El Gobierno de Cuba ha rechazado, de forma contundente, las acusaciones realizadas por Estados Unidos este miércoles, que lo vinculan con el conflicto bélico en Ucrania. Según la administración cubana, tales afirmaciones son «falsas, sin sustento ni evidencia alguna».

En un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex) de La Habana, se aseguró que «Cuba no forma parte de este conflicto, ni participa con efectivos militares allí, ni en ningún otro país».

La cancillería cubana agregó que las acusaciones del gobierno estadounidense tienen como finalidad «confundir y desinformar a la comunidad internacional».

«Cuba apoya la solución pacífica de los conflictos a través del diálogo y las negociaciones, como en el caso de Ucrania, en consonancia con el Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas», reza el comunicado.

Reclutamiento de ciudadanos cubanos: una acusación infundada

Además, la declaración enfatiza que «ninguno de los ciudadanos cubanos que han participado o participan en cualquier parte de este conflicto tiene el apoyo o el consentimiento de alguna institución estatal o gubernamental cubana».

Se menciona que «en su gran mayoría, el reclutamiento de estos ciudadanos cubanos, al igual que el de muchos de otras nacionalidades, se ha llevado a cabo desde el extranjero».

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La Cancillería subrayó que «a diferencia de EE. UU., Cuba mantiene un historial limpio en su lucha contra el grave problema del mercenarismo, frente al que tiene una política de tolerancia cero».

«Cuba procesa y sanciona penalmente el mercenarismo de acuerdo con su legislación nacional y obligaciones internacionales», añade el texto.

Cuba: acción contra el mercenarismo

En este contexto, se indica que «desde 2023, se han investigado 17 expedientes preliminares por el delito de mercenarismo, con 49 personas imputadas». De ellas, «43 han sido presentadas ante el Tribunal en 12 procesos, con solicitudes de sanciones que varían entre 5 y 16 años de privación de libertad».

Asimismo, se informa que «en cinco casos con seis imputados, la Fiscalía General de la República optó por no ejercer acción penal y determinó el sobreseimiento de los mismos, al no comprobarse su intervención en dicho delito».

Según el informe, «hasta ahora se han llevado a cabo diez juicios orales, mientras que otros dos se encuentran pendientes». Además, agrega que «los acusados han sido sancionados de acuerdo con las solicitudes de la Fiscalía».

París vive este miércoles su tercera noche consecutiva bajo un toque de queda que afecta a dos áreas céntricas de la ciudad. Esta medida fue implementada debido a los saqueos y actos vandálicos ocurridos el último fin de semana, según declaró la Prefectura de Policía (PP) de la ciudad.

Siguiendo las instrucciones del primer ministro Sébastien Lecornu y del ministro del Interior Laurent Nuñez, el prefecto de policía ha establecido que el toque de queda, que prohíbe la presencia de personas tanto mayores como menores, será efectivo en los perímetros de la plaza de la República y el sector de Les Halles. Este estará vigente desde las 23:00 horas local hasta las 6:00 horas del día siguiente (21:00-4:00 GMT), según un comunicado de la PP en la red social X.

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Este nuevo toque de queda es similar al establecido la noche anterior, aunque con un alcance menos amplio que el del lunes. La primera restricción incluyó áreas cercanas a importantes centros de poder, como el Elíseo y la Asamblea Nacional.

En otras ciudades de Francia, como Niza y Burdeos, también están vigentes toques de queda en ciertos barrios, aunque limitados a menores de edad no acompañados. Estas medidas se aplicarán hasta el 26 de octubre.

Marsella y Lyon, que han estado bajo toque de queda las últimas noches, aún no han definido si renovarán estas restricciones.

Las medidas están dirigidas a controlar los saqueos y la violencia que se desató durante las manifestaciones del sábado 17 de octubre, donde la población protestó por el aumento del costo de vida y la degradación de la sanidad y la educación. Se estima que al menos 3.000 establecimientos comerciales fueron afectados por estos disturbios.

En total, se han registrado más de 2.500 arrestos en toda Francia durante estos incidentes, con un 95 % de los detenidos siendo hombres y un 70 % mayores de edad. De estos, 174 personas se encuentran en prisión preventiva, según los últimos datos proporcionados por el ministro de Justicia Gérald Darmanin.

Las autoridades se mantienen en estado de alerta ante la convocatoria de una nueva movilización programada para el sábado 24 de octubre, organizada por el movimiento de los chalecos amarillos.