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Nacionales

JCE congela reglamento de encuestas electorales

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Santo Domingo.– La Junta Central Electoral (JCE) ha decidido suspender de manera temporal la aplicación del reglamento que impide la publicación de encuestas electorales antes del inicio de la precampaña. Esta suspensión se mantendrá mientras el Tribunal Superior Electoral (TSE) evalúa las acciones legales interpuestas contra dicha disposición.

La medida, ratificada por el pleno del organismo electoral y respaldada por la Secretaría General el 18 de junio, pone en pausa la normativa que había entrado en vigor el 22 de mayo. Esto permanecerá así hasta que el TSE emita un fallo sobre los recursos presentados por diversos sectores de la sociedad.

Una de las impugnaciones más destacadas proviene de Participación Ciudadana (PC), cuyo coordinador general ha solicitado la eliminación de la prohibición para la realización de estudios de opinión fuera de los períodos oficiales de precampaña y campaña electoral.

Además, el presidente de ACD Media, Danny Alcántara, ha exhortado a la JCE a reconsiderar el reglamento, argumentando que vulnera disposiciones constitucionales y excede las facultades que las leyes 20-23 del Régimen Electoral y 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos le confieren al organismo electoral.

Encuestas internas permitidas, difusión prohibida

A pesar de la suspensión del reglamento, la JCE ha recordado que las organizaciones políticas pueden llevar a cabo encuestas con fines electorales para uso interno antes del inicio de la precampaña y campaña. Sin embargo, la difusión pública de esos resultados no será permitida hasta el primer domingo de julio de 2027.

El organismo electoral ha advertido que la divulgación de tales estudios fuera del período autorizado podría resultar en medidas cautelares o sanciones administrativas contra los partidos, candidatos o empresas encuestadoras implicadas.

Posibles sanciones

El reglamento establece que las firmas encuestadoras que no cumplan con las disposiciones podrían enfrentar la suspensión temporal de su registro por un período de entre seis meses y un año, e incluso la cancelación definitiva si reinciden. Además, se contemplan otras sanciones en la legislación electoral vigente.

Asimismo, las empresas deberán notificar a la JCE con un mínimo de ocho días de antelación sobre la realización de encuestas durante el proceso electoral. El incumplimiento podría acarrear multas que oscilan entre uno y 200 salarios mínimos.

La normativa también estipula que las firmas registradas deben mantener su documentación actualizada anualmente. El incumplimiento de este requisito podría resultar en la pérdida de su habilitación para llevar a cabo estudios con fines electorales.

Suspensión Temporal del Reglamento de Encuestas Electorales

  • La JCE suspende temporalmente la prohibición de publicar encuestas electorales.
  • La medida se mantendrá hasta que el TSE decida sobre las impugnaciones.
  • Las encuestas internas están permitidas, pero no su difusión pública antes de julio de 2027.
  • Las firmas encuestadoras deben notificar a la JCE con anticipación sobre sus estudios.

Nacionales

DNCD detiene a 36 y incauta más de 15 kilos de drogas en SDE.

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La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), junto con la colaboración del Ministerio Público y el respaldo de la Policía Nacional, llevó a cabo una importante intervención contra el microtráfico en diversos sectores de Santo Domingo Este. Este operativo resultó en la detención de 36 individuos y la incautación de 15,732 gramos de aparentes sustancias narcóticas.

Las áreas intervenidas incluyeron lugares como Ensanche Ozama, Alma Rosa, Los Mina, Villa Faro, Los Tres Brazos, Mendoza, Lucerna, Villa Liberación, y San Isidro, entre otros. Este amplio despliegue se realizó en las últimas horas con la participación de agentes antinarcóticos, policías y fiscales.

Durante el operativo, se ejecutaron un total de 62 operativos de control y tres allanamientos con órdenes judiciales, lo que demuestra el compromiso de las autoridades en la lucha contra el tráfico de drogas.

Entre los resultados, se encontraron 769 porciones de un polvo blanco, presumiblemente cocaína, con un peso aproximado de 14,906 gramos. Además, se decomisaron 252 envoltorios, un paquete y un cigarrillo de lo que parece ser marihuana, sumando más de 826 gramos.

Las autoridades también requisaron RD$21,875 en efectivo, un dólar estadounidense, 18 teléfonos móviles, dos radios de comunicación, seis balanzas, y dos mini licuadoras, que se presume eran utilizadas para dosificar sustancias controladas.

Asimismo, durante las operaciones, se incautaron dos motocicletas, una llave de vehículo y diversos objetos relacionados con la distribución de drogas. Entre los individuos arrestados se encuentran José Alexander Rodríguez, Juan Carlos Rey, Eugenio Adames Padilla, y otros.

Las autoridades han activado la búsqueda de dos hombres conocidos como “Peje” y José Luis, quienes son considerados distribuidores de sustancias narcóticas en el área de Santo Domingo Este. Los detenidos y todas las pruebas recolectadas están siendo manejadas por el Ministerio Público para los procedimientos legales pertinentes.

Este operativo es parte de la estrategia de seguridad ciudadana implementada por la Fuerza de Tarea Conjunta, que tiene como objetivo desmantelar los puntos de venta de drogas, identificar a los responsables y fortalecer la seguridad en el país.

Detenciones y Operativos Contra el Microtráfico en Santo Domingo Este

  • 36 personas detenidas en diversos operativos.
  • Incautación de más de 15,000 gramos de sustancias narcóticas.
  • Intervenciones en múltiples sectores de Santo Domingo Este.
  • Acciones como parte de la estrategia de seguridad ciudadana.
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Nacionales

EE.UU. destaca avances en su sistema de salud bajo nueva dirección.

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El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, recibió, junto al director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio Landrón, a la directora de la Oficina de Asuntos Globales del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS), Bethany Kozma. Este encuentro resaltó la cooperación internacional en el área de la salud.

Durante la visita, se realizó un recorrido por dos centros asistenciales donde se expusieron los servicios del sistema de salud dominicano. Esto permitió a la delegación conocer los avances significativos en el fortalecimiento de la atención a la población, un aspecto crucial en la mejora de la salud pública.

Las autoridades visitaron el Hospital Infantil Dr. José Manuel Rodríguez Jimenes (antiguo Hospital Santo Socorro) y el Centro Sanitario Santo Domingo. Allí, aprendieron sobre los diversos niveles de atención que se ofrecen, así como sobre los programas implementados para mejorar la calidad de la atención sanitaria.

El ministro Atallah aprovechó la ocasión para agradecer al personal de salud por su dedicación diaria. Destacó que la vocación de servicio y el apoyo humano son elementos que pueden transformar vidas y son esenciales para construir un futuro más prometedor.

Además, Atallah instó al personal a mantener un compromiso constante con la atención humanizada. Resaltó la importancia de actuar con sensibilidad y perseverancia ante las limitaciones, resaltando que el esfuerzo humano es fundamental para que cualquier mejora tenga un impacto real en la población.

La visita también incluyó un enfoque en el salud mental infantil, donde el director Landrón subrayó la importancia del Hospital Infantil Dr. José Manuel Rodríguez Jimenes como el único centro especializado en este ámbito en el país, lo que representa un avance significativo en la atención de la salud mental de niños y adolescentes.

Reunión con el Departamento de Salud de EE. UU. sobre Salud Pública

  • Visita de autoridades estadounidenses al sistema de salud dominicano.
  • Recorrido por centros asistenciales y servicios ofrecidos.
  • Énfasis en la atención humanizada y el compromiso del personal de salud.
  • Destacar el enfoque en la salud mental infantil en el país.
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Nacionales

Inabie otorga RD$1,900 millones a suplidores en medio de polémica

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A casi un año de que proveedores denunciaran ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) supuestas irregularidades en los procesos de contratación del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), nuevos señalamientos emergen, cuestionando las licitaciones para el suministro del almuerzo escolar.

Estas recientes acusaciones están relacionadas con el proceso de licitación para los años escolares 2026-2027 y 2027-2028 en San Pedro de Macorís, cuyo monto total asciende a más de RD$1,900 millones.

La licitación fue iniciada el 24 de noviembre de 2025 y adjudicada el 7 de agosto de 2026, casi diez meses después. Los denunciantes, representados por el abogado Pedro Lara, afirman haber identificado empresas que, a pesar de haber sido descalificadas inicialmente por el propio comité de compras del INABIE, terminaron convirtiéndose en beneficiarias de contratos millonarios.

“Estoy completamente seguro de que cuando esto estalle, será peor que lo de Víctor Castro y que lo de Cecilio,” advertió Lara.

El abogado representa a 11 proveedores afectados, quienes cuestionan la manera en que se llevó a cabo el proceso y afirman que varias de las empresas favorecidas no cumplían con los requisitos establecidos.

Empresas descalificadas obtuvieron contratos multimillonarios

Según la documentación presentada por los denunciantes, 51 empresas fueron adjudicadas en San Pedro de Macorís. De ellas, 15 habían sido descalificadas previamente por no cumplir con los requisitos establecidos en los pliegos, pero posteriormente recibieron contratos que, en conjunto, superan los RD$445 millones.

Un caso destacado es el de Manuel Emilio Mejía Molina, quien recibió un contrato por RD$31,361,168, a pesar de que, según los denunciantes, el informe de evaluación del INABIE indicaba que había presentado documentación falsa.

“En el propio informe del INABIE se dice que esa persona presentó documentación falsa; y, según el pliego, eso lo descalifica automáticamente,” sostuvo Lara.

Otro caso cuestionado es el de Leidi Massiel Cabrera Heredia, quien obtuvo un contrato por RD$38,128,306.

Los denunciantes aseguran que durante las inspecciones el establecimiento no cumplía con las condiciones requeridas, alegando que se trataba de un local vacío, sin identificación comercial y sin campana de extracción.

Según Lara, posteriormente el local fue acondicionado.

“Presentamos videos que muestran que, en el momento de la inspección, el local estaba pintado de crema y luego fue habilitado y cambiado de color,” afirmó.

Los afectados también sugieren posibles vínculos entre algunos adjudicatarios y personas cercanas al INABIE. En el caso de Cabrera Heredia, mencionan a su padre, Francisco Alberto Cabrera Javier, conocido como “Don Lolo”, que supuestamente tendría conexiones con el actual director ejecutivo de la institución, Adolfo Pérez de León.

Estas afirmaciones forman parte de las denuncias de los afectados y no implican, por sí solas, responsabilidad de los funcionarios o proveedores mencionados.

Denuncian posibles vínculos entre empresas y políticos

Otro aspecto cuestionado es la existencia de conexiones aparentes entre empresas que participaron de manera independiente, pero que, según los denunciantes, podrían estar relacionadas entre sí.

Lara mencionó los nombres comerciales Azul Divino, Gilkiri, Bladjoe, Black Hill, Grupo Orsan y Suero Gourmet.

Como ejemplo, explicó que Gilberto Bolívar Ortiz Ortiz figura como titular del nombre comercial de Gilkiri, S.R.L., adjudicada con RD$34,997,811, y también está relacionado con Azul Divino, que recibió RD$23,281,886.

“Ya estamos hablando de tres empresas. Entonces, ¿eso es coincidencia?” cuestionó Lara, al referirse a otras compañías que, según su denuncia, estarían vinculadas a miembros de una misma familia.

Los denunciantes también identificaron adjudicatarios que, según afirman, tendrían conexiones políticas.

Entre ellos, mencionaron a Dignora Ortiz, quien supuestamente mantiene lazos con autoridades municipales de Hato Mayor y San Pedro de Macorís.

Asimismo, cuestionan la adjudicación a CP & DC, propiedad de Héctor Luis Febles, conocido como “El Primo”, esposo de la diputada por San Pedro de Macorís Carolina Paula, conocida como “La Prima”.

Esta empresa recibió un contrato por RD$28,155,710, a pesar de que, según los denunciantes, el INABIE había señalado incumplimientos relacionados con el formulario de presentación de ofertas y la declaración de conflicto de interés.

Otros nombres mencionados incluyen a Helen Elizabeth MacCow, adjudicada con RD$28,931,766, y Nicole Elizabeth James Cotes, con RD$25,501,350.

Los denunciantes sostienen que estas empresas podrían tener vínculos entre sí y hablan de una posible colusión, lo que corresponde determinar a las autoridades pertinentes.

Proveedores afectados afirman haber quedado fuera

Mientras algunos adjudicatarios cuestionados obtuvieron contratos millonarios, proveedores que participaron en el proceso aseguran haber quedado excluidos, pese a contar con experiencia, infraestructura y buenas calificaciones.

Un caso notable es el de Rafael Emilio Tejeda, quien afirma tener más de 12 años como suplidor y haber invertido varios millones de pesos en equipos especializados.

Según explica, su propuesta obtuvo una puntuación de 89 puntos, pero a pesar de esto, no fue seleccionada.

“Quedé por encima de muchos que estaban descalificados y aun así los habilitaron. No entiendo,” expresó Tejeda.

El proveedor estima que su inversión en equipamiento oscila entre RD$4 y RD$5 millones, además de un préstamo hipotecario de aproximadamente RD$5 millones para adquirir el local.

“Soy papá y mamá, pues mi esposa falleció de cáncer. Tengo una hija que va a la universidad y el director no da la cara,” manifestó.

Una situación similar atraviesa Elena Rijo, quien participó por primera vez en el proceso con un restaurante que lleva más de 22 años de operación.

Rijo obtuvo una puntuación de 89.25, pero no fue seleccionada para suplir una escuela cercana a su establecimiento.

“Nosotros como empresa sacamos 89.25 y estamos a 220 pies de la escuela. Y le adjudicaron la escuela a una cocina que está a dos kilómetros y medio,” cuestionó.

Los proveedores también denunciaron un cambio en la metodología para medir las distancias. Según explican, la licitación establecía inicialmente que se utilizaría Google Maps, pero durante el proceso este criterio fue sustituido por otra aplicación.

Estos cambios, a juicio de los proveedores, perjudicaron a quienes tenían cocinas cerca de los centros escolares, mientras que otros, ubicados a varios kilómetros, fueron favorecidos.

Para Lara, la distancia es crucial para garantizar que los alimentos lleguen en condiciones óptimas.

“Cuando estás cerca del centro, eso permite que la comida llegue en condiciones adecuadas, caliente y en condiciones óptimas,” explicó.

Afectados llevan su caso ante las autoridades

Ante las presuntas irregularidades, los proveedores afectados interpusieron un recurso de revisión administrativa ante el Comité de Compras y Contrataciones del INABIE, en el que alegan agravio a sus derechos y al principio de igualdad de trato.

Durante este proceso, el INABIE informó sobre la suspensión de 14 proveedores por irregularidades detectadas en los procesos de almuerzo y desayuno escolar en 12 localidades, incluyendo San Pedro de Macorís.

La institución también anunció nuevas inspecciones a proveedores adjudicados en esa demarcación, señalando hallazgos como cocinas desmanteladas o inexistentes en las direcciones reportadas, instalaciones en remodelación y cambios de domicilio sin autorización.

Finalmente, se deberá determinar si las denuncias son casos aislados o reflejan problemas más profundos en un proceso que compromete más de RD$1,900 millones y la alimentación de miles de estudiantes.

Irregularidades en la Licitación del Almuerzo Escolar en San Pedro de Macorís

  • Supuestas irregularidades en contratos en el INABIE por un monto superior a RD$1,900 millones.
  • Empresas descalificadas obtuvieron contratos sustanciales, lo que genera controversia.
  • Posibles vínculos entre adjudicatarios y funcionarios del INABIE son objeto de escrutinio.
  • Proveedores afectados introducen reclamos ante las autoridades para revisar el proceso de adjudicación.
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