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Reforma del Tránsito en RD: ¡Urgente Acción Política!

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La República Dominicana se enfrenta a una grave crisis vial que no puede resolverse únicamente con la construcción de nuevas infraestructuras. Para abordar esta problemática, es vital aumentar la autoridad, fomentar la educación ciudadana, aplicar efectivamente la Ley 63-17, y desarrollar un sistema de transporte público que reduzca la dependencia del vehículo privado.

Este tema fue discutido por el diputado de la Fuerza del Pueblo, Tobías Crespo, el senador Antonio Marte del Partido Primero la Gente (PPG), y el ingeniero Aníbal Germosén, experto en seguridad vial, durante el programa especial «Balance: 16 miradas para el 16», moderado por el periodista Félix Victorino.

El panel analizó la situación del transporte y la movilidad en el país, justo al cumplirse seis años del Gobierno del presidente Luis Abinader este 16 de agosto. A pesar de ciertos avances, permanentes dificultades siguen afectando el tránsito dominicano.

Germosén caracterizó la situación vial como una «pandemia vial», comparándola con las medidas tomadas durante la crisis del COVID-19. Según sus cifras, entre 2020 y 2022, cerca de 4,000 personas fallecieron debido al virus, mientras que más de 8,000 murieron en siniestros viales durante el mismo período, lo cual representa aproximadamente cinco muertes diarias.

“El país se paralizó por COVID, pero los siniestros viales continúan causando muertes,” afirmó. Con esta comparación, instó a que la seguridad vial se considere una emergencia de salud pública, no como algo inevitable en la cotidianidad.

El ingeniero también resaltó que más del 70 % de las fatalidades viales implican motocicletas, y que durante períodos de alta movilidad, como la Semana Santa, esa cifra puede alcanzar hasta el 84 %.

Destacó que la plataforma Accidentes RD recibe alrededor de 35 reportes diarios. Sin embargo, muchas veces no se difunden todos los casos, especialmente aquellos con imágenes sensibles.

Germosén subrayó que uno de los principales desafíos es la normalización de las muertes viales, lo que disminuye la percepción de urgencia y retrasa las respuestas institucionales necesarias para enfrentar la crisis.

Crespo hizo hincapié en la importancia de promover la colectivización del transporte. Según él, los sistemas de transporte masivo son más seguros y eficientes que los medios privados o de menor capacidad.

Argumentó que el servicio debe operar con una frecuencia predefinida, contar con unidades en óptimas condiciones y ofrecer tarifas accesibles. A diferencia de otros países donde se destina entre un 4 % y un 6 % de sus ingresos al transporte, en la República Dominicana este gasto puede llegar a ser entre 20 % y 30 %.

Crespo está a favor de una integración tarifaria que permita a los usuarios combinar el Metro, el Teleférico, los autobuses de la OMSA, los corredores y las unidades privadas bajo un único pasaje.

Progresos que aún son insuficientes

En el panel, Germosén reconoció algunos avances como la incorporación del Metro, los teleféricos y los autobuses. Sin embargo, enfatizó que aún se requiere mejorar la cobertura y calidad del sistema.

La República Dominicana sigue siendo señalada internacionalmente por sus problemas de tránsito, lo que deja una mala impresión en los visitantes y atletas extranjeros.

“Es esencial apostar por un transporte público colectivo eficiente”, manifestó Germosén.

Crespo, preguntado sobre lo que ha impedido el progreso en movilidad, mencionó que aunque la infraestructura vial ha mejorado, construir nuevas carreteras no garantiza seguridad vial ni un tránsito fluido.

Subrayó que debe prestarse atención al comportamiento de los conductores, la falta de autoridad y el incumplimiento de normas. También recordó los 17 corredores de autobuses anunciados, cuyo desarrollo aún no cumple con las expectativas.

Menor dependencia del transporte privado

Marte sugirió que es necesario reducir el uso del vehículo privado y dar mayor prioridad al transporte público colectivo.

Indicó que es común que familias posean cuatro o cinco vehículos, lo que contribuye a la congestión del tránsito.

El panel señaló que el parque vehicular dominicano supera las seis millones de unidades y crece anualmente entre el 3 % y 7 %. Germosén enfatizó que reducir el uso del automóvil no significa prohibirlo; se trata de ofrecer alternativas que convenzan a los ciudadanos a dejar sus vehículos en casa.

“Hay que desmotivar, no prohibir, el transporte privado”, expresó Germosén.

Propuso habilitar estacionamientos disuasorios cerca de las estaciones y fomentar un sistema intermodal que permita a las personas usar su vehículo hasta un punto específico y luego continuar en transporte colectivo.

En cuanto a las prioridades para la próxima década, Marte abogó por la ampliación del Metro y los autobuses, mientras que Crespo afirmó que, aunque el Teleférico tiene un rol importante en el transporte de personas en áreas elevadas, no es suficiente para resolver los problemas de movilidad urbana.

Multas impagas y denuncias de sanciones “fantasmas”

El cumplimiento de la Ley 63-17 fue otro tema central del debate. Crespo mencionó que antes de su implementación solo se pagaba el 3 % de las multas de tránsito. Actualmente, este porcentaje ha subido al 35 %, pero aún queda un 65 % sin pagar.

Explicó que la normativa incluye medidas contra infractores, como restricciones para renovar licencias y obtener pólizas de seguro. Sin embargo, muchas de estas disposiciones aún no se han implementado.

Además, Crespo denunció la existencia de “multas fantasmas”, impuestas a personas que no cometieron las infracciones. Citó el caso de una mujer multada mientras se encontraba en Estados Unidos, evidenciando la necesidad de que la Digesett audite la actuación de sus agentes.

El legislador también mencionó que algunas personas acumulan hasta 30 multas ligadas a su cédula, reclamando la necesidad de mecanismos para verificar la validez de las sanciones.

Respecto al monto de las multas, los panelistas expresaron opiniones diversas. Germosén aboga por sanciones más altas, mientras Marte sostiene que el enfoque debe estar en una aplicación correcta de las multas existentes.

Crespo advirtió que el incumplimiento de la ley, sumado a la falta de consecuencias para reincidentes, debilita cualquier intento de organización en el tránsito.

El diputado también destacó el bajo nivel de ejecución de la Ley 63-17, mencionando que nueve años tras su promulgación “no se ha cumplido ni el 20 %” de sus disposiciones, lo que refleja una falta de aplicación efectiva.

Germosén agregó que faltan mecanismos como la licencia por puntos, fotomultas, educación vial e inspección técnica vehicular, que aún permanecen en el papel.

Educación y autoridad

A la pregunta de si el principal problema dominicano radica en la falta de educación o de autoridad, Marte se inclinó hacia la educación, mientras Crespo abogó por el ejercicio de la autoridad. Germosén sugirió que ambos elementos son necesarios.

Marte propuso aumentar las pruebas antidoping sorpresivas para los conductores, señalando que empresas de transporte ya realizan estos controles sin previo aviso.

El senador también propuso establecer dispensarios médicos en terminales de transporte y se mostró dispuesto a facilitar espacios para ello.

Germosén respaldó la idea de controles más frecuentes y advirtió que anunciarlos puede reducir su efectividad.

Los participantes también coincidieron en la necesidad de eliminar progresivamente los viejos vehículos de transporte, sustituyéndolos por flotas organizadas que garanticen la seguridad y capacidad adecuada para los pasajeros.

Al final del programa, Victorino preguntó qué acciones debería tomar el presidente Luis Abinader antes de 2028 para mejorar el tránsito y reducir las muertes en las vías. Germosén pidió al mandatario “ponerse el traje de voluntad política” para cumplir con los proyectos anunciados y aplicar la legislación vigente.

El programa concluyó con un llamado a reconocer que la crisis vial es una responsabilidad compartida entre las autoridades, transportistas, conductores, motociclistas y demás usuarios de las vías.

Desafíos Viales en la República Dominicana

  • La crisis de seguridad vial se compara con una «pandemia» que requiere atención inmediata.
  • Se impone la necesidad de un transporte público colectivo eficiente y accesible.
  • El cumplimiento de la Ley 63-17 es crucial pero aún muy bajo.
  • La normalización de muertes viales afecta la percepción de urgencia y la respuesta institucional.

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ADP convoca protestas a días del regreso a clases por incentivos pendientes

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Convocatoria de concentraciones por parte de la ADP

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) ha anunciado la realización de concentraciones simultáneas en los distritos educativos del país para el jueves 20 de agosto, a las 9:00 de la mañana. Esta acción surge como parte de sus demandas al Ministerio de Educación (Minerd) sobre el pago de incentivos y retroactivos relacionados con la Evaluación del Desempeño Docente (EDD).

La convocatoria fue difundida a través de una circular firmada por el presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, y llega a solo cuatro días del inicio del año escolar, programado para el lunes 24 de agosto.

En las zonas del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, las 16 seccionales del gremio se reunirán en el Parque Independencia. En otras regiones, las manifestaciones tendrán lugar frente a los respectivos distritos educativos.

Es importante resaltar que la ADP ha declarado que esta movilización no implicará un paro ni la suspensión de las actividades docentes. Sin embargo, se llevará a cabo en la fase final de preparación para el nuevo año escolar, donde más de 90,000 docentes están participando en jornadas formativas organizadas por el Minerd.

Entre las demandas más destacadas de la ADP se encuentran la aplicación y actualización de incentivos salariales, así como el pago de retroactivos correspondientes a la evaluación de desempeño. La organización también exige mayor agilidad en los procesos de revisión y apelación de calificaciones.

Adicionalmente, la ADP solicita una revisión exhaustiva de los instrumentos utilizados en el Ejercicio de Rendimiento Profesional (ERP), aplicados a coordinadores, psicólogos, bibliotecarios, directores y otros profesionales del sistema educativo. Se menciona que 49 profesores aún no han recibido sus calificaciones y se pide establecer un calendario para evaluar a aquellos docentes que quedaron pendientes.

Entre las solicitudes adicionales figuran la reparación de planteles escolares, la disponibilidad de cupos, la asignación justa de docentes y traslados, además de otras necesidades planteadas por las seccionales.

Esta convocatoria tiene lugar semanas después de que el Minerd y la ADP llegaron a un acuerdo sobre un protocolo para la publicación de resultados de evaluaciones, la presentación de reclamaciones y la asignación de incentivos.

Movilización de la ADP por demandas educativas

  • Concentraciones programadas el 20 de agosto en todo el país.
  • Demandas incluyen incentivos salariales y pago de retroactivos.
  • No habrá paro ni suspensión de actividades docentes.
  • Acuerdo reciente entre ADP y Minerd sobre evaluaciones y reclamaciones.
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Daniel Pou: Acusaciones contra el alcalde de Lawrence revelan conducta sospechosa en funcionarios públicos

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La reciente acusación federal contra el alcalde de Lawrence, Massachusetts, Brian DePeña, por presunto fraude electrónico y lavado de dinero, ha reavivado el interés por las figuras de origen dominicano en posiciones de poder en Estados Unidos.

Este caso ha captado la atención de la comunidad dominicana, no solo por la relevancia de la alcaldía que lidera DePeña, sino también porque Lawrence alberga una gran población dominicana que ha participado activamente en la política local a lo largo de los años.

N Digital ha consultado al politólogo Daniel Pou, quien indicó que este tipo de situaciones afecta la percepción sobre una comunidad que ha logrado obtener espacios importantes en la política estadounidense.

El alcalde fue arrestado el viernes y enfrenta cargos de fraude electrónico y lavado de dinero por el uso indebido de aproximadamente US$1.5 millones de un programa de préstamos para pequeñas empresas afectadas por la pandemia. Según los fiscales, parte de estos fondos se utilizó para cubrir hipotecas, impuestos personales y gastos de su campaña electoral.

DePeña, que también posee ciudadanía dominicana, compareció ante un tribunal federal en Boston y quedó en libertad bajo ciertas condiciones, que incluyen la entrega de su pasaporte y restricciones para solicitar nuevos préstamos sin aprobación judicial. Es importante resaltar que la acusación no implica una condena, y DePeña se mantiene presuntamente inocente mientras avanza el proceso legal.

Daniel Pou considera que este episodio es particularmente preocupante, pues contrasta con el progreso que muchos dominicanos han logrado en Estados Unidos, alcanzando posiciones electivas gracias a sus antecedentes profesionales y relación con la comunidad.

“Muchos dominicanos han escalado posiciones de renombre por su dedicación y trayectoria”, afirmó el politólogo, quien también mencionó que el caso de DePeña no es aislado en la historia política dominicana en el país.

Un caso notable es el de Gabriela Rosa, exasambleísta estatal de Nueva York, quien se declaró culpable en 2014 de delitos federales relacionados con fraude migratorio. Rosa había sido electa en 2012 y renunció a su cargo como parte de su acuerdo judicial, recibiendo una condena a un año de prisión.

El caso de Rosa incluía acusaciones de matrimonio fraudulento para beneficios migratorios y declaraciones falsas durante un proceso de quiebra.

Otro nombre relevante es el de William Lantigua, primer alcalde dominicano electo de Massachusetts en 2010. A diferencia de DePeña, Lantigua no enfrenta condenas por fraude, aunque su administración observó investigaciones en torno a miembros de su equipo.

Entre estos, el exjefe de gabinete Leonard Degnan, condenado en 2014 por corrupción, y el colaborador Melix Bonilla enfrentó investigaciones relacionadas con irregularidades en el departamento de policía.

Estos incidentes reflejan un fenómeno más grande: el crecimiento de la representación dominicana en la política de EE. UU. ha venido acompañado de controversias y problemas legales que ponen a prueba la confianza que los votantes depositan en sus representantes.

Según Pou, el problema radica en la calidad de los funcionarios públicos que acceden al poder. “Los hombres de Estado han sido reemplazados por hombres populares”, señaló, resaltando la distinción entre aquellos con trayectoria en servicio público y los que únicamente conectan con el electorado.

El politólogo destacó que es esencial que quienes manejan recursos públicos comprendan que estos bienes son de la comunidad, y su deber es protegerlos.

Pou también instó a no apresurarse en juzgar el caso DePeña. El alcalde debe ser considerado inocente hasta que se demuestre lo contrario, y confió en que el debido proceso se respete en la corte.

La etapa judicial del caso recién comienza, lo que significa que los fiscales deben fundamentar sus acusaciones, mientras DePeña tiene la oportunidad de defenderse.

Si se prueban los cargos, esto podría marcar un punto crítico para la representación dominicana en la política americana. Por el contrario, si no se validan las acusaciones, podría quedar absuelto.

Más allá de la resolución del caso, lo crucial es el debate sobre ética, responsabilidad y confianza pública que surge de estas circunstancias.

A través de los años, la comunidad dominicana en Estados Unidos ha ganado una presencia política notable. Desde alcaldías hasta legislaturas estatales, han transformado su influencia de ser una mera fuerza laboral a una significativa fuerza política.

Por ello, situaciones como la de Brian DePeña obligan a replantear hasta dónde debe llegar la responsabilidad de quienes reciben el voto y cómo se puede garantizar que el poder no se use para fines personales.

La justicia estadounidense tomará la última decisión sobre las acusaciones contra DePeña, mientras la comunidad dominicana sigue de cerca un caso que reabre interrogantes sobre el tipo de dirigentes que están asumiendo el poder y su manejo de la confianza ciudadana.

Implicaciones del Caso DePeña en la Comunidad Dominicana

  • Acusaciones de fraude y lavado de dinero contra el alcalde DePeña.
  • Impacto en la percepción de la comunidad dominicana en la política estadounidense.
  • Comparaciones históricas con otros casos de políticos dominicanos en Estados Unidos.
  • Importancia de la ética y responsabilidad en los líderes públicos.
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Gobierno impulsa la innovación tecnológica en la agricultura

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El presidente Luis Abinader lideró el lanzamiento del Programa Nacional de Mecanización (Pronamec), una iniciativa destinada a transformar los procesos productivos del sector agropecuario en la República Dominicana. Este programa tiene como objetivo principal la reducción de costos, el incremento de la productividad y la disminución de la dependencia de mano de obra extranjera.

Durante su intervención en la provincia San Juan, Abinader enfatizó la decisión de su administración de ofrecer apoyo incondicional a los productores locales, destacando que este es un asunto crucial para la seguridad nacional. Al hacerlo, se pretende evitar en el futuro el uso indefinido de mano de obra extranjera.

El presidente subrayó: “Es esencial acompañar a los productores de todo el país en la mecanización gradual de las labores, ya que resulta más económico y menos complejo.”

El Programa Pronamec incluirá la incorporación progresiva de tecnología y maquinaria en diferentes fases de la producción agrícola. Desde la preparación del terreno hasta la recolección y el manejo de los cultivos, se prevé que cada etapa se beneficie de nuevas tecnologías y modelos de financiamiento.

Las autoridades han indicado que el programa se implementará en varias etapas, con una inversión superior a los RD$200 millones. La primera fase iniciará en San Juan con Parcelas Demostrativas de Mecanización, que se extenderán a zonas como Las Matas de Santa Cruz, Valverde, La Vega, Constanza y Arenoso. Esto permitirá capacitar a los productores y evaluar qué tecnologías se adaptan mejor a cada cultivo y región.

En la segunda etapa, se buscará facilitar el acceso a estos equipos y tecnologías para pequeños y medianos productores mediante financiamientos flexibles, con el respaldo del Banco Agrícola, Bandex y la banca privada. Además, se fomentarán esquemas asociativos y cooperativos para compartir maquinarias y reducir costos.

La tercera etapa del programa prevé transformar a nivel nacional el Programa de Servicios y Maquinarias Agrícolas (Prosema), ampliando su cobertura y modernizando los servicios ofrecidos por el Ministerio de Agricultura.

El ministro Espaillat explicó que en cultivos como arroz, maíz, sorgo y habichuela se puede mecanizar aproximadamente el 90% del proceso. En plátano y banano, donde la complejidad es mayor, se busca alcanzar una mecanización del 60%, a través de una planificación adecuada de las siembras. La estrategia también se extenderá a otros cultivos como vegetales, tubérculos y frutas.

Apoyo a Mipymes

En un esfuerzo por fortalecer el sector empresarial, el presidente Abinader anunció la entrega de RD$85 millones en créditos a 400 microempresarios y emprendedores de San Juan, mediante el Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Promipyme). Este anuncio también incluyó la ampliación del programa “Tu Firma es Tu Garantía”, que busca facilitar el acceso al financiamiento a más mujeres y hombres emprendedores, contribuyendo a la generación de empleo y a la dinamización de la economía provincial.

Fabrizio Gómez Mazara, director de Promipyme, destacó que el programa ha canalizado RD$979.3 millones, lo que representa un 8.2% de la cartera de créditos de Promipyme. Esto ha permitido aumentar el acceso al crédito formal y reducir la dependencia del financiamiento informal. Notablemente, el 62% de los créditos otorgados han sido destinados a negocios liderados por mujeres.

Programa para jóvenes del sur

Abinader también dirigió la decimocuarta graduación regional del programa Oportunidad 14-24, donde 1,156 jóvenes de la región Sur completaron su formación técnico-profesional correspondiente al primer semestre de 2026, proporcionando una base sólida para superar condiciones de vulnerabilidad.

Alex Mordán, director del programa, mencionó que cerca de 14,000 egresados se han integrado al mercado laboral formal. Para cerrar el primer semestre de este año se proyectan 35,812 graduados, con esperanzas de sobrepasar los 40,000 al finalizar el año.

Geanilda Vásquez, coordinadora del Gabinete de Política Social, informó que este evento suma un total de 7,300 jóvenes egresados solo en la región Sur. Del total, 2,926 residen en la provincia San Juan, con 1,690 de ellos realizando pasantías remuneradas y 332 encaminados a lanzar sus propios proyectos.

Este programa incluye además las iniciativas Derivación Escolar y Sur Bilingüe, dirigidas a identificar jóvenes que han interrumpido sus estudios y facilitar su reinserción educativa, así como enseñarles el idioma inglés.

Iniciativas para Potenciar el Agro y la Juventud

  • Lanzamiento del Programa Nacional de Mecanización (Pronamec) para modernizar el agro.
  • Inversión de RD$200 millones en varias etapas para fortalecer el sector agrícola.
  • Apoyo a microempresarios con RD$85 millones en créditos del gobierno.
  • Programa Oportunidad 14-24 beneficiará a jóvenes en formación técnica.
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