El 18 de agosto de 2021, al cumplir su primer año de gobierno, el presidente Luis Abinader convocó a líderes políticos y sociales para iniciar un diálogo enfocado en doce reformas. Sin embargo, cinco años después, ninguna de estas reformas ha logrado ser aprobada en el Congreso. A partir de mañana, el presidente Abinader, respaldado por un Congreso con amplia mayoría del Partido Revolucionario Moderno (PRM), tiene un plazo de dos años para impulsar estas iniciativas, que siguen pendientes.

El retraso en el avance del plan de reformas se produce a pesar del apoyo de la oposición política, donde la Fuerza del Pueblo (FP) y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se unieron a la convocatoria junto a otros partidos con representación congresual. A pesar de contar con mayoría calificada, aún no se han sancionado las iniciativas. “Con todas estas reformas, pretendemos maximizar las enormes posibilidades de futuro que tenemos como país”, afirmó Abinader durante su discurso desde el Palacio Nacional.

Entre las reformas propuestas, se incluye la de transparencia e institucionalidad. Esta busca independizar la Cámara de Cuentas y el Ministerio Público. Aunque se han implementado cambios, como la modificación en el proceso de elección del Procurador General y sus adjuntos, la influencia del presidente sobre estos organismos aún persiste. En cuanto a la Cámara de Cuentas, la reforma de su ley se realizó para mejorar la gobernabilidad interna, aunque se mantuvo el mecanismo de elección anterior.

Respecto a la reforma constitucional promulgada en octubre de 2024, esta no fue fruto del consenso esperado, ya que tanto la FP como el PLD rechazaron el plan de cambio de la Carta Magna.

Entre las reformas adicionales se encuentran las del sector eléctrico, agua, Policía Nacional, modernización del Estado, calidad educativa, seguridad social, transporte, transformación digital, pacto fiscal integral, modificaciones al Código Laboral y la ley de Hidrocarburos.

De acuerdo con un informe del Consejo Económico y Social (CES) titulado “Balance Diálogo para las Reformas”, tres temas fueron excluidos del diálogo: reforma de la Ley de Hidrocarburos, pacto fiscal y aspectos relacionados con migración y política exterior. Este último no formó parte de las reformas anunciadas durante la convocatoria del 18 de agosto de 2021.

El presidente Abinader presentó en el Palacio Nacional el proyecto de Modernización Fiscal en octubre de 2024, pero este fue retirado del Congreso debido a la fuerte oposición que generó.

El tema migratorio, específicamente en relación con Haití, también fue tratado en una convocatoria del CES a principios de 2025. En junio de este año, la comisión oficial encabezada por Milton Ray Guevara, ex presidente del Tribunal Constitucional, informó que concluyó el anteproyecto de reforma a la Ley de Migración 285-04.

Respecto a la modificación de la Ley de Hidrocarburos, se han hecho anuncios, pero avanzan poco en el Congreso. En su discurso del 27 de febrero de 2021, el presidente Abinader prometió someter modificaciones a esta legislación, y en junio pasado, el ministro de Industria y Comercio, Eduardo Sanz Lovatón, reiteró la intención del gobierno de presentar reformas a la ley 12-00.

El CES ha indicado que el tema eléctrico se está manejando a través de una comisión especial destinada al seguimiento del Pacto Eléctrico. Desde su creación en abril de 2021, esta comisión ha mantenido actividad constante, aunque no se han presentado propuestas para modificar la Ley General de Electricidad.

Otro aspecto que el presidente Abinader había mencionado es la actualización del Código de Trabajo. Sin embargo, este tema no se discutió en el CES, sino que se abordó en el ámbito del Consejo Consultivo del Trabajo, donde participan representantes del Gobierno, sector empresarial y sindical.

La reforma propuesta al Código Laboral ha enfrentado oposición y no se pudo aprobar la legislatura pasada. Los legisladores han prometido que las modificaciones se considerarán en la nueva legislatura que inicia mañana, 16 de agosto. En relación a las reformas sobre la modernización del Estado, el gobierno anunció en agosto de 2024 la fusión de varias instituciones, incluida la del Ministerio de Educación con el de Educación Superior, lo que generó críticas y resistencia en el ámbito académico.

Única fusión de ministerios completada

El tema de la calidad de la educación, que forma parte del plan de reformas anunciado por Abinader, fue trasladado al Pacto Educativo, que involucra varias organizaciones, incluida la Asamblea Plenaria y la Comisión de Veeduría Social.

Hasta ahora, la única fusión ejecutada ha sido la del Ministerio de Economía con el de Hacienda, junto con algunas otras entidades menores.

En cuanto a la reforma a la ley de la Policía Nacional, aún no ha sido aprobada y ha suscitado un significativo debate público, especialmente ante casos de brutalidad policial.

Por otro lado, la ley de agua sigue sin ser aprobada, a pesar de que existe una mesa de trabajo que se reúne regularmente para abordar este tema. Según el CES, el 14 de agosto de 2023, se firmó el ‘Pacto por el Agua 2021-2036’, un acuerdo consensuado por representantes de diversas agrupaciones involucradas.

El CES también ha entregado un informe sobre la reforma a la seguridad social al Congreso, pero hasta el momento no se han hecho avances significativos en la aprobación de la reforma a la ley de 87/01.

Además, aunque se abordó el tema del medio ambiente y los recursos naturales en el diálogo de reformas, el CES informó que se firmó el ‘Pacto Verde’ como resultado de estas discusiones.

Reflexiones sobre las Reforma Pendientes del Presidente Abinader

• El gobierno de Abinader busca impulsar reformas críticas en áreas esenciales.
• A pesar del apoyo político, las reformas no han avanzado en el Congreso.
• La reforma al Código Laboral es especialmente controversial y polarizadora.
• El diálogo sobre temas cruciales como la educación y el medio ambiente es un paso positivo hacia el consenso.

Convocatoria de concentraciones por parte de la ADP

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) ha anunciado la realización de concentraciones simultáneas en los distritos educativos del país para el jueves 20 de agosto, a las 9:00 de la mañana. Esta acción surge como parte de sus demandas al Ministerio de Educación (Minerd) sobre el pago de incentivos y retroactivos relacionados con la Evaluación del Desempeño Docente (EDD).

La convocatoria fue difundida a través de una circular firmada por el presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, y llega a solo cuatro días del inicio del año escolar, programado para el lunes 24 de agosto.

En las zonas del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, las 16 seccionales del gremio se reunirán en el Parque Independencia. En otras regiones, las manifestaciones tendrán lugar frente a los respectivos distritos educativos.

Es importante resaltar que la ADP ha declarado que esta movilización no implicará un paro ni la suspensión de las actividades docentes. Sin embargo, se llevará a cabo en la fase final de preparación para el nuevo año escolar, donde más de 90,000 docentes están participando en jornadas formativas organizadas por el Minerd.

Entre las demandas más destacadas de la ADP se encuentran la aplicación y actualización de incentivos salariales, así como el pago de retroactivos correspondientes a la evaluación de desempeño. La organización también exige mayor agilidad en los procesos de revisión y apelación de calificaciones.

Adicionalmente, la ADP solicita una revisión exhaustiva de los instrumentos utilizados en el Ejercicio de Rendimiento Profesional (ERP), aplicados a coordinadores, psicólogos, bibliotecarios, directores y otros profesionales del sistema educativo. Se menciona que 49 profesores aún no han recibido sus calificaciones y se pide establecer un calendario para evaluar a aquellos docentes que quedaron pendientes.

Entre las solicitudes adicionales figuran la reparación de planteles escolares, la disponibilidad de cupos, la asignación justa de docentes y traslados, además de otras necesidades planteadas por las seccionales.

Esta convocatoria tiene lugar semanas después de que el Minerd y la ADP llegaron a un acuerdo sobre un protocolo para la publicación de resultados de evaluaciones, la presentación de reclamaciones y la asignación de incentivos.

Movilización de la ADP por demandas educativas

• Concentraciones programadas el 20 de agosto en todo el país.
• Demandas incluyen incentivos salariales y pago de retroactivos.
• No habrá paro ni suspensión de actividades docentes.
• Acuerdo reciente entre ADP y Minerd sobre evaluaciones y reclamaciones.

La reciente acusación federal contra el alcalde de Lawrence, Massachusetts, Brian DePeña, por presunto fraude electrónico y lavado de dinero, ha reavivado el interés por las figuras de origen dominicano en posiciones de poder en Estados Unidos.

Este caso ha captado la atención de la comunidad dominicana, no solo por la relevancia de la alcaldía que lidera DePeña, sino también porque Lawrence alberga una gran población dominicana que ha participado activamente en la política local a lo largo de los años.

N Digital ha consultado al politólogo Daniel Pou, quien indicó que este tipo de situaciones afecta la percepción sobre una comunidad que ha logrado obtener espacios importantes en la política estadounidense.

El alcalde fue arrestado el viernes y enfrenta cargos de fraude electrónico y lavado de dinero por el uso indebido de aproximadamente US$1.5 millones de un programa de préstamos para pequeñas empresas afectadas por la pandemia. Según los fiscales, parte de estos fondos se utilizó para cubrir hipotecas, impuestos personales y gastos de su campaña electoral.

DePeña, que también posee ciudadanía dominicana, compareció ante un tribunal federal en Boston y quedó en libertad bajo ciertas condiciones, que incluyen la entrega de su pasaporte y restricciones para solicitar nuevos préstamos sin aprobación judicial. Es importante resaltar que la acusación no implica una condena, y DePeña se mantiene presuntamente inocente mientras avanza el proceso legal.

Daniel Pou considera que este episodio es particularmente preocupante, pues contrasta con el progreso que muchos dominicanos han logrado en Estados Unidos, alcanzando posiciones electivas gracias a sus antecedentes profesionales y relación con la comunidad.

“Muchos dominicanos han escalado posiciones de renombre por su dedicación y trayectoria”, afirmó el politólogo, quien también mencionó que el caso de DePeña no es aislado en la historia política dominicana en el país.

Un caso notable es el de Gabriela Rosa, exasambleísta estatal de Nueva York, quien se declaró culpable en 2014 de delitos federales relacionados con fraude migratorio. Rosa había sido electa en 2012 y renunció a su cargo como parte de su acuerdo judicial, recibiendo una condena a un año de prisión.

El caso de Rosa incluía acusaciones de matrimonio fraudulento para beneficios migratorios y declaraciones falsas durante un proceso de quiebra.

Otro nombre relevante es el de William Lantigua, primer alcalde dominicano electo de Massachusetts en 2010. A diferencia de DePeña, Lantigua no enfrenta condenas por fraude, aunque su administración observó investigaciones en torno a miembros de su equipo.

Entre estos, el exjefe de gabinete Leonard Degnan, condenado en 2014 por corrupción, y el colaborador Melix Bonilla enfrentó investigaciones relacionadas con irregularidades en el departamento de policía.

Estos incidentes reflejan un fenómeno más grande: el crecimiento de la representación dominicana en la política de EE. UU. ha venido acompañado de controversias y problemas legales que ponen a prueba la confianza que los votantes depositan en sus representantes.

Según Pou, el problema radica en la calidad de los funcionarios públicos que acceden al poder. “Los hombres de Estado han sido reemplazados por hombres populares”, señaló, resaltando la distinción entre aquellos con trayectoria en servicio público y los que únicamente conectan con el electorado.

El politólogo destacó que es esencial que quienes manejan recursos públicos comprendan que estos bienes son de la comunidad, y su deber es protegerlos.

Pou también instó a no apresurarse en juzgar el caso DePeña. El alcalde debe ser considerado inocente hasta que se demuestre lo contrario, y confió en que el debido proceso se respete en la corte.

La etapa judicial del caso recién comienza, lo que significa que los fiscales deben fundamentar sus acusaciones, mientras DePeña tiene la oportunidad de defenderse.

Si se prueban los cargos, esto podría marcar un punto crítico para la representación dominicana en la política americana. Por el contrario, si no se validan las acusaciones, podría quedar absuelto.

Más allá de la resolución del caso, lo crucial es el debate sobre ética, responsabilidad y confianza pública que surge de estas circunstancias.

A través de los años, la comunidad dominicana en Estados Unidos ha ganado una presencia política notable. Desde alcaldías hasta legislaturas estatales, han transformado su influencia de ser una mera fuerza laboral a una significativa fuerza política.

Por ello, situaciones como la de Brian DePeña obligan a replantear hasta dónde debe llegar la responsabilidad de quienes reciben el voto y cómo se puede garantizar que el poder no se use para fines personales.

La justicia estadounidense tomará la última decisión sobre las acusaciones contra DePeña, mientras la comunidad dominicana sigue de cerca un caso que reabre interrogantes sobre el tipo de dirigentes que están asumiendo el poder y su manejo de la confianza ciudadana.

Implicaciones del Caso DePeña en la Comunidad Dominicana

• Acusaciones de fraude y lavado de dinero contra el alcalde DePeña.
• Impacto en la percepción de la comunidad dominicana en la política estadounidense.
• Comparaciones históricas con otros casos de políticos dominicanos en Estados Unidos.
• Importancia de la ética y responsabilidad en los líderes públicos.