Mueren 547 en cárceles de El Salvador bajo régimen de excepción, advierte ONG

El Salvador se encuentra en una situación crítica en sus cárceles, donde la cifra de personas fallecidas ha alcanzado al menos 547 desde la implementación del régimen de excepción en marzo de 2022 contra las pandillas. Así lo ha revelado este martes la organización no gubernamental Socorro Jurídico Humanitario (SJH).

«La trágica cifra de al menos 547 personas fallecidas bajo custodia del Estado, en un contexto de régimen de excepción y sin haber sido condenadas, representa una crisis profunda de derechos humanos que no puede ser ignorada», afirmó la ONG en una publicación a través de X.

Además, SJH destacó que el 94 % de estas víctimas no tenían antecedentes delictivos y fallecieron bajo la tutela del Estado, en un escenario de evidente impunidad.

La violencia física, la principal causa de muerte

La organización, que fue creada para brindar apoyo legal a los familiares de los detenidos, advirtió que la cifra real de muertes podría ser mucho mayor, apuntando a un posible encubrimiento de información en los juicios masivos. La mayoría de los más de 92,480 detenidos bajo este régimen no tienen condenas con claridad.

Socorro Jurídico Humanitario ha informado que las muertes se han producido, especialmente, en las cárceles donde están confinados la mayoría de estos detenidos. Muy poco se sabe sobre la notorious Cárcel del Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (Cecot).

De acuerdo con un informe del SJH publicado a finales de enero, la violencia física representa la causa principal de muerte entre los presos en El Salvador, con aproximadamente 32 % de los casos reportados.

El régimen de excepción continúa vigente

Hasta el momento, el Gobierno del presidente Nayib Bukele no ha hecho declaraciones al respecto. Este régimen, aprobado en marzo de 2022 tras un incremento alarmante de asesinatos perpetrados por pandillas, ha resultado en 6,400 denuncias de violaciones a derechos humanos, constituyendo la medida principal del Gobierno para reducir la violencia.

A pesar de múltiples llamados de organizaciones de derechos humanos para finalizar su aplicación, el régimen permanece activo y cuenta con el apoyo de aproximadamente 85 % de la población.