Amnistía Internacional (AI) ha presentado un informe titulado «Seguridad sin derechos», el cual fue revelado en Ciudad de México. Este documento subraya preocupaciones graves respecto a las violaciones de derechos humanos en El Salvador.

La organización destaca que «la evidencia recopilada indica que las violaciones documentadas no son incidentes aislados, sino que forman parte de patrones sistemáticos facilitados por la reconfiguración del marco institucional y legal del país». Esta afirmación plantea serias dudas sobre la situación actual de los derechos humanos en la nación centroamericana.

Los hallazgos del informe subrayan que la privación grave de libertad a gran escala, junto con denuncias sistemáticas de tortura, desapariciones forzadas y muertes bajo custodia estatal, no pueden ser entendidos como incidentes aislados. En cambio, estos elementos forman parte de un patrón de abusos que, por su escala y organización, podrían ser considerados crímenes de lesa humanidad bajo el derecho penal internacional.

El instaurado régimen de excepción en marzo de 2022, en respuesta a un aumento en los asesinatos por parte de pandilleros, ha generado más de 6,400 denuncias de violaciones a derechos humanos. Esta medida, promovida por el gobierno del presidente Nayib Bukele, busca erradicar la violencia de las maras.

Críticas al enfoque de seguridad actual

Durante la presentación virtual del informe, la directora para las Américas de AI, Ana Piquer, enfatizó que «la seguridad no puede construirse sobre la arbitrariedad, la tortura, las desapariciones forzadas y la anulación del debido proceso».

Piquer también señaló que, aunque el Estado tiene la obligacion de proteger a la población frente a la violencia criminal, dicha responsabilidad no justifica la comisión de graves violaciones a los derechos humanos.

Este es el segundo aviso sobre la realización potencial de crímenes de lesa humanidad en El Salvador. En marzo pasado, el Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la investigación de violaciones de derechos humanos ya había alertado sobre una situación similar.

El informe de AI se basa en el monitoreo desde el inicio del régimen de excepción, abarcando seis visitas de documentación entre mayo de 2022 y enero de 2025 y más de 109 entrevistas con diversas víctimas y profesionales del ámbito legal, revelando un panorama preocupante.

Demandas de las organizaciones de derechos humanos

La investigación ha permitido documentar 82 casos individuales representativos que ilustran los patrones de violaciones a derechos humanos durante este período, resaltando la magnitud del problema.

La medida, que fue inicialmente temporal, ha resultado en la detención de más de 92,480 personas, acusadas de ser pandilleros o colaboradores. Aunque esta situación tiene un apoyo popular de cerca del 85%, hay llamados de diversas organizaciones de derechos humanos para terminar con esta medida.

Piquer advirtió: «Esta investigación evidencia que las autoridades salvadoreñas han permitido que su política de seguridad derive en violaciones sistemáticas y generalizadas de derechos humanos, afectando a miles de personas que no presentan indicios robustos de haber cometido delitos».