Igual que USAID, esta institución abandonó los propósitos para lo que fue fundada en 1948, perdiendo, no sólo su razón de ser, sino, el respeto de los pueblos, como organismo multilateral para promover paz, democracia, derechos humanos y cooperación entre los países del continente.

Localizada en Washington D.C., con 35 Estados miembros, la Organización de los Estados Americanos debería tener un papel preponderante en Latinoamérica, donde más que reconocimiento, cosecha un repudio generalizado, pues su Carta Democrática Interamericana de 2001, para intervenir ante rupturas del orden constitucional en países miembros, pocas veces ha llenado su cometido. Un ejemplo es Haití, nadie la vio intervenir cuando ese orden fue roto, siendo uno de sus países fundadores. Tampoco cuando mataron al presidente Moise, el 7 de julio de 2021. Intervino en las crisis de Honduras (2009), Venezuela y Nicaragua y lo que hizo fue agravar la realidad de países hermanos, porque desde hace tiempo, carece de un líder conciliador, que se gane el respeto de los Estados.

En su rol de observar elecciones “por la transparencia”, lo que hace es legitimar procesos viciados, para imponer intereses de potencias, ejemplo Balaguer, en La República Dominicana 1966, para que este diera continuidad a la dictadura de Trujillo.

Con sus informes sobre dichos procesos, ha contribuido a legitimar elecciones cuestionadas, como Bolivia en 2019, cuando su actuación fue objeto de duras críticas, por supuestamente precipitar conflictos políticos internos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) interfiere en asuntos internos de los pueblos. Su Corte Interamericana de Derechos Humanos, es utilizada para denunciar decisiones soberanas de países que no responden a sus intereses geopolíticos, trazando pautas migratorias, como si su misión fuera suplantar la autoridad legítima, como la migración ilegal haitiana a nuestro territorio.

Abandonó la imparcialidad, asumiendo una visión selectiva o politizada, especialmente, cuando las denuncias tocan intereses geopolíticos de países influyentes, en lugar de promover la cooperación regional en temas como seguridad, desarrollo sostenible, lucha contra el narcotráfico, aunque esto es parte esencial de su mandato, pero tampoco contribuye a la construcción de políticas públicas conjuntas en países necesitados como Haití.

En momentos de tensiones diplomáticas entre países, esta que debería servir como foro de diálogo para evitar que conflictos escalen, raras veces resuelve disputas, ignorando cuál es su papel, como lo demuestra la presencia de su presidente, usurpando la autoridad dominicana «supervisando la frontera con Haití”, como si eso fuera parte de sus atribuciones.

Por eso se descalifica cada vez más y le hace merecedora de cuestionamientos por entrometerse en asuntos que no son de su competencia, aprovechándose de un mandatario, que no tiene ni idea de la función que le otorga la Constitución y sus compromisos con los organismos internacionales que esta representa.

Gobiernos de orientación progresista o nacionalista, han denunciado el uso político del organismo y han preferido crear mecanismos alternativos de integración regional, como CELAC o UNASUR, dejando a la misma sin ninguna función más allá de declaraciones, misiones de observación o informes sobre sus Estados miembros.

Critican su parcialidad y poca eficacia en su rol de defender la democracia, derechos humanos y garantizar el diálogo regional, en un continente marcado por desigualdades, inestabilidad y polarización, que demanda de un organismo multilateral que realmente promueva eso, o sea, una OEA desacreditada, pronto correrá la suerte de USAID.

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