El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, ha manifestado su firme compromiso de avanzar con una agenda priorizada que permita abordar las leyes aún pendientes. Desde su llegada a la presidencia de la cámara alta, De los Santos ha trabajado incansablemente para que estas iniciativas sean conocidas y debatidas.

Entre las reformas y leyes que aún están en espera, se destacan aspectos cruciales como la Seguridad Social, el Código Laboral, el Código Civil y la reforma de la Ley de la Policía Nacional.

El legislador subrayó la importancia de una agenda bien estructurada y reafirmó que el pueblo dominicano puede continuar confiando en que, junto a sus colegas senadores, trabajará diligentemente día a día para garantizar la modernización de la legislación que afecta al país.

Además, De los Santos hizo hincapié en la relevancia de la Ley de Agua, la cual ha estado en discusión en el Congreso Nacional por varios años. Destacó la necesidad urgente de realizar una actualización del Código Civil, que permanece en vigor desde 1804.

El presidente del Senado manifestó su firme intención de trabajar para que, durante las dos legislaturas de este año, se logre aprobar esta ley, así como otras piezas legislativas significativas que están en el horizonte.

Finalmente, De los Santos reconoció la madurez del liderazgo político en la República Dominicana y aseguró que el trabajo colaborativo entre los senadores seguirá siendo clave para responder a las demandas de productividad y desarrollo del pueblo dominicano.

Avances en la Legislación Dominicana: Compromisos del Senado

• Trabajo continuo en la actualización de leyes pendientes.
• Enfoque en reformas clave como el Código Laboral y la Seguridad Social.
• Énfasis en la urgencia de la Ley de Agua y la actualización del Código Civil.
• Colaboración activa entre senadores para el desarrollo del país.

El Tribunal Superior Administrativo (TSA) ha decidido poner fin a la relación contractual de casi setenta años entre el Estado dominicano y Falconbridge Dominicana, S.A. (Falcondo). Este fallo afecta a la concesión Quisqueya I, que abarca zonas entre las provincias La Vega y Monseñor Nouel.

La Segunda Sala del TSA, bajo la presidencia del magistrado Antonio O. Sánchez Mejía y con la participación de los jueces Úrsula J. Carrasco Márquez y Edward A. Abreu, emitió la sentencia núm. 0030-03-2026-SSEN-00332 el 12 de agosto de 2026. Esta decisión se refiere a contratos históricos firmados el 24 de diciembre de 1956 y el 26 de septiembre de 1969.

El fallo surge de una acción presentada en julio de 2025 por el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER), en representación del Estado, tras detectar incumplimientos en la explotación de recursos mineros, obligaciones económicas y laborales, así como en la entrega de informes técnicos exigidos por la legislación minera.

Uno de los puntos clave considerados por el tribunal fue que las operaciones de Quisqueya I habían estado paralizadas desde el 17 de noviembre de 2023, según un informe de la Dirección General de Minería. Además, Falcondo no presentó los informes semestrales de progreso de 2023, 2024 y 2025, ni los informes anuales correspondientes a 2023 y 2024.

El TSA afirmó que estos incumplimientos afectan directamente la esencia de la concesión, que es la explotación efectiva de los recursos minerales y la obligación de mantener informadas a las autoridades sobre el avance de las operaciones.

La inactividad de la concesión también tuvo consecuencias relevantes sobre el interés general relacionado con la explotación de recursos del país. En consecuencia, el tribunal consideró que los incumplimientos eran suficientemente graves para justificar la terminación de los contratos.

Además, el TSA desestimó los argumentos de las empresas que pedían que la acción fuera declarada inadmisible. Así, concluye una relación contractual que se inició en 1956 con una concesión de 22,392 hectáreas sobre Quisqueya I.

Consecuencias laborales y económicas

La cancelación de los contratos se produce en un momento de paralización de las operaciones de Falcondo. Luego del cese de actividades en noviembre de 2023, la empresa pasó a una fase de cuidado y mantenimiento, sin implementar un plan de cierre ordenado. Esto resultó en la desvinculación de personal y el incumplimiento de compromisos con trabajadores y proveedores locales.

En 2024, más de 900 empleados fueron desvinculados y recibieron sus prestaciones laborales con la intervención del FONPER. Un grupo adicional de exempleados, cuyos contratos fueron finalizados en marzo de 2026, aún tiene reclamaciones laborales pendientes que ascienden aproximadamente a RD$300 millones.

La concesión había mantenido más de mil empleos directos y, según la Cámara de Comercio y Producción de Monseñor Nouel, miles de personas relacionadas con contratistas y actividades indirectas sufrieron las consecuencias de la paralización.

Además, se añade una deuda que afecta a más de un centenar de empresas contratistas y proveedores, estimada en más de US$100 millones, lo que ha agravado la situación económica en la provincia de Monseñor Nouel.

El FONPER, en su memoria anual de 2025, destacó la situación de Falcondo como gravemente insolventes, lo que ha generado preocupación por las comunidades afectadas y los riesgos en la conservación de activos estratégicos.

Evolución del proceso de reestructuración

Independientemente de la decisión del TSA, Falcondo sigue enfrentando un proceso de reestructuración mercantil bajo la Ley núm. 141-15 de Reestructuración y Liquidación de Empresas. Este procedimiento fue iniciado por los acreedores de la empresa, quienes buscan que Falcondo cumpla con sus obligaciones y deudas pendientes.

Este proceso es independiente y tiene un alcance diferente al de la decisión del TSA, por lo que deberá continuar su trámite en la jurisdicción correspondiente hasta que se resuelva la situación de las deudas reclamadas.

Fin de una larga relación contractual en el sector minero

• El TSA termina los contratos de Falcondo tras casi 70 años de concesión.
• Incumplimientos serios relacionados con la explotación de recursos mineros.
• Más de 900 trabajadores desvinculados en medio de la crisis.
• Proceso de reestructuración en curso para atender deudas y obligaciones.