Nuevo Director General de la Policía Nacional: Cambios en la Liderazgo

El presidente Luis Abinader ha tomado una decisión clave al designar al general Ernesto Rafael Rodríguez García como el nuevo director general de la Policía Nacional. Esta acción se formalizó mediante un decreto que eleva al designado al rango de mayor general, lo cual se encuentra dentro de las atribuciones del Poder Ejecutivo.

La elección de Rodríguez García es conforme a la Ley 590-16, que establece que el director general de la Policía debe ser un oficial activo en el rango de mayor general. Esto garantiza que el liderazgo de la institución del orden esté en manos de alguien con experiencia y autoridad en la fuerza policial.

Con esta designación, se deroga el artículo 1 del Decreto 111-26, que había nombrado al anterior director de la Policía, permitiendo así un cambio efectivo en la dirección de la institución. Además, el decreto también determina que el mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz pase a una situación de retiro honorable tras concluir su mandato al frente de la Policía Nacional.

Este cambio es parte de un esfuerzo mayor del presidente Abinader por reorganizar diversas instituciones del Estado, una iniciativa que busca mejorar la eficiencia y el funcionamiento del gobierno en su totalidad.

Reestructuración en la Dirección de la Policía Nacional

• Luis Abinader nombra a Ernesto Rafael Rodríguez García como nuevo director de la Policía Nacional.
• Rodríguez García asciende al rango de mayor general conforme a la Ley 590-16.
• Se deroga el decreto anterior que designó al anterior director.
• El cambio es parte de una reestructuración más amplia del gobierno.

Los recientes cambios realizados por el presidente Luis Abinader en el tren gubernamental han generado diversas expectativas tanto en el oficialismo como en la oposición, aunque cada uno con enfoques distintos sobre lo que esta nueva etapa podría significar.

Ramón Bueno, diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), valoró de manera positiva estas modificaciones. Según sus palabras, el presidente, basándose en sus atribuciones constitucionales, tiene la disposición de remover o designar a funcionarios cuando lo considere necesario.

Además, Bueno destacó que hay una creciente expectativa respecto a la continuación de estos cambios, sugiriendo una mayor participación de los dirigentes del PRM en esta segunda fase del gobierno. Aseguró que el partido cuenta con líderes capacitados para asumir diversas posiciones en la administración pública.

El legislador argumentó que una ampliación de la participación de los dirigentes del partido podría contribuir significativamente al fortalecimiento de la gestión gubernamental y, así, reflejar la favorable percepción que, según sostiene, tienen los ciudadanos hacia Abinader en sus funcionarios.

Charlie Mariotti Paz, diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), también recibió estos cambios con interés, especialmente en lo relacionado con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant). No obstante, advirtió que los problemas acumulados en ese sector no se solucionarán de inmediato.

Mariotti Paz enfatizó que ahora es fundamental aplicar la ley y establecer un régimen de consecuencias ante las irregularidades que han afectado al tránsito. Recordó que desde la oposición se había demandado la interpelación de funcionarios para conocer las acciones que se estaban tomando en esta área.

Asimismo, el diputado identificó el sector eléctrico como uno de los principales retos que deberá enfrentar el gobierno. Expresó su deseo de que el ministro de la Presidencia, Joel Santos, comparezca ante el Congreso para aclarar cuáles son los planes para abordar los apagones y rescatar el sistema eléctrico, un problema que ha sido, según su evaluación, empeorado por la gestión de las autoridades actuales.

Estas declaraciones se producen después de que Abinader iniciara una nueva ronda de movimientos en el Gobierno, incluyendo la designación del mayor general retirado Juan Manuel Méndez García al frente del Intrant, en reemplazo de Milton Morrison. El mandatario también ha nombrado nuevos titulares para organismos encargados de la gestión de emergencias.

Cambios en el Gobierno de Abinader: Expectativas y Desafíos

• Los cambios en el gobierno generan distintas expectativas en el oficialismo y la oposición.
• El diputado Ramón Bueno aboga por más participación del PRM en la gestión pública.
• Charlie Mariotti destaca la necesidad de aplicar la ley sobre irregularidades en el tránsito.
• El sector eléctrico se presenta como un gran desafío a enfrentar por el gobierno actual.

Santo Domingo.– El senador Félix Bautista ha presentado al Senado de la República un innovador proyecto de Ley de Prevención y Prohibición de Importación de Mercancías y Bienes Producidos Mediante Trabajo Forzoso. Esta iniciativa busca establecer un marco jurídico que permita a la República Dominicana negociar con Estados Unidos la reducción de la tasa arancelaria aplicada a las exportaciones dominicanas.

De acuerdo con lo señalado por el legislador, actualmente la República Dominicana enfrenta una tasa del 12.5%, mientras que otros aliados comerciales de Estados Unidos, como El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Malasia, se benefician de una tasa de solo 10%. Este fenómeno es resultado de la implementación de normas y marcos jurídicos orientados a prohibir la importación de bienes elaborados mediante trabajo forzoso.

Bautista destacó que esta diferencia del 2.5% en las tasas arancelarias impacta negativamente la competitividad de los exportadores dominicanos. Esto es particularmente relevante en sectores clave como los dispositivos médicos y farmacéuticos, el tabaco, la agroindustria, los call centers, las bebidas alcohólicas, los plásticos y el calzado.

Como ilustración del impacto, mencionó que dentro de las zonas francas, alrededor de 40 empresas tienen como foco la producción de dispositivos médicos y farmacéuticos, equiparando el 72.2% de su producción destinada a exportaciones hacia Estados Unidos en 2025. Según su análisis, estas compañías estarían obligadas a pagar el 12.5%, en comparación con el 10% que enfrenta México, lo que afecta su competitividad en el mercado.

El senador afirmó que, de ser aprobada esta iniciativa, la República Dominicana tendría la capacidad de solicitar a Estados Unidos la eliminación del diferencial en la tasa arancelaria, alineándose con la tasa del 10% que reconocen otros países socios comerciales.

Según las estimaciones contenidas en su propuesta, esta discrepancia de tasas podría representar un costo anual que varía entre US$127 millones y US$182 millones para los exportadores dominicanos. Al igualar la tasa al 10%, el ahorro potencial para estos sectores podría alcanzar hasta US$182 millones al año.

El proyecto plantea la prohibición de importar mercancías producidas, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso y propone medidas para asegurar la trazabilidad de las cadenas de suministro de las exportaciones dominicanas. La Dirección General de Aduanas sería la responsable de gestionar estos procedimientos, mientras que el Ministerio de Trabajo actuaría como autoridad técnica encargada de evaluar la existencia de trabajo forzoso.

Además, incluiría la necesidad de una declaración jurada por parte del importador sobre su conocimiento razonable acerca de la existencia de trabajo forzoso en las mercancías, así como plazos establecidos para los procedimientos administrativos y medidas provisionales para la retención de mercancías. También se contempla un Registro Público de Prohibiciones de Importación por Trabajo Forzoso y sanciones por declaraciones falsas.

Asimismo, se imponen obligaciones de debida diligencia y trazabilidad reforzada para los exportadores en sectores considerados de alto riesgo, como el textil, agrícola, pesquero, minero y de construcción.

Bautista también hizo hincapié en que, si bien el Decreto 502-26, emitido el 23 de julio de 2026, estableció un procedimiento administrativo provisional para prohibir importaciones de mercancías producidas con trabajo forzoso, se vuelve imperativo contar con un marco jurídico sólido que responda a los estándares de «adopción y aplicación eficaz».

Finalmente, el legislador se comprometió a realizar un seguimiento del proyecto en las comisiones correspondientes del Senado y la Cámara de Diputados, así como a dialogar con los sectores exportadores, las zonas francas y las autoridades del Poder Ejecutivo involucradas.

Según los datos del documento, Estados Unidos absorbe entre el 52.5% y el 53.5% de las exportaciones totales de la República Dominicana. Las zonas francas exportaron US$8,425.9 millones en 2024, de los cuales US$6,117.2 millones se dirigieron al mercado estadounidense. En 2025, las exportaciones totales del país alcanzaron los US$14,645 millones, lo que representa un notable incremento del 13.4% en comparación con el año anterior, con Estados Unidos manteniendo su posición como principal destino de estas exportaciones.

Propuesta de Ley para Mejorar la Competitividad Exportadora de RD

• Establecimiento de un marco jurídico para negociar tasas arancelarias favorables.
• Impacto significativo de la tasa arancelaria actual en la competitividad.
• Prohibición de importaciones de bienes producidos con trabajo forzoso.
• Obligaciones de trazabilidad y debida diligencia para exportadores.