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Nacionales

Así enfrentan miles de niños el desafío de estudiar en escuelas públicas

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Las aulas del sistema educativo público dominicano están cada vez más llenas. Los datos oficiales del período escolar 2024-2025 confirman lo que maestros, padres y estudiantes viven a diario: escuelas saturadas en las zonas urbanas y planteles con carencias estructurales en las provincias más pobres.

En promedio, una aula pública en el país alberga cerca de 29 estudiantes, pero esa cifra se dispara en varias regiones, donde hay cursos con más de 40 alumnos bajo la responsabilidad de un solo docente. La realidad cambia de una provincia a otra, pero el problema es el mismo: el crecimiento de la matrícula no ha ido al mismo ritmo que la construcción de escuelas, aulas y la contratación de maestros.

El Gran Santo Domingo: donde las escuelas ya no dan abasto

En el Gran Santo Domingo se concentra la mayor presión del sistema. Distritos educativos de Santo Domingo Norte, Este y Oeste registran entre 390 y más de 410 estudiantes por centro educativo, con aulas que llegan a tener entre 38 y 47 alumnos.

En sectores como Los Alcarrizos, Pedro Brand, Villa Mella, Sabana Perdida y Mendoza, los maestros enfrentan grupos numerosos que hacen difícil atender a cada estudiante como se requiere. En muchos casos, un docente tiene a su cargo hasta 20 o más estudiantes, una carga que limita el seguimiento académico y la atención a problemas de aprendizaje.

Este panorama está directamente relacionado con el crecimiento acelerado de la población, la migración interna hacia la capital y la falta de nuevas escuelas en zonas que se expandieron más rápido de lo previsto.

Santiago: muchas escuelas, muchos estudiantes

En Santiago, la segunda provincia más poblada del país, la situación no es muy distinta. Los centros educativos superan los 270 estudiantes por plantel, con aulas que rondan o superan los 30 alumnos.

Aunque Santiago cuenta con más aulas y una estructura educativa algo más organizada que el Gran Santo Domingo, la alta cantidad de estudiantes sigue generando presión dentro de las escuelas, especialmente en los distritos de la zona urbana.

San Cristóbal y San Pedro: presión que se extiende fuera de la capital

La saturación escolar no se limita a la capital. En San Cristóbal, hay distritos donde las aulas llegan a 46 estudiantes, una cifra que dificulta cualquier intento de educación personalizada.

Algo similar ocurre en San Pedro de Macorís, donde el promedio de estudiantes por centro supera los 250, con cursos que rondan los 30 alumnos por aula, sobre todo en los municipios más urbanizados.

En la frontera hay menos alumnos, pero más carencias

En las provincias fronterizas, como Bahoruco, Pedernales y Monte Cristi, las escuelas tienen menos estudiantes, con promedios que van de 145 a 180 alumnos por centro.

Sin embargo, menos estudiantes no significa mejores condiciones. En muchos de estos planteles faltan aulas adecuadas, docentes especializados y recursos básicos. Las escuelas operan con lo mínimo, en comunidades marcadas por la pobreza, la migración y la falta de oportunidades.

El Este crece… y las escuelas se quedan atrás

La región Este refleja otra realidad. En La Altagracia, el crecimiento del turismo y la migración laboral ha provocado que las aulas superen los 37 estudiantes, especialmente en Higüey y zonas cercanas.

El aumento de la población ha sido más rápido que la expansión del sistema educativo, y eso se traduce en cursos llenos y maestros con una carga cada vez mayor.

Dos países dentro de una misma escuela pública

Las cifras del Ministerio de Educación muestran un sistema educativo con dos realidades muy distintas. En las grandes ciudades, el problema es la sobrepoblación en las aulas. En las zonas rurales y fronterizas, el reto sigue siendo la falta de infraestructura y recursos.

En ambos casos, el impacto recae sobre los estudiantes y los docentes. Mientras unos aprenden en aulas abarrotadas, otros lo hacen en escuelas con limitaciones básicas. El desafío no es solo tener más estudiantes inscritos, sino garantizar condiciones dignas para aprender y enseñar.

A las puertas de nuevos períodos escolares, los números dejan una pregunta abierta: ¿hasta cuándo el sistema educativo podrá seguir creciendo sin una planificación que equilibre población, infraestructura y calidad?

Realidad educativa del sistema escolar dominicano

  • El sistema educativo dominicano enfrenta una sobrepoblación en aulas, especialmente en zonas urbanas.
  • La falta de infraestructura y recursos es un problema significativo en provincias más pobres.
  • Las regiones con alta migración, como el Gran Santo Domingo, tienen aulas con más de 40 estudiantes.
  • San Cristóbal y San Pedro también muestran elevados promedios de estudiantes por aula, afectando la calidad educativa.

Nacionales

Inapa exige salvaguardar reservas para agua y alcantarillado en Punta Cana

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PUNTA CANA. El Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) ha presentado una solicitud formal para que el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Verón-Punta Cana incluya y proteja los corredores, servidumbres, reservas y terrenos necesarios para el Proyecto Integral de Agua Potable, alcantarillado sanitario y reúso. Esta iniciativa es respaldada por financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La entidad estatal resalta la importancia de prevenir que futuras urbanizaciones o autorizaciones pongan en riesgo una infraestructura que es crítica para el crecimiento de la zona turística. Esta acción tiene como objetivo garantizar que el desarrollo urbano avance de manera ordenada y sostenible.

La solicitud fue enviada el 14 de agosto de 2026 por Wellington Arnaud Bisonó, director ejecutivo del Inapa, a Ramón Antonio Ramírez de la Rosa (Manolito), director distrital de Verón-Punta Cana; a la alcaldesa de Higüey, Karina Aristy; y a Erick de la Rosa, presidente del Concejo de Regidores de Higüey. Este paso se enmarca dentro del proceso de consulta y aprobación del POT.

El contenido del documento refleja uno de los retos más importantes en la planificación territorial de Verón-Punta Cana: la necesidad de coordinar el crecimiento urbano con las inversiones en infraestructura pública que sostendrán el desarrollo turístico y poblacional en las próximas décadas.

Inapa está desarrollando, con el apoyo del BID a través del programa DR-L1172, un proyecto integral que abarca desde fuentes y sistemas de abastecimiento de agua potable hasta la recolección y tratamiento de aguas residuales. Esta intervención es fundamental para asegurar un suministro adecuado de recursos a una población creciente.

La entidad enfatiza que la magnitud del proyecto requiere una planificación territorial, ambiental y predial adecuada para garantizar su viabilidad y operación en el futuro.

OCHO SOLICITUDES AL POT

En su comunicación, Inapa plantea ocho requerimientos específicos que deben ser incorporados antes de la aprobación definitiva del POT. Entre ellos, la identificación del Proyecto Integral VPC como una actuación estructurante y de utilidad pública, destacando sus fases y los responsables del mismo.

También se propone establecer categorías de uso de suelo que aseguren la protección de captaciones, estaciones de bombeo y redes de alcantarillado, entre otros elementos cruciales para el funcionamiento del sistema de agua.

Además, se solicita que la cartografía oficial del POT incluya los polígonos y reservas necesarios para la ejecución del proyecto, garantizando que existan márgenes suficientes para ajustes técnicos futuros.

Un aspecto importante es coordinar la disponibilidad de terrenos y accesos necesarios, evitando que nuevas urbanizaciones afecten áreas vitales para el sistema de agua y saneamiento. La comunicación insiste en la necesidad de cruzar los componentes del proyecto con datos sobre categorías de suelo y áreas protegidas para una planificación eficaz.

PROPONEN MESA TÉCNICA INTERINSTITUCIONAL

Parte de las recomendaciones de Inapa incluye la creación de una mesa técnica interinstitucional permanente que garantice la coordinación en la ejecución del proyecto y su integración con el POT. Esta propuesta incluiría representantes de diversas instituciones gubernamentales y autoridades locales.

Esta mesa tiene como objetivo fomentar un enfoque coordinado que proporcione seguridad jurídica y evite decisiones que puedan resultar incompatibles con la infraestructura de interés público nacional.

La carta concluye reiterando la disposición de Inapa para aportar información técnica y cartográfica que permita avanzar de manera coherente y sostenible en el desarrollo del POT y el Proyecto Integral Verón-Punta Cana.

ETAPA DEL POT

Actualmente, el POT de Verón-Punta Cana se encuentra en fase de consulta pública. Este plan es fundamental para definir el crecimiento urbano del distrito turístico en los próximos años, regulando el uso del suelo y identificando infraestructuras estratégicas.

La discusión en torno al POT ha generado debates sobre la clasificación de terrenos y las implicaciones que tendrá sobre futuros desarrollos inmobiliarios y turísticos. La intervención de Inapa resalta la necesidad de reservar espacios para una red integral de agua, evitando que el crecimiento urbano ocupe áreas cruciales para sostener el desarrollo de la región.

Solicitud del Inapa para el POT de Verón-Punta Cana

  • Protección de corredores y servidumbres para el Proyecto Integral de Agua Potable.
  • Propuesta de ocho requerimientos específicos para su incorporación en el POT.
  • Creación de una mesa técnica interinstitucional para asegurar la coordinación del proyecto.
  • Fase de consulta pública activa, esencial para definir el crecimiento urbano futuro.
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Abinader traslada su residencia oficial a Santiago ¡Descubre por qué!

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El presidente Luis Abinader ha tomado la decisión de trasladar temporalmente la residencia oficial del jefe de Estado de Santo Domingo de Guzmán hacia Santiago de los Caballeros. Este cambio se llevará a cabo durante el periodo del 14 al 16 de septiembre de 2026.

Esta acción está formalizada en el Decreto 642-26, que establece que durante estos tres días, la residencia oficial del mandatario estará ubicada en Santiago, desde donde desarrollará su agenda de trabajo habitual.

El decreto también especifica que los ministros, viceministros, directores generales, y otros funcionarios que dependen directamente del Poder Ejecutivo deberán permanencer al frente de sus respectivas instituciones. Esto es fundamental para garantizar la continuidad de las labores administrativas del gobierno.

Además, se ha indicado que los asuntos oficiales seguirán siendo gestionados por los canales ordinarios. Los interesados deberán dirigirse a los ministerios y dependencias correspondientes, que se encargarán de tramitar ante la Presidencia de la República aquellos asuntos que requieran la intervención del jefe de Estado a través de los canales institucionales establecidos.

Esta disposición tiene aplicación inmediata y se mantendrá vigente hasta el retorno de la sede presidencial a su ubicación permanente en Santo Domingo de Guzmán. El decreto ha sido remitido a los ministerios, direcciones generales y demás dependencias del Poder Ejecutivo para su conocimiento y fines correspondientes.

Cambio Temporal de Residencia Oficial del Presidente

  • El presidente Abinader trasladará su residencia a Santiago del 14 al 16 de septiembre de 2026.
  • El traslado está formalizado en el Decreto 642-26.
  • Los funcionarios del Poder Ejecutivo mantendrán sus labores en sus instituciones.
  • Los asuntos oficiales se tramitarán por los canales habituales.
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Defensa de Jean Alain: «Juicio innecesario» y pide cerrar el caso Medusa.

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La defensa del exprocurador Jean Alain Rodríguez ha calificado de “innecesario” el juicio del caso Medusa. En este contexto, han solicitado la extinción del proceso, argumentando que han transcurrido casi seis años sin que se haya dictado una sentencia definitiva.

El abogado Manuel Sierra detalló que parte de las defensas ha hecho reiteradas peticiones para la extinción del proceso, fundamentándose en la legislación dominicana, específicamente en el Código Procesal Penal y en sentencias del Tribunal Constitucional sobre la duración razonable de los procesos judiciales. En sus palabras, “Estamos en presencia de un juicio innecesario, de personas sometidas al banquillo”.

Sierra también mencionó que, si el juicio continúa, el proceso podría extenderse hasta los siete años antes de llegar a una sentencia en primera instancia. A esto, añadió que habría que sumar el tiempo correspondiente a posibles recursos ante la Corte de Apelación y la Suprema Corte de Justicia, lo que podría llevar a demoras de entre ocho y nueve años para obtener una resolución definitiva.

Desde su perspectiva, la persistencia del Ministerio Público para proseguir con el caso carece de justificación y podría tener repercusiones en las responsabilidades del Estado dominicano. Calificó de “temeraria” la decisión de seguir adelante con unas acusaciones que, según su criterio, no han producido un fallo concluyente en el lapso que corresponde.

Sierra también expresó preocupaciones sobre cómo se ha estructurado la acusación contra los imputados. Criticó que el Ministerio Público no ha individualizado adecuadamente las conductas imputadas a cada acusado, ni ha especificado las circunstancias de tiempo, modo y espacio en que supuestamente ocurrieron los hechos delictivos.

Además, puso en tela de juicio la inclusión de un testigo que, según él, previamente había sido identificado en España como un actor clave en el caso y ahora es presentado como testigo del Ministerio Público. Cuestionó cómo alguien que fue señalado como principal autor puede cambiar su papel sin que se haya agotado el proceso correspondiente.

El abogado también alegó que durante las investigaciones realizadas en España, mediante cooperación internacional, se llevaron a cabo interrogatorios, auditorías y peritajes sin que las defensas fueran debidamente informadas. Para Sierra, estas actuaciones deben ser analizadas considerando el carácter acusatorio y adversarial del sistema penal dominicano.

A pesar de estos interrogantes, la solicitud de extinción sigue siendo el núcleo de la defensa. Sierra reafirmó que mantener un proceso abierto durante tanto tiempo, sin una sentencia definitiva, somete a los imputados a una prolongación que es incompatible con las garantías procesales.

Solicitudes de Extinción del Proceso del Caso Medusa

  • La defensa argumenta que el juicio es innecesario y ha transcurrido un tiempo excesivo sin sentencia definitiva.
  • Se cuestiona la estructura de la acusación y la individualización de las conductas imputadas a cada acusado.
  • El abogado critica la inclusión de un testigo que antes fue señalado como autor principal en el caso.
  • La defensa considera que la prolongación del proceso puede llevar a responsabilidades para el Estado dominicano.
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