Coerción contra inspector acusado de soborno en Punta Cana el 2 de julio

La Altagracia. La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Altagracia ha decidido aplazar para el próximo 2 de julio la audiencia relacionada con la solicitud de prisión preventiva presentada por el Ministerio Público. Esta solicitud está dirigida contra el inspector de control migratorio, Carlos Javiel Sánchez Terrero, quien es acusado de exigir un soborno de RD$100 mil a una mujer para facilitar su salida hacia el Reino de España desde el Aeropuerto Internacional de Punta Cana.

El Ministerio Público fundamenta su petición basándose en la necesidad de imponer prisión preventiva como medida de coerción. Esta solicitud surge luego de una investigación que culminó en su arresto durante una entrega controlada de dinero, legalmente autorizada por el tribunal.

Las investigaciones son conducidas por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, en estrecha colaboración con la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Fiscalía de La Altagracia. Este esfuerzo cuenta con el apoyo operativo de la Dirección General de Migración (DGM).

Según el informe, Sánchez Terrero fue detenido cuando, supuestamente, se preparaba para recibir el dinero en el exterior de un establecimiento comercial. Esta acción formó parte de una entrega controlada, coordinada por el Ministerio Público, ejecutada por un equipo especializado de vigilancia y seguimiento, bajo la dirección del fiscal Miguel Crucey.

La operación fue debidamente autorizada mediante el Auto núm. 02535-2026, emitido el 26 de junio de 2026, por la jueza Francis Y. Reyes Diloné, del Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Altagracia.

El órgano acusador sostiene que el imputado ha incurrido en violaciones al artículo 146 de la Constitución, que prohíbe la corrupción, además de contravenir varios artículos del Código Penal Dominicano, la Ley 448-06 sobre Soborno en el Comercio y la Inversión, y varios artículos de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

El tribunal, en su próxima sesión del 2 de julio, tomará la decisión respecto a si acoge o no la solicitud de prisión preventiva formulada por el Ministerio Público.