Polonia se encuentra este sábado sumida en una profunda incertidumbre institucional luego de una agitada noche marcada por tensiones en el Tribunal Constitucional (TC). La lucha por el control del organismo comienza entre los jueces designados por la actual mayoría parlamentaria, liderada por el primer ministro Donald Tusk, y aquellos respaldados por su adversario político, el presidente Karol Nawrocki.

Los acontecimientos se desataron el viernes por la tarde, cuando la jueza Anna Korwin-Piotrowska decidió suspender de inmediato al presidente del TC, Bogdan Święczkowski, y al vicepresidente Bartłomiej Sochański, asumiendo ella misma la dirección del tribunal.

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Ante esta situación, la Policía intervino a petición de la magistrada y desde entonces ha cerrado el acceso al edificio a los presidentes suspendidos. Mientras tanto, cientos de manifestantes han permanecido concentrados en la entrada, creando una atmósfera de tensión.

Durante la noche, se produjeron enfrentamientos entre agentes antidisturbios y un grupo de diputados de la oposición, así como manifestantes en las afueras del TC. Nawrocki, que había interrumpido su viaje oficial a Senegal, regresó a la capital polaca y, tras la medianoche, ingresó al TC junto al primer presidente del Tribunal Supremo, Zbigniew Kapiński. Allí denunció “una violación del orden constitucional” y anunció consultas urgentes con las fuerzas parlamentarias.

El detonante del conflicto

Korwin-Piotrowska argumenta que no reconoce la legitimidad de Święczkowski por su supuesta violación de la ley al bloquear de manera sistemática a los jueces elegidos por el Parlamento actual. Se apoya en el artículo 12.4 de la ley de 2016 sobre el TC, que establece que si el presidente no puede delegar, el juez con mayor antigüedad asumirá esa función.

Este punto ha generado controversia, ya que Korwin-Piotrowska sostiene que al suspender al presidente, este no pudo delegar funciones, mientras que otro juez, Wojciech Sych, posee más tiempo en el TC. La legitimidad de la jueza es cuestionada: Nawrocki no le tomó juramento, un requisito necesario según la dirección del tribunal.

Algunos juristas polacos opinan que una sola jueza no tiene la autoridad para suspender al presidente del tribunal, argumentando que tal decisión corresponde a la Asamblea General del TC. Sin embargo, Korwin-Piotrowska sostiene que tanto Święczkowski como Sochański han incumplido la ley al obstaculizar el ejercicio de varios jueces designados por el Parlamento.

De la contienda legal a la crisis institucional

Esta crisis tiene sus raíces en la reforma judicial del anterior Gobierno del partido ultraconservador PiS (Ley y Justicia), que gobernó desde 2015 hasta 2023. Las reformas impugnadas llenaron el TC de jueces afines al partido, lo que suscitó la preocupación de organismos jurídicos internacionales y de instituciones como la Comisión de Venecia y el Tribunal de Justicia de la UE.

Bruselas, en diciembre de 2017, activó el procedimiento del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, sentenciando un “riesgo claro” de violación grave del estado de derecho en Polonia. Además, el Tribunal impuso una multa diaria de un millón de euros por mantener la Cámara Disciplinaria del Tribunal Supremo, la cual es considerada un instrumento de control gubernamental sobre los jueces.

El Gobierno actual pretende renovar el TC y restablecer su legitimidad, pero se topa con la resistencia de la dirección saliente. Tusk presentó un plan en febrero de 2024, logrando que la Comisión Europea desbloqueara los fondos retenidos. Sin embargo, la herencia institucional del PiS ha complicado estos esfuerzos, dejando al TC inmerso en un conflicto donde los miembros se disputan mutuamente la legitimidad, configurando así una crisis institucional con consecuencias inciertas.

Incertidumbre Institucional en Polonia

• La lucha por el control del Tribunal Constitucional es central en esta crisis.
• La magistrada Anna Korwin-Piotrowska ha suspendido la dirección del tribunal.
• El Gobierno actual busca renovar el tribunal pero enfrenta resistencia.
• Las reformas judiciales del anterior Gobierno generaron conflictos legales y cuestionamientos internacionales.

Una jueza federal ha emitido un fallo significativo este viernes, ordenando al Departamento de Justicia de Estados Unidos que cese las amenazas de procesamiento penal a funcionarios electorales estatales y locales. Esta decisión ocurre a pocos días de las cruciales elecciones de medio mandato.

La magistrada Trina Thompson, quien pertenece al tribunal federal del distrito norte de California, también ha prohibido que la Administración del presidente Donald Trump exija la eliminación de votantes de los padrones electorales. Además, se ha establecido que no se puede rechazar la entrega de papeletas a determinados electores ni separar los votos emitidos en las elecciones de noviembre debido a dudas sobre la elegibilidad de los votantes.

Esta orden judicial, concedida en respuesta a una demanda presentada por el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU) y otros grupos, obliga al Departamento de Justicia a comunicarse con los funcionarios estatales y locales que previamente recibieron advertencias de posibles procesamientos. Deben avisarles que dichas amenazas están ahora prohibidas.

Análisis del fallo judicial

La jueza Thompson argumentó que el interés público requiere que los trabajadores electorales desempeñen sus funciones de acuerdo con la legislación federal y los procedimientos electorales establecidos. Este fallo se alinea con una serie de decisiones judiciales que han desafiado las iniciativas del Gobierno relacionadas con la revisión de la elegibilidad de votantes.

En este contexto, otra decisión importante se produjo esta semana, cuando el juez David Carter rechazó la solicitud del Departamento de Justicia para anular hasta 20,000 votos de personas señaladas como posibles no ciudadanas en California. Posteriormente, un tribunal de apelaciones mantuvo esta decisión, reafirmando el compromiso con la integridad del proceso electoral.