Cuba desmiente rotundamente su vínculo con el conflicto en Ucrania.

El Gobierno de Cuba ha rechazado, de forma contundente, las acusaciones realizadas por Estados Unidos este miércoles, que lo vinculan con el conflicto bélico en Ucrania. Según la administración cubana, tales afirmaciones son «falsas, sin sustento ni evidencia alguna».

En un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex) de La Habana, se aseguró que «Cuba no forma parte de este conflicto, ni participa con efectivos militares allí, ni en ningún otro país».

La cancillería cubana agregó que las acusaciones del gobierno estadounidense tienen como finalidad «confundir y desinformar a la comunidad internacional».

«Cuba apoya la solución pacífica de los conflictos a través del diálogo y las negociaciones, como en el caso de Ucrania, en consonancia con el Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas», reza el comunicado.

Reclutamiento de ciudadanos cubanos: una acusación infundada

Además, la declaración enfatiza que «ninguno de los ciudadanos cubanos que han participado o participan en cualquier parte de este conflicto tiene el apoyo o el consentimiento de alguna institución estatal o gubernamental cubana».

Se menciona que «en su gran mayoría, el reclutamiento de estos ciudadanos cubanos, al igual que el de muchos de otras nacionalidades, se ha llevado a cabo desde el extranjero».

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La Cancillería subrayó que «a diferencia de EE. UU., Cuba mantiene un historial limpio en su lucha contra el grave problema del mercenarismo, frente al que tiene una política de tolerancia cero».

«Cuba procesa y sanciona penalmente el mercenarismo de acuerdo con su legislación nacional y obligaciones internacionales», añade el texto.

Cuba: acción contra el mercenarismo

En este contexto, se indica que «desde 2023, se han investigado 17 expedientes preliminares por el delito de mercenarismo, con 49 personas imputadas». De ellas, «43 han sido presentadas ante el Tribunal en 12 procesos, con solicitudes de sanciones que varían entre 5 y 16 años de privación de libertad».

Asimismo, se informa que «en cinco casos con seis imputados, la Fiscalía General de la República optó por no ejercer acción penal y determinó el sobreseimiento de los mismos, al no comprobarse su intervención en dicho delito».

Según el informe, «hasta ahora se han llevado a cabo diez juicios orales, mientras que otros dos se encuentran pendientes». Además, agrega que «los acusados han sido sancionados de acuerdo con las solicitudes de la Fiscalía».