El Gobierno de Donald Trump ha intensificado recientemente las restricciones para obtener visas y acceder a Estados Unidos. Estas incluyen nuevas prohibiciones de viaje, la suspensión de visas de inmigrante, mayores requisitos económicos y masivas revocaciones de permisos, en un contexto donde se registran cifras récord de deportaciones.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) reportó en julio un número mensual de detenciones que alcanzó un máximo histórico durante el segundo mandato de Trump, con 49,571 arrestos, según datos de las universidades de California Berkeley y UCLA.

Las políticas migratorias de Trump también han dado lugar a un aumento de demandas legales de diversas organizaciones a nivel nacional, lideradas por la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU). La administración ha desafiado algunas de estas demandas, logrando ciertos éxitos.

La postura de Trump hacia la inmigración irregular ha marcado su carrera política, destacándose discursos xenófobos como el que pronunció en 2015 al anunciar su candidatura presidencial, donde afirmaba que México enviaba a Estados Unidos crimen, drogas y violadores.

Desde su llegada a la Casa Blanca en 2017, firmó órdenes ejecutivas que prohibieron la entrada al país de ciudadanos de varios países de mayoría musulmana por un periodo de 90 días, así como la suspensión indefinida del programa de admisión de refugiados sirios.

Además, autorizó la construcción de un muro fronterizo, una promesa que había repetido durante su campaña presidencial y que continuó siendo un tema candente a lo largo de su primer mandato.

Conflicto Legal

En este segundo mandato, Trump ha profundizado estas acciones, llevando a cabo lo que se describe como «la mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos». Una de las decisiones más controvertidas ha sido la suspensión temporal de las citas para solicitar visas de inmigrante a nivel global. Según la administración, esto es necesario para capacitar a su personal consular en nuevos procedimientos.

El Departamento de Estado anunció el miércoles esta suspensión, justo después de que una jueza federal en Nueva York anulase la suspensión de la tramitación de visas para ciudadanos de 75 países, considerándola «contraria a la ley» y un exceso de poder por parte del secretario de Estado, Marco Rubio.

Poco después, grupos de defensa legal y familias inmigrantes presentaron una moción en el mismo tribunal para exigir que Rubio cumpla con el fallo de la jueza.

Los demandantes argumentan que «el Gobierno ha tomado medidas que parecen perpetuar la suspensión» de las solicitudes de visas de inmigrante, sugiriendo una falta de cumplimiento con la orden judicial.

Restricciones Ampliadas

Con el pretexto de reducir la inmigración irregular, Trump ha implementado otras políticas restrictivas, como la imposición de fianzas de entre 10,000 y 20,000 dólares para ciudadanos de 50 países, principalmente africanos, para visas de turismo y negocios, que incluyen a Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Esta medida retoma su controversial política de «carga pública» de la primera administración, que busca negar la residencia permanente (green card) a inmigrantes que puedan depender de ayuda gubernamental.

Adicionalmente, esta semana, Trump anunció una fianza de 100,000 dólares para visas H-1B, que normalmente se otorgan a trabajadores de sectores como tecnología e ingeniería.

Su política migratoria también afecta a los beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y a miles bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS), que les permite vivir y trabajar en Estados Unidos sin temor a la deportación.

Cancelación de Visas Actuales

La administración Trump también está considerando cancelar las visas de negocios y turismo de aquellos extranjeros que hayan solicitado asilo tras ingresar al país.

El subsecretario de Estado, Christopher Landau, reportó que, tras revisar visas diplomáticas y oficiales concedidas entre 2019 y 2023, se encontraron 420 individuos que habían ingresado con esos visados y después solicitaron asilo.

Landau afirmó: «Personas que fueron admitidas en nuestro país en nombre de un gobierno extranjero alegaron que debían permanecer porque enfrentaban persecución de ese mismo gobierno».

Por último, el Gobierno de Trump presentó una demanda contra leyes estatales en Arizona, Nuevo México, Oregón y Washington que permiten a universidades ofrecer tarifas reducidas y ayudas financieras a estudiantes sin estatus migratorio.

Restricciones Migratorias en la Administración Trump

• Endurecimiento de las restricciones de visa y aumentos en los requisitos económicos.
• Récord de detenciones por parte del ICE, alcanzando 49,571 arrestos en julio.
• Suspensión de citas para visas de inmigrante a nivel mundial, en medio de un conflicto legal.
• Aumento de fianzas de visas, incluyendo 100,000 dólares para visas H-1B.