Argentina conmemora el próximo martes 24 de marzo el 50 aniversario del golpe de Estado que instauró un régimen militar sanguinario. Este periodo oscuro de la historia argentina es responsable de graves delitos de lesa humanidad, muchos de los cuales permanecen impunes. La reciente gestión del Gobierno de Javier Milei ha exacerbado esta herida social y política.

La dictadura militar comenzó en 1976, cuando las fuerzas armadas derrocaron a la presidenta María Estela Martínez de Perón (1974 – 1976). Durante su mandato, sucesivos líderes militares, como Jorge Videla, Roberto Viola, Leopoldo Galtieri y Reynaldo Bignone, llevaron a cabo un brutal terrorismo de Estado, dejando huellas imborrables en la sociedad argentina.

La represión sistemática orquestada por las juntas militares incluyó ejecuciones sumarias, secuestros masivos y la transferencia de personas a centros clandestinos de detención —más de 814 centros en todo el país— donde fueron torturadas y desaparecidas. Además, miles de niños fueron robados a los familiares de los secuestrados, ampliando aún más la tragedia.

A pesar de que los tribunales argentinos han abierto numerosos procesos durante las últimas dos décadas, la impunidad persiste. La directora general de la Comisión Provincial de Memoria de Buenos Aires, Sandra Raggio, afirma: «Queda mucho por aclarar y reparar». Esta situación resalta la urgencia de justicia y el cierre de heridas colectivas.

Los indultos y sus consecuencias

La búsqueda de justicia comenzó a vislumbrarse tras el regreso a la democracia en 1983, cuando el presidente Raúl Alfonsín inició juicios contra las juntas militares que culminaron en 1985 con condenas por homicidio y tortura. Sin embargo, presiones del sector militar condujeron a la aprobación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que exoneraron a miles de militares.

Entre 1989 y 1990, el presidente Carlos Menem promulgó indultos a unos 300 jefes militares, lo que provocó la indignación de los familiares de las víctimas. Estos buscaron apoyo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en tribunales internacionales, abriendo casos en Suecia, Paises Bajos, Alemania, Francia, Italia y España.

Caminos hacia la justicia

La presidencia de Néstor Kirchner (2003-2007) marcó un cambio significativo en la política de derechos humanos en Argentina. Su gobierno impulsó la anulación de las leyes de perdón, las cuales fueron declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema en 2005. Esto permitió la reapertura de múltiples causas judiciales.

Hasta ahora, según la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, se han tramitado 706 causas con 3,875 personas investigadas. Desde 2006, 1,208 condenas han sido emitidas, y actualmente, 419 condenados se encuentran bajo arresto, la mayoría cumpliendo prisión domiciliaria.

A pesar de este progreso, 1,252 personas acusadas han fallecido antes de ser juzgadas, y 33 continúan prófugas. Los familiares de las víctimas persisten en su lucha por la memoria, verdad y justicia. De los 30,000 desaparecidos durante la dictadura, solo se han encontrado restos de 1,652.

Además, entre los casi 400 niños robados, la organización Abuelas de Plaza de Mayo sigue en la búsqueda de 252 de ellos.

La política de Milei y la memoria histórica

La llegada de Javier Milei a la presidencia en diciembre de 2023 ha complicado la búsqueda de justicia, tras decidir desmantelar las políticas de derechos humanos establecidas anteriormente. Su gobierno ha cuestionado a las organizaciones de derechos humanos y ha revisado el concepto de «memoria completa», recuperando narrativas del régimen militar.

Como indica la socióloga Valentina Salvi, «el Gobierno de Milei está reintegrando visiones del pasado que pretendían ser superadas», minimizando la violencia del Estado y sugiriendo que los enfrentamientos de los 70 fueron una «guerra» entre dos bandos.

El 24 de marzo de 2025, el Gobierno lanzó un video titulado «Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia completa», que enfatiza la violencia de la guerrilla y sostiene que durante la dictadura se produjo una guerra. Esta reinterpretación histórica inquieta a aquellos que aún abogan por la verdad y el reconocimiento de la represión.

Raggio concluye afirmando: «Debemos reafirmar nuestros esfuerzos, especialmente hacia las nuevas generaciones. El pasado está intrínsecamente conectado con el presente. Las políticas del actual Gobierno y la represión de la protesta social evocan claramente el legado de la dictadura».

Reflexionando sobre el legado de la dictadura en Argentina

• Conmemoración del 50 aniversario del golpe de Estado en Argentina.
• Graves delitos de lesa humanidad aún impunes desde la dictadura militar.
• La lucha por justicia continúa a pesar de las políticas recientes de Javier Milei.
• La memoria de los desaparecidos y el legado de la dictadura siguen siendo temas de debate actual.