Las autoridades bolivianas han confirmado su enfoque en acciones disuasivas y han descartado el uso de armas letales, mientras persisten los enfrentamientos y la reinstalación de piquetes que complican el restablecimiento del tránsito.

El Gobierno de Bolivia reafirmó su compromiso de realizar todos los esfuerzos necesarios para evitar un derramamiento de sangre durante el operativo diseñado para desbloquear las vías que permanecieron cerradas durante 11 días en el país.

Operativo “Corredor Humanitario”

Esta declaración surge en el contexto de una intensa operación denominada “Corredor humanitario”, que moviliza a más de 3.500 efectivos de la Policía y las Fuerzas Armadas. La iniciativa comenzó en la madrugada del sábado y busca liberar los principales accesos a la ciudad, facilitando el abastecimiento de alimentos, combustibles y medicinas.

Los agentes lograron despejar más de 15 puntos de bloqueo en rutas estratégicas, permitiendo el tránsito de convoyes con suministros esenciales hacia La Paz y El Alto. “Haremos hasta el último esfuerzo para evitar que haya derramamiento de sangre a causa de la violencia de cualquiera de las partes”, declaró el vocero presidencial, José Luis Gálvez, en una rueda de prensa.

Bajo tensión en El Alto

La operación se centró en carreteras clave que conectan con Oruro, Perú y otras zonas del centro del país. Sin embargo, la situación se complicó rápidamente cuando grupos de manifestantes se reorganizaron y reinstalaron piquetes en varios sectores, especialmente en El Alto, donde la resistencia se intensificó.

Los bloqueadores utilizaron explosivos, piedras y levantaron barricadas, mientras que la policía respondió con agentes químicos. Este enfrentamiento resultó en varios policías heridos y en la detención de personas acusadas de actos vandálicos.

Violencia y protestas

En áreas como Huajchilla y La Ceja, los activistas superaron la presencia policial, lanzando objetos y utilizando cartuchos de dinamita para frenar el avance de los agentes. Encendieron fogatas para dificultar aún más la circulación.

En la estación de teleférico de Río Seco, un ataque obligó a suspender el servicio en uno de sus tramos. La violencia también impactó a trabajadores de prensa, quienes reportaron retenciones y daños en sus equipos, según denunciaron las autoridades.

Este conflicto se originó a raíz de las demandas de sectores sociales como la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación de Campesinos de La Paz “Tupac Katari”, que exigen la renuncia de autoridades por considerar que no han logrado resolver los problemas del país.

Al mismo tiempo, una marcha de seguidores del expresidente Evo Morales avanzó por el altiplano en dirección a la sede de Gobierno, con el objetivo de intensificar las protestas. El Ejecutivo ha denunciado la existencia de un plan para desestabilizar el orden constitucional, presuntamente financiado por sectores vinculados al narcotráfico, acusaciones que Morales ha rechazado.

Respuesta Judicial

En este contexto, la Sala Constitucional Segunda de La Paz otorgó una tutela parcial sobre una acción popular presentada por el exdiputado Amilcar Barral. El fallo ordena a todos los movimientos sociales levantar los bloqueos y permitir el paso de bienes esenciales.

La sentencia consideró ilegal la prohibición del tránsito de alimentos y medicamentos y exigió al Gobierno implementar mecanismos de diálogo para encontrar una solución pacífica. Además, se ordenó la identificación y procesamiento de los responsables si las medidas de presión continuaban.

La situación en Bolivia: un reto por resolver

• – El Gobierno boliviano prioriza acciones disuasivas para evitar el uso de violencia.
• – Más de 3.500 efectivos participan en la operación “Corredor humanitario”.
• – Varios puntos de bloqueo han sido despejados, aunque la resistencia persiste.
• – La Sala Constitucional Segunda ordena levantar bloqueos y promover el diálogo.