Comunitarios alertan sobre demoliciones y pagos conflictivos en la carretera La Vega-Jarabacoa

La Vega. – Un grupo de residentes y comerciantes ha alzado su voz ante la ampliación de la carretera La Vega-Jarabacoa, denunciando la demolición de viviendas, negocios y verjas perimetrales. Esto se ha llevado a cabo con equipos pesados y bajo la vigilancia de fuerzas militares, sin que se hayan acordado compensaciones justas ni plazos adecuados para el traslado.

Los comunitarios han calificado de “arbitraria” la actuación del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). Indicaron que las primeras notificaciones formales les llegaron hace aproximadamente 20 días y que están siendo presionados para aceptar las ofertas económicas propuestas.

De acuerdo con sus relatos, algunos propietarios que no firmaron los acuerdos han recibido advertencias sobre la posible demolición de sus inmuebles, algo que ya ha ocurrido en varios casos.

Cuestionamientos sobre el proceso de demolición y tasaciones

Diomedes Marte, residente de la zona, instó a la comunidad a no permanecer callada. Recibió una notificación el 30 de septiembre y fue convocado a una reunión para conocer las ofertas económicas. “A los tres días, vinieron a desbaratarle la casa a quienes no firmaron”, afirmó.

Marte destacó que su vivienda no fue demolida gracias a la intervención de un conocido, pero un vecino vio cómo su casa era destruida sin previo aviso.

Camilo Marte, hijo de Diomedes, reveló que se ofrecían RD$1.8 millones por la propiedad de dos plantas que fue derribada. “Sacaron sus pertenencias y destruyeron su vivienda. La comunidad tuvo que ayudarlo a trasladar sus cosas a casa de un familiar en la ciudad”, relató.

Los afectados han criticado las evaluaciones realizadas por el MOPC. Aseguran que ofrecen RD$1,200 por metro cuadrado, mientras ellos consideran que el valor de mercado se encuentra entre RD$4,000 y RD$5,000.

“Nadie se opone a la ampliación; estamos felices porque significa progreso para nuestra comunidad. El problema es el método empleado”, expresó Marte, su hijo exigió una evaluación justa, así como el pago adecuado y alternativas para quienes deben dejar sus hogares.

Premura en las demoliciones

Los moradores señalaron que algunos trabajadores de la obra les atribuyeron la rapidez de las demoliciones al retraso en los trabajos y a una posible visita del presidente Luis Abinader. Esta afirmación se basa en testimonios de los afectados y no ha sido confirmada oficialmente.

Denunciaron que el MOPC desestima las tasaciones efectuadas por los propietarios, reconociendo únicamente los avalúos realizados por sus técnicos.

Impacto en negocios locales

José Lajara, dueño de Recursos Ferreteros, alertó sobre el impacto en su negocio. Recibió hace menos de un mes una notificación para iniciar negociaciones por el terreno frente a su establecimiento y ha asistido a diversas reuniones para llegar a un acuerdo.

A pesar de ello, sin un plazo claro para mudarse, cuadrillas del MOPC demolieron la pared frontal de su negocio. “Si me dicen lo que el Estado puede ofrecer y me dan un tiempo razonable, uno entiende que se toman en serio las cosas. Pero no puedes llegar un lunes y romper al día siguiente”, protestó Lajara.

Para salvaguardar su mercancía expuesta, improvisó una verja de alambre de púas. Además, tendrá que reconstruir su tienda y reubicar su almacén. Este negocio genera cerca de 30 empleos y cumple con sus obligaciones tributarias, utilizando facturación electrónica desde hace un año.

Lajara también expresó su inquietud por la seguridad de su inventario y el impacto de sus compromisos financieros con bancos y proveedores.

Los propietarios y comerciantes exigen acuerdos de compensación justos y plazos razonables antes de llevar a cabo nuevas intervenciones. La incertidumbre sigue presente entre quienes aún no han firmado los convenios propuestos por el MOPC.