¿De granero a mina? El futuro de San Juan con el proyecto Romero

El proyecto minero Romero ha situado a la provincia de San Juan en el eje de uno de los debates socioambientales más críticos en la República Dominicana en los últimos años. Mientras la GoldQuest Mining Corporation defiende la viabilidad de una minería moderna, comunidades, agricultores, líderes religiosos y organizaciones sociales expresan su preocupación por los riesgos irreversibles para el agua, la agricultura y la vida en la región.

San Juan es una provincia de especial relevancia. Conocida como el “granero del sur”, su economía depende de los recursos hídricos que nacen en la Cordillera Central, un sistema montañoso fundamental que alimenta ríos y arroyos a lo largo del país. En esta área, el agua no es un simple recurso; es la base de la producción agrícola y la seguridad alimentaria.

Sin embargo, este equilibrio ecológico podría verse amenazado por el desarrollo del proyecto Romero, destinado a la extracción de oro, plata y cobre en la comunidad montañosa de Tireo. La iniciativa, promovida por GoldQuest a través de su filial, ha pasado por varias fases de exploración desde principios de los años 2000, incluyendo más de 170 perforaciones y cerca de 47 mil metros excavados.

El conflicto comenzó a crecer en 2015, cuando la empresa anunció hallazgos positivos de un yacimiento estimado en más de un millón de onzas de metales. Desde entonces, la oposición social ha cobrado fuerza.

En las calles, se expresa el rechazo mediante consignas como “agua sí, oro no”. Organizaciones como Suroeste Unido por el Agua y la Vida, que incluyen agricultores, líderes religiosos y profesionales, advierten que el principal riesgo es la contaminación de los ríos, especialmente el río San Juan, crucial para toda la región sur.

“El principal problema es la devastación que podría ocasionar la explotación minera a orillas del río San Juan”, explicó el dirigente agropecuario Manuel Matos, quien argumenta que el impacto afectaría no solo la producción agrícola, sino también el acceso al agua.

Comunidades cercanas como La Higuera, El Naranjal, Juan de Herrera y Hondo Valle, ubicadas en la Cordillera Central, ya reportan cambios en su entorno. Los residentes aseguran que la presencia de maquinaria y perforaciones está alterando el paisaje y generando preocupación por el futuro de la zona.

Además, existe desconfianza respecto a los beneficios económicos prometidos. Algunos comunitarios afirman que, aunque hay acuerdos con la empresa, estos no compensan los posibles daños a largo plazo.

Desde la empresa, el CEO de GoldQuest Dominicana, Luis Santana, defendió el proyecto, mencionando que podría generar ingresos significativos para el Estado dominicano, con un estimado de que entre el 56 % y 57 % de los beneficios quedarán en manos del país.

No obstante, Santana reconoció el uso de ANFO —una mezcla de nitrato de amonio y combustible— como explosivo, lo que ha generado inquietudes entre expertos y comunitarios sobre la posibilidad de filtraciones de nitratos en el subsuelo, lo que podría afectar la calidad del agua y la salud de las personas.

El miedo en San Juan no es exclusivo; muchos citan el caso de Cotuí, donde las comunidades han denunciado efectos ambientales adversos tras operaciones mineras a gran escala. “San Juan no quiere repetir lo que ocurrió en Cotuí” se ha convertido en una fuerte consigna.

Más allá del impacto ambiental, el debate plantea un dilema económico. San Juan produce más del 50 % de las habichuelas del país, además de importantes cantidades de maíz, arroz y guandules. Para muchos, transformar esta zona agrícola en un área minera implicaría un cambio radical en su esencia productiva.

El proyecto Romero abarca unas 3,997 hectáreas, y las concesiones de GoldQuest en la zona superan las 22 mil hectáreas, lo que amplía la preocupación sobre su alcance real.

Desde un enfoque académico, se ha propuesto que el problema no reside solo en el proyecto en sí, sino en la falta de una evaluación ambiental estratégica que considere a toda la región como un sistema hídrico integrado.

El Gobierno mantiene una postura cautelosa. El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, explicó que el proyecto se encuentra en una fase de estudios de impacto ambiental, los cuales serán decisivos para cualquier resolución.

Santos subrayó que no se puede prever una aprobación antes de obtener resultados técnicos concluyentes y destacó la importancia de la “licencia social” y la consulta con las comunidades.

El proyecto Romero ha evolucionado a mucho más que una simple iniciativa minera; se ha convertido en un debate sobre el modelo de desarrollo del país. Entre la promesa de ingresos económicos y el riesgo de daños ambientales, la decisión final definirá no solo el futuro de San Juan, sino también el equilibrio entre crecimiento, sostenibilidad y acceso al agua en la República Dominicana.

El Debate Minero en San Juan: Un Enfrentamiento entre Recursos y Riesgos

• Proyecto Romero genera controversia en San Juan por sus implicaciones ambientales.
• San Juan, conocido como el “granero del sur”, depende del agua para su producción agrícola.
• Oposición social en aumento, reflejada en consignas como “agua sí, oro no”.
• El Gobierno realiza estudios de impacto ambiental antes de cualquier decisión.