Santo Domingo. El Defensor del Pueblo implementará una estrategia nacional de pedagogía social titulada “Código Penal para la Ciudadanía.” Esta iniciativa tiene como objetivo principal facilitar la comprensión de la nueva legislación penal, relacionándola con situaciones cotidianas. La intención es convertir una temática que suele estar reservada para especialistas en una herramienta accesible, que permita prevenir riesgos, reconocer derechos y responsabilidades, y entender cómo actuar ante posibles vulneraciones.

En un comunicado de prensa, el órgano constitucional destacó que esta estrategia contará con 44 tarjetones pedagógicos organizados en dos colecciones. La primera incluye 18 tarjetones que abordan los fundamentos constitucionales, derechos fundamentales, garantías, deberes ciudadanos y principios de una ciudadanía responsable. La segunda colección, compuesta por 26 tarjetones, explicará los aspectos clave del nuevo Código Penal relacionados con temas cruciales como la vida, integridad, familia, violencia, propiedad, intimidad, entorno digital, estafas, corrupción, responsabilidad empresarial, sanciones y protección de víctimas.

Para la parte penal, se tomará como referencia la guía oficial elaborada por la Procuraduría General de la República, que ha sido difundida también por la Presidencia. Este enfoque integrará una metodología territorial en la que cada jornada permitirá explicar, dialogar, responder preguntas y recoger las inquietudes de la ciudadanía, contribuyendo así a un proceso educativo continuo.

El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, enfatizó que la estrategia se basa en una idea fundamental: la eficacia de una ley se mide en gran parte por la capacidad de la sociedad para comprenderla. “Un Estado que opera efectivamente no solo promulga leyes, sino que también las explica con claridad, las aplica con justicia, escucha el feedback durante su implementación y aprende para mejorar su servicio. Cuando una persona conoce sus derechos y deberes, y sabe a dónde acudir, estamos transformando el conocimiento en prevención y la prevención en ciudadanía”, afirmò Ulloa.

La iniciativa se desplegará en comunidades, parques, universidades, alcaldías, juntas de vecinos y mesas comunitarias. Utilizará una metodología que incluye facilitadores, conversatorios, herramientas visuales, transmisión en vivo, una página digital de consulta, códigos QR, y contenido que estará disponible en el Aula Virtual del Defensor del Pueblo.

El despliegue en el territorio comenzará el 28 de agosto en Dajabón y se extenderá a través de jornadas los lunes y viernes hasta diciembre. Este proceso integrará la presencia de instituciones públicas, gobiernos locales y organizaciones comunitarias, junto a herramientas digitales, para asegurar que la formación continúe más allá de cada encuentro.

Ulloa subrayó que el desafío que enfrenta una transformación jurídica de tal magnitud no se limita a explicar delitos y sanciones. Se trata de contribuir a una cultura donde las personas conozcan los límites de su conducta, comprendan las responsabilidades de las instituciones, y tengan las herramientas necesarias para protegerse y convivir armoniosamente.

Estrategia del Defensor del Pueblo para la Ciudadanía

• Implementación de 44 tarjetones pedagógicos sobre derechos y deberes ciudadanos.
• Estrategia basada en la comprensión clara de la nueva legislación penal.
• Despliegue territorial comenzará el 28 de agosto en Dajabón.
• Objetivo de fomentar una cultura de conocimiento y prevención jurídica.

Clarificación sobre Reasignaciones en el Poder Judicial

El Consejo del Poder Judicial (CPJ) ha comunicado que las recientes medidas administrativas, que incluyen movimientos internos de tres juezas de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, no representan traslados, sino reasignaciones dentro del mismo tribunal.

Esta aclaración surge tras las objeciones planteadas por las juezas Natividad Ramona Santos, Wendy Altagracia Valdez y Pilar Antonia Rufino Díaz, quienes denunciaron que los cambios fueron implementados sin consulta previa mediante un acta del 19 de agosto.

Las magistradas describieron la decisión como “un acto de arbitrariedad, ilegalidad y retaliación en su contra”, expresando su sorpresa ante los cambios. En respuesta, el CPJ, mediante un comunicado, ha explicado que la resolución núm. CPJ-2026-RECA-014 aborda varios aspectos, incluidos los movimientos internos organizados por la Dirección General de Administración y Carrera Judicial.

Estas medidas tienen como objetivo fortalecer el equilibrio en la distribución de la experiencia jurisdiccional, en el contexto de recientes ascensos y cambios de jerarquía en distintos órganos judiciales. El Consejo precisó que las decisiones fueron tomadas considerando las necesidades del servicio y la distribución del trabajo, y que estas consideraciones habían permitido determinar la conformación más adecuada para asegurar el funcionamiento de los tribunales.

El CPJ destacó que los movimientos en cuestión no deben considerarse traslados según lo definido en la Ley núm. 327-98 sobre Carrera Judicial. Un traslado implica el cambio de un juez de un tribunal a otro, mientras que las disposiciones actuales son reasignaciones dentro de un mismo tribunal.

A consecuencia de esto, los jueces y juezas involucrados continúan en su misma Cámara, manteniendo la jurisdicción, especialidad y categoría judicial, sin ser enviados a otros órganos o a materias diferentes de aquellas en las que ejercen actualmente.

Además, el Consejo puntualizó que las decisiones todavía no tienen carácter definitivo, ya que se mantienen abiertos los plazos legales para presentar y conocer los correspondientes recursos de reconsideración, conforme al debido proceso administrativo.

El CPJ enfatizó la importancia de distinguir entre las figuras de traslado y reasignación, para evitar malentendidos respecto a las decisiones administrativas, afirmando que una comprensión clara de estos procesos es crucial para la transparencia institucional y para fomentar un debate público fundamentado en información precisa y contextualizada.

Actualización sobre los Movimientos Judiciales

• Las medidas son reasignaciones, no traslados, dentro del mismo tribunal.
• Las juezas objetaron el cambio, considerándolo ilegal y arbitrario.
• El CPJ busca fortalecer el equilibrio en la experiencia jurisdiccional.
• Las decisiones aún están sujetas a recursos de reconsideración.