Finjus advierte sobre aumento de detenidos sin causa.

La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) ha expresado su preocupación sobre casos de privación de libertad que vulneran las garantías constitucionales en la República Dominicana. Se han reportado situaciones preocupantes, como el hecho de que algunas personas permanezcan en prisión durante años sin que su situación legal reciba una respuesta definitiva.

En un reciente comunicado, el vicepresidente ejecutivo de Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán, subrayó que estos incidentes plantean serias inquietudes sobre la lentitud de los procesos judiciales y la falta de seguimiento en múltiples casos.

Además, Castaños mencionó que varios medios de comunicación han destacado las graves dificultades que enfrentan los privados de libertad en el sistema de justicia dominicano. Un caso emblemático es el de un hombre que estuvo casi 20 años en prisión preventiva sin una sentencia, desde 2006 hasta su liberación en 2026, gracias a la intervención de la Defensa Pública. Recientemente, 13 personas también estuvieron detenidas más de un mes sin ser presentadas ante un juez, situación que se resolvió mediante un hábeas corpus.

Finjus argumenta que, si bien es esencial responder firmemente al delito, esta firmeza del Estado no debe confundirse con la ausencia de límites. En un estado social y democrático de derecho, el poder punitivo debe alinearse con la Constitución, la ley, la proporcionalidad, la dignidad humana y el debido proceso.

La situación no puede ser aislada
Finjus sostiene que el problema de la privación de libertad no puede ser considerado de forma aislada, sino que refleja fallas acumuladas en el sistema de justicia penal dominicano. Esto se manifiesta en prolongados periodos de detención sin respuestas judiciales oportunas, lo que arriesga transformar la prisión preventiva en una pena anticipada y socava las garantías constitucionales de los detenidos.

“Esta realidad exige una respuesta inmediata. Cualquier privación de libertad que supere los márgenes establecidos por la legislación debe ser revisada y corregida con urgencia”, expresó.

El Estado debe comprometerse con la legalidad
Castaños también enfatizó que el Estado tiene la responsabilidad de investigar y juzgar conforme a los parámetros legales, protegiendo así la dignidad humana, la libertad y la seguridad personal, así como la presunción de inocencia y el debido proceso. Estos derechos no desaparecen al ser detenido un ciudadano, incluso ante delitos graves o presión social.

“Es fundamental que las instituciones del sistema de justicia, como la Policía Nacional, el Ministerio Público, y el Poder Judicial, garanticen que la ineficiencia, las dilaciones o la falta de coordinación no lleven a la detención prolongada de personas”, explicó.

Finjus reiteró que toda persona detenida mantiene su presunción de inocencia y el derecho a que su situación sea revisada por las autoridades dentro de los plazos establecidos. La detención, la prisión preventiva y el cumplimiento de una condena son situaciones jurídicas distintas que no deben ser tratadas de la misma manera.

Preocupaciones sobre la Justicia en la República Dominicana

• Finjus alerta sobre la privación de libertad que transgrede garantías constitucionales.
• Casos emblemáticos muestran la lentitud del sistema judicial dominicano.
• El Estado debe garantizar procesos legales respetando derechos fundamentales.
• La situación refleja fallas acumuladas en el sistema de justicia penal.