Inhabilidades absolutas en la ley 47

Inhabilidades absolutas en la ley 47

SANTIAGO, R.D. – La Ley 47-25 es un marco legal que establece normas para contratar con el Estado. Uno de los aspectos más controvertidos de esta legislación son las inhabilidades absolutas, que prohiben a ciertas personas participar en cualquier procedimiento de contratación pública.

En primer lugar, debemos entender qué significa una «inhabilidad absoluta». Según el artículo 38 de la ley, estas prohibiciones se aplican a aquellos que están relacionados por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado con el presidente y el vicepresidente de la República, así como a sus cónyuges o parejas en unión libre. Esto incluye también a las empresas en las que dichos parientes tengan participación, sin importar el porcentaje ni mantengan funciones de dirección, gerencia o participación en consejos de administración dentro de los doce meses anteriores a la convocatoria.

Además, no pueden contratar con el Estado los siguientes servidores públicos: El presidente y vicepresidente de la República, los ministros viceministros, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo y los subconsultores, Abogado General de la Administración Pública y sus abogados adjuntos, los senadores y diputados del Congreso Nacional, los magistrados de la Suprema Corte de Justicia y de los demás tribunales del orden judicial, los magistrados del Tribunal Constitucional, los magistrados del Tribunal Superior Electoral, los miembros de la Cámara de Cuentas y de la Junta Central Electoral, el Defensor del Pueblo, los alcaldes y regidores de los ayuntamientos de los municipios y del Distrito Nacional y los directores y vocales de los distritos municipales.

La ley también establece que si una sola persona de un consorcio se encuentra inhabilitada, la restricción afectará automáticamente a toda la empresa. Esto es para asegurar que no haya forma de evadir estas prohibiciones mediante la creación de empresas ficticias o utilizando personas que no estén relacionadas con las prohibidas.

Otra medida importante es la prohibición permanente para exfuncionarios con responsabilidad de gestionar intereses privados en asuntos que conocieron o decidieron directamente durante su gestión. Esto busca garantizar la integridad de la función pública y evitar conflictos de interés.

En Santiago y las provincias del Cibao, esta ley ha generado un gran revuelo entre los ciudadanos. Muchas personas se sienten afectadas por el hecho de que sus familiares o amigos están incluidos en estas listas de inhabilitades absolutas. Algunos incluso han expresado preocupación sobre cómo esto puede impactar a la economía local y al desarrollo regional.

Por ejemplo, en Santiago, hay una empresa familiar que ha estado trabajando con el Estado durante años. Sin embargo, cuando descubrieron que uno de sus empleados estaba relacionado con el presidente de la República, decidieron dejar de contratarle para evitar problemas legales. Esto no solo perjudicó a su negocio sino también a los empleados que dependían del trabajo.

En las provincias del Cibao, algunos líderes comunitarios están hablando abiertamente sobre este tema. «Es injusto que nuestras familias estén afectadas por esta ley», dice un alcaldesa local. «No sabemos qué tan directa está la relación entre nuestros familiares y estos políticos, pero estamos dispuestos a luchar por nuestra justicia».

Sin embargo, hay quienes argumentan que estas prohibiciones son necesarias para asegurar la transparencia en el gobierno y evitar conflictos de interés. «La integridad es lo más importante cuando se trata de contratar con el Estado», afirma un funcionario público.

En cualquier caso, parece claro que las inhabilidades absolutas han generado una gran tensión social en República Dominicana. La población espera ver medidas urgentes tomadas para abordar este tema y garantizar que no haya personas injustamente afectadas.

Repercusiones en Santiago y las provincias del Cibao

La ley 47-25 ha tenido impacto significativo en Santiago y las provincias del Cibao. Algunos ciudadanos están preocupados por la posibilidad de perder empleos debido a la prohibición de contratar con el Estado a sus familiares o amigos relacionados con políticos.

En Santiago, hay varias empresas que se ven obligadas a dejar de contratar a empleados cuyas familias estén incluidas en listas de inhabilitades absolutas. Esto puede tener consecuencias graves para estas empresas y sus trabajadores.

«Es un gran problema», dice una empresaria local. «No sabemos qué tan directa está la relación entre nuestros empleados y estos políticos, pero estamos dispuestos a luchar por nuestra justicia».

Las provincias del Cibao también están siendo afectadas por esta ley. Algunos líderes comunitarios han expresado su descontento con el hecho de que las prohibiciones se aplican sin distinción ni excepción.

«No es justo que nuestras familias estén afectadas por esto», dice un alcaldesa local. «Creímos en la transparencia y la equidad en nuestro gobierno».