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MIVHED da el primer paso para el nuevo Centro de Corrección en Barahona

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BARAHONA: El Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED) dio inicio este jueves a la construcción del nuevo Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) en Barahona. Este proyecto busca elevar el nivel del sistema penitenciario en la región Sur, ofreciendo una respuesta integral a las necesidades de reinserción social en el país. Con este nuevo recinto, se avanza en la realización de ocho de los diez centros que se han planificado para este año 2026.

El ministro Víctor Bisonó (Ito) explicó que la nueva infraestructura se ubicará en Bombita, dentro del distrito municipal de Canoa. Este centro tendrá una extensión superior a los 23,700 metros cuadrados y podrá albergar a 800 internos, centrando sus esfuerzos en la transformación y dignificación del sistema carcelario dominicano.

Con la inauguración de este bloque en Bombita, el MIVHED avanza en su plan nacional para la modernización del sistema penitenciario, sumando ya un total de ocho centros construidos de los diez previstos en la agenda de este año.

Hasta la fecha, la institución ha establecido los complejos en El Seibo, Hato Mayor, Santiago Rodríguez, Cotuí (provincia Sánchez Ramírez), Bonao (provincia Monseñor Nouel), Peravia y Azua, además de este nuevo CCR en Barahona.

Bisonó enfatizó que estos proyectos demuestran el compromiso del gobierno con la modernización de las infraestructuras estatales, garantizando condiciones seguras y humanitarias que faciliten el proceso de rehabilitación.

“No estamos construyendo simplemente más espacios para encerrar a más personas, sino que buscamos mejorar las condiciones para que aquellos que regresen a sus hogares lo hagan con las herramientas necesarias para cambiar su vida y no volver a delinquir”, declaró el ministro.

Recordó que en su rendición de cuentas el pasado 27 de febrero, el presidente Luis Abinader había anunciado la creación de diez nuevos Centros de Corrección y Rehabilitación para el 2026. Barahona se convierte en el octavo de estos centros ya en construcción.

Bisonó también indicó que se están preparando dos centros más en Neyba y Pedernales, cumpliendo así el compromiso presidencial y demostrando que esta gestión es efectiva.

Por su parte, la gobernadora de Barahona, Oneida Féliz, subrayó que esta obra superará los aspectos constructivos y significará la modernización del sistema judicial local en pro de los derechos humanos. «Que esta construcción simbolice esperanza, orden y progreso», afirmó.

Roberto Santana, director general de Servicios Penitenciarios y Correccionales, hizo un llamado a las autoridades locales a comprometerse para maximizar el potencial de esta obra. Destacó que en solo cuatro meses, el ministro Bisonó ha iniciado ocho centros penitenciarios.

Además, mencionó que la comunidad local se beneficiará directamente, ya que la mano de obra de la construcción provendrá de la región, lo que impulsará la economía de Barahona.

Detalles técnicos de la obra

El CCR Barahona se construirá sobre un área de 68,000 metros cuadrados, con una superficie construida de 23,718.35 metros cuadrados. Este moderno complejo contará con capacidad para 800 internos y un diseño funcional que incluirá:

– Áreas de Control y Operación: Edificio ECO 1, oficinas administrativas, garita de seguridad y un anillo de vigilancia con siete torres de control.

– Alojamiento y Clasificación: Pabellones para seguridad media y máxima, módulos VTP y celdas conyugales.

– Espacios de Rehabilitación: Aulas educativas, biblioteca, talleres prácticos, granja, comedor y tres canchas deportivas para mejorar la salud física de los internos.

– Complejo Vial Interno: 99 plazas de estacionamiento, incluyendo áreas para personas con discapacidad y motocicletas.

– Área de Servicios: Dos parqueos para servicios generales y terminales para autobuses.

Con el lanzamiento del CCR Barahona, MIVHED sigue cumpliendo su cronograma de construcción a nivel nacional, transformando antiguos entornos carcelarios en modernos centros de reforma y educación que se alinean con el desarrollo social del país.

En la ceremonia de inicio, además del ministro Bisonó y el director Roberto Santana, estuvieron presentes el senador Moisés Ayala, la gobernadora Oneida Féliz, el abogado Praede Olivero Féliz y el diputado Jose Del Carmen Montero, entre otros.

Construcción del Nuevo Centro de Corrección en Barahona

  • Inicio de la construcción del CCR en Barahona por el MIVHED.
  • La infraestructura albergará a 800 internos, promoviendo la reinserción social.
  • El proyecto forma parte de un plan mayor de modernización del sistema penitenciario.
  • Se generará empleo local durante la construcción, beneficiando a la comunidad.

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Imputados esperan 148 horas para ver a un juez

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Familiares de detenidos y abogados alzan la voz, clamando por el retraso en el conocimiento de las medidas de coerción. Esto se debe a la lentitud en la culminación de la cárcel del nuevo palacio de Justicia en Santo Domingo Este.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) ha hecho sonar la alarma sobre los problemas graves que afectan el acceso a la justicia en esta región. Denuncian múltiples vulneraciones a los derechos fundamentales que están ocurriendo en la Ciudad Judicial, provocadas por el incumplimiento de los plazos constitucionales y legales para atender las solicitudes de medidas de coerción.

La CNDH-RD ha instado al Consejo del Poder Judicial y al Ministerio Público a adoptar medidas urgentes. Deben garantizar que las audiencias de medidas de coerción se celebren dentro del plazo constitucional de 48 horas, facilitando así el acceso a la justicia de los detenidos.

Además, se ha anunciado la intención de presentar un Habeas Corpus colectivo a favor de todos los afectados. La CNDH-RD reafirma su compromiso de vigilar y documentar cualquier violación de derechos, tomando acciones legales e institucionales necesarias para que esta situación cese.

Testimonios de familiares y abogados afectados

La situación fue confirmada por abogados y familiares de detenidos que se acercaron con urgencia en busca de respuestas. Jenny Arias, un familiar de uno de los detenidos, expresó su frustración: «Aquí hay una lentitud inaceptable. Mi pariente lleva una semana en la DNCD y no lo han presentado para la medida de coerción. Las quejas son generalizadas; esto simplemente no puede continuar así».

Según el abogado Héctor Peña López, este caos afecta a numerosos clientes que esperan por la resolución de sus casos. «Asistí a una audiencia de violencia de género. La joven involucrada no fue traída a la primera sesión. Después de mucho tiempo, finalmente fue presentada, pero su situación es insostenible; la están enviando a un cuartel policial en lugar de a un centro de corrección», comentó. Coinciden en que estas demoras afectan gravemente los derechos de los ciudadanos implicados.

Reconocimiento de la situación por parte del magistrado fiscal

El magistrado fiscal de esta demarcación, Milciades Guzmán, también reconoció los problemas actuales, que atribuye a la demolición de una antigua cárcel sin una sustitución adecuada. «La cárcel que resolvería esta situación está a medio construir. Los ingenieros y el Ministerio de Obras Públicas aún no la han entregado», explicó. Esta carencia obligó a trasladar a los detenidos desde distintos destacamentos, lo que agrava aún más los retrasos en los trámites judiciales.

Recientemente, un equipo de CDN-elCaribe visitó el nuevo palacio de Justicia y pudo observar que las obras continúan activamente, con trabajadores dedicados a la construcción de bloques, electricidad y otros acabados. Sin embargo, la obra aún está lejos de completar.

Mientras tanto, se estima que de las 60 audiencias programadas diariamente en Santo Domingo Este, más del 90% se aplazan debido a la falta de traslado de los imputados.

Retrasos en la Justicia en Santo Domingo Este

  • Familiares y abogados de detenidos denuncian serias demoras en el conocimiento de medidas de coerción.
  • La CNDH-RD llama a las autoridades a tomar medidas urgentes para garantizar el acceso a la justicia.
  • El fiscal titular reconoce el problema, atribuyéndolo a la falta de infraestructura adecuada.
  • Más del 90% de las audiencias en Santo Domingo Este son aplazadas por inconvenientes en el traslado de detenidos.
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Condenada a 15 años en Operación Coral sigue libre y lanza un libro.

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PUNTA CANA. A pesar de haber sido condenada a 15 años de prisión por su participación en la red de corrupción desmantelada en la Operación Coral, Rossy Maybelline Guzmán Sánchez, conocida como “la Pastora Rossy”, permanece en libertad. Actualmente, está promoviendo su nueva obra literaria titulada “Tenía que haber sido Dios”.

El 16 de junio, el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a Guzmán Sánchez tras encontrarla culpable de estar involucrada en el lavado de activos, testaferrato y el ocultamiento de bienes que se obtuvieron a raíz del desvío de fondos públicos.

El Ministerio Público presentó evidencias ante el tribunal que demostraron que la imputada utilizó empresas y organizaciones religiosas para encubrir bienes relacionados con la estructura criminal. Además, asumió el rol de prestanombre de propiedades y proyectos inmobiliarios vinculados a Adán Cáceres Silvestre, exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP), también condenado a 20 años de prisión en este caso.

Las investigaciones revelan que la red movió miles de millones de pesos mediante diversos mecanismos financieros y societarios. La sentencia fue dictada por las juezas Giselle Méndez, Jissel Naranjo y Tania Yunes, quienes aceptaron las pruebas presentadas en el juicio.

Cuando se le preguntó sobre su situación legal, Guzmán Sánchez explicó que aún no ha sido encarcelada porque el proceso judicial no ha concluido y la sentencia íntegra todavía no ha sido emitida. Aclaró: “Las leyes de la República Dominicana establecen un proceso que hay que seguir, y hay que ser respetuoso de él. La sentencia aún no sale”.

También fue interrogada sobre el monto de las acusaciones y si tenía conocimiento de las actividades ilícitas asociadas a la red. Sin embargo, evitó profundizar en estos asuntos, afirmando: “Esos temas se trataron en los tribunales de la República Dominicana”.

Mientras el proceso judicial sigue avanzando, la líder religiosa ha centrado parte de su atención en promocionar “Tenía que haber sido Dios”. El lanzamiento de este libro ha generado controversia, sucediendo apenas unas semanas después de conocerse su condena por uno de los casos de corrupción más significativos de los últimos años.

La reciente aparición pública de Guzmán Sánchez para promocionar su libro resalta una aparente dicotomía con la sentencia de 15 años que enfrenta. Esta decisión, aunque ya tomada, aún no es definitiva y puede ser objeto de apelaciones según la legislación dominicana.

La Pastora Rossy en la Mira de la Justicia: Su Nueva Obra Literaria

  • Rossy Maybelline Guzmán Sánchez fue condenada a 15 años por su vinculación en la Operación Coral.
  • Utilizó empresas y organizaciones religiosas para ocultar bienes ilícitos.
  • El proceso judicial no ha finalizado, lo que explica su libertad temporal.
  • Promociona su nuevo libro “Tenía que haber sido Dios” tras su condena.
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Johnny Pujols: El fallo del TC sobre la Ley del DNI, una victoria democrática

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El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Johnny Pujols, ha declarado que la reciente decisión del Tribunal Constitucional, que ha declarado inconstitucional la Ley núm. 1-24, la cual establece la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), representa una significativa victoria para la libertad y la convivencia democrática en la República Dominicana.

Pujols subrayó que este fallo se produjo en respuesta a la acción presentada por el PLD junto a diversas organizaciones políticas y sociales. El tribunal consideró que la mencionada ley confería poderes que podrían comprometer derechos fundamentales de los ciudadanos, lo que generó preocupación en diferentes sectores de la sociedad.

Decisión del Tribunal Constitucional sobre la Ley de Inteligencia

  • La decisión es vista como un respaldo a la democracia y la libertad.
  • Se consideró que la ley podía violar derechos fundamentales.
  • El PLD y otras organizaciones impulsaron la acción contra la normativa.
  • El fallo refleja la importancia del control judicial en la protección de derechos.
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