FINJUS solicita retrasar la implementación del nuevo Código Penal

La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) presentó ayer sus observaciones al nuevo Código Penal ante la Cámara de Diputados, el cual se encuentra programado para entrar en vigencia el 3 de agosto. FINJUS solicita una extensión del plazo para la implementación de esta normativa, argumentando que el tiempo actual resulta insuficiente para una revisión exhaustiva del texto.

En una carta dirigida a Alfredo Pacheco, presidente de la cámara baja, Servio Tulio Castaños Guzmán enfatiza la importancia de evaluar adecuadamente el Código. Destaca que hay señalamientos de irregularidades, artículos con posibles vicios de inconstitucionalidad y duplicidades que requieren atención. Esta revisión no solo es crucial para el marco normativo, sino también para la preparación de los actores del sistema de justicia.

“Es oportuno que el Congreso Nacional aproveche este tiempo para crear un espacio de revisión, idealmente a través de una Comisión Bicameral especial”, señala la comunicación. La propuesta incluye escuchar y documentar formalmente las observaciones técnicas de diversos sectores del país, y evaluar, con un enfoque técnico, las correcciones necesarias antes de que la nueva normativa entre en vigor.

FINJUS afirma que el texto aprobado el año pasado propone un cambio significativo en la racionalización del modelo punitivo. Este cambio debe alinearse con el bloque de constitucionalidad, que incluye la integración de una serie de principios fundamentales que deberán ser observados al atribuir responsabilidades penales. También se plantean observaciones sobre varios artículos del nuevo Código, Ley 74-25, y el proyecto de ley de reforma del Poder Ejecutivo presentado por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos.

Observaciones sobre el Código Penal y su implementación

• FINJUS pide una extensión del plazo para la entrada en vigencia del Código Penal.
• Señalan irregularidades y vicios de inconstitucionalidad en varios artículos.
• Proponen la creación de una Comisión Bicameral para revisar el texto y recoger observaciones.
• Destacan la necesidad de alinear el modelo punitivo con los principios del bloque de constitucionalidad.