Juez ordena arresto domiciliario al exjefe de seguridad de Edenorte por sobornos.

Confirman Arresto Domiciliario en Caso de Sobornos por Seguridad Pública

Un juez ha decidido ratificar el arresto domiciliario de Bolívar Nicolás Fernández Espinal, uno de los acusados de una red criminal que canalizó sobornos por más de 108 millones de pesos. Esta red operó para asegurar contratos de seguridad privada en diversas instituciones estatales del país. Fernández, quien fue el encargado de Seguridad de Edenorte Dominicana, es procesado junto a trece individuos y varias entidades empresariales.

Durante la audiencia, los fiscales Rosa María Pichardo y Ernesto Guzmán Alberto representaron al Ministerio Público. El juez Deybi Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, tomó la decisión de mantener el arresto domiciliario para el acusado, que enfrenta serias imputaciones.

Asimismo, el juez modificó la forma de presentar la garantía económica de 5 millones de pesos para Quilvio Bienvenido Rodríguez González, quien es representante de la empresa Servicio Nacional de Seguridad Integral S.R.L. (Senase). Inicialmente debía resultar en un pago efectivo, pero ahora será a través de un contrato, tal como se confirmó tras las preguntas de la prensa realizadas a la fiscal Pichardo.

Pichardo también comunicó que la audiencia preliminar está agendada para el 7 de septiembre, donde se espera una revisión más profunda de las acusaciones.

Acusaciones de Sobornos Presentadas en Julio

En julio, el Ministerio Público llevó a cabo la presentación formal de las acusaciones, solicitando la apertura de juicio contra 14 individuos y entidades relacionadas con la red de sobornos. Los acusados incluyen a Carlos Ambrosio Robles Díaz, exdirector de seguridad de EdeSur, y a Francisco Guarín Fernández Vásquez, entre otros.

El caso también menciona a varios ejecutivos de seguridad de distintas instituciones, revelando un patrón de corrupción que involucra la manipulación de contratos públicos. Entre los acusados están, Andrés Pacheco Varela y Wellington Peralta Santos, quienes desempeñaron roles de seguridad en EdeNorte y Inaipi, respectivamente.

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) inició investigaciones tras una denuncia de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental. Esta investigación evidenció una red criminal que estafó al Estado a través de la manipulación de contratos y la exigencia sistemática de sobornos para beneficiar a contratistas de seguridad.

Las pesquisas revelaron que la empresa Senase pagó sobornos a funcionarios públicos entre los años 2012 y 2025. Estos sobornos se llevaron a cabo mediante diversas modalidades, incluyendo transferencias bancarias y entrega de dinero en efectivo, asegurando suposición de contratos firmados con el Estado.

Revisión del Caso de Sobornos en Seguridad Pública

• Se ratifica el arresto domiciliario de Bolívar Fernández en el caso de sobornos.
• Se modifica la garantía económica de Quilvio Rodríguez a presentación por contrato.
• La audiencia preliminar está programada para el 7 de septiembre.
• La red criminal ha implicado a 14 individuos y empresas en corrupción institucional.