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Yuli Rocha denuncia demolición injusta de casetas de pescadores en Barahona

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Controversia por la Demolición de Casetas en Barahona

BARAHONA: El abogado Yuli Rocha, quien representa a pescadores y vendedores de productos del mar, calificó la intervención de las autoridades en la demolición de casetas como un “atropello” y una violación del debido proceso. Sostiene que el conflicto sigue siendo evaluado por los tribunales y que aún no hay una resolución judicial definitiva al respecto.

Durante la demolición, que se llevó a cabo en un área donde estos comerciantes han estado operando por casi 40 años, Rocha expresó su inquietud sobre la falta de consideración de las autoridades hacia el proceso legal en curso. Estas actividades tuvieron lugar cerca del malecón, donde se está construyendo un nuevo puerto turístico por parte del Ministerio de Turismo.

“Debieron esperar la decisión del tribunal”, afirmó Rocha, quien subrayó que todas las instituciones implicadas ya habían sido notificadas sobre el litigio existente, lo que, a su juicio, debería haber impedido la ejecución de la demolición antes de un fallo judicial.

El abogado enfatizó: “No nos oponemos a la construcción del puerto turístico, simplemente exigimos el respeto al Estado de derecho y el debido proceso. Estas familias tienen un expediente abierto en los tribunales, y las autoridades lo conocían.”

Además, Rocha mencionó que, al llegar al sitio, la Policía Nacional no presentó la documentación necesaria que justificase el uso de la fuerza para llevar a cabo la intervención. En su intento de mediar, solicitó al oficial a cargo que procediera de manera legal, insistiendo en que el asunto debía ser resuelto en los tribunales.

“Lo correcto era esperar que los tribunales decidieran,” insistió, lamentando que, a pesar de tener conocimiento del proceso judicial, las instituciones continuaron con la demolición.

Demandan Reubicación, No Parar la Obra

Rocha subrayó que los pescadores y comerciantes no están en contra de la construcción del puerto, sino que buscan una reubicación digna que les permita seguir desarrollando sus actividades económicas. Estos individuos llevan 39 años trabajando en el área, destacando que el Estado fue quien los trasladó allí durante la gestión de Francisco Javier García en el Ministerio de Turismo.

“Son hombres humildes que se levantan a las cuatro de la mañana para salir a pescar,” dijo, añadiendo que solo piden que se respeten sus derechos y que el Estado les garantice una reubicación adecuada.

Rechazo al Nuevo Lugar Propuesto

Las autoridades propusieron trasladar a los comerciantes a una zona detrás del hotel Guarocuya, cerca del hotel Costa Larimar. Sin embargo, esta propuesta fue rechazada debido a preocupaciones sobre la seguridad, incluyendo denuncias de robos y tráfico de drogas, lo que pondría en riesgo tanto a los vendedores como a sus clientes.

Nuevas Acciones Judiciales en el Horizonte

Rocha también mencionó que el litigio incluye un referimiento en suspensión, cuya audiencia ha sido aplazada en múltiples ocasiones. Aseguró que las entidades involucradas habían sido formalmente notificadas sobre el proceso legal. Tras la reciente demolición, planean presentar nuevas acciones judiciales y reclamar indemnización por los daños sufridos.

“Es momento de acudir nuevamente a los tribunales para que se determinen las responsabilidades y la reparación correspondiente,” concluyó.

Impacto del Proyecto Turístico

El puerto turístico de Barahona se presenta como uno de los proyectos clave del Gobierno para impulsar el turismo en la región suroeste. De hecho, el Ministerio de Turismo ha recibido la transferencia del antiguo Campus I de la UASD Barahona, que se convertirá en la futura base de la Comandancia de Puerto de la Armada de República Dominicana. Este desarrollo, aunque apoyado por muchos, ha generado tensiones en torno a los derechos de reubicación y el respeto del proceso judicial.

Desalojo Controversial en Barahona por Construcción de Puerto

  • La demolición de casetas provoca tensiones entre autoridades y comerciantes.
  • Los afectados exigen respeto al debido proceso y su reubicación.
  • La Policía Nacional actuó sin la documentación necesaria para justificar la intervención.
  • Se planifican nuevas acciones legales tras la demolición.

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