Previo al decreto de Abinader, se emitieron ocho sentencias contra aeropuerto en Bávaro.

Santo Domingo.-En una importante decisión para el marco legal y la regulación de aviación civíl local, el presidente Luis Abinader emitió un decreto que anula los permisos otorgados al Aeropuerto Internacional de Bávaro (AIB), poniendo fin a un proyecto que ha generado controversia y preocupaciones desde su inicio. Esta acción se produce después de ocho sentencias judiciales desfavorables y críticas de diversos sectores.

El decreto del presidente Abinader revoca específicamente el decreto 270-20 emitido en julio de 2020, apenas 23 días antes del cambio de mando a favor del empresario Abraham Hazoury y del Grupo Abrisa. La Suprema Corte de Justicia emitió recientemente una sentencia que ratificó la lesividad al interés nacional de dicho decreto, argumentando que el Poder Ejecutivo había incurrido en un exceso al aprobar el proyecto.

Miguel Valerio, abogado de la Corporación Aeroportuaria del Este, propietaria del Aeropuerto Internacional de Punta Cana y del Grupo Punta Cana, elogió la decisión del presidente Abinader. Valerio destacó que este decreto es un paso esencial para fortalecer el sistema legal y proteger los intereses nacionales. Subrayó la importancia de respetar la separación de poderes y abogó por medidas que eviten situaciones similares en el futuro.

Antes de la emisión de este nuevo decreto, la justicia dominicana ya había puesto fin a la construcción del Aeropuerto Internacional de Bávaro mediante la evacuación de ocho sentencias en su contra. Estas sentencias señalaron que el proyecto era «sin sentido e innecesario». Diversos sectores, como la Unión de Profesionales de Controladores Aéreos Dominicanos (UPCAD), expresaron preocupaciones sobre conflictos de tránsito aéreo y peligros operativos asociados con el aeropuerto.

El sector ambiental también se manifestó en contra, alertando que el AIB tendría impactos negativos en el suministro de agua potable en Higüey. La Asamblea Nacional Ambiental (ANA) advirtió sobre una posible debacle hidrográfica en la provincia La Altagracia.

Economistas revelaron que el Ministerio de Hacienda había emitido un informe en el pasado gobierno, destacando que el AIB no sería rentable y que los incentivos fiscales otorgados representarían un gran «sacrificio del Estado». Dirigentes comunitarios y centrales sindicales también expresaron su oposición, argumentando que el proyecto no generaría nuevos empleos de manera significativa.