solicitarla nuevamente a los contribuyentes, a menos que sea estrictamente necesario. La eliminación de datos duplicados y la automatización de ciertos procesos pueden transformarse en una verdadera simplificación.

Por tanto, simplificar no es lo mismo que recaudar menos. De hecho, podría significar aumentar la recaudación, pero de una manera que haga la carga menos pesada para los contribuyentes.

El objetivo es que el sistema fiscal no solo se mida por la cantidad que recauda, sino también por el costo de su recaudación y el esfuerzo que supone para los ciudadanos y empresas cumplir con sus obligaciones.

En conclusión, el verdadero desafío para el sistema tributario dominicano es simplificarse. La finalidad debe ser permitir que las empresas se concentren en producir, innovar, invertir y generar empleo, y no en convertirse en especialistas tributarios para cumplir con sus obligaciones.