Nacionales
Alerta Verde Levantada en Barahona y Bahoruco Tras Finalización de Trabajos en Presa Monte Grande
El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) ha decidido descontinuar la alerta verde que había sido emitida para las comunidades de Barahona y Bahoruco. Esta medida se produce tras la finalización exitosa de los trabajos en la presa Monte Grande, una infraestructura crucial para la gestión hídrica y la prevención de inundaciones en la región. La presa no solo contribuirá al suministro de agua para el riego agrícola, sino que también desempeñará un papel vital en la regulación del caudal de los ríos para contener posibles desbordamientos durante temporadas de lluvias intensas.
Importancia de la Presa Monte Grande
La presa Monte Grande es una de las obras más esperadas en el país, ya que se le atribuye la capacidad de transformar la dinámica agrícola y de desarrollo en las áreas circundantes. Con una inversión significativa por parte del gobierno, esta construcción no solo busca mitigar los efectos devastadores de las inundaciones, sino que también está diseñada para almacenar agua que beneficiará a los agricultores locales. De este modo, se espera que la presa impulse la producción de alimentos y asegure la soberanía alimentaria en la región, que históricamente ha enfrentado retos significativos en este ámbito.
El desmantelamiento de la alerta verde es un indicativo de que las condiciones en la zona han mejorado considerablemente. Sin embargo, esto también conlleva una relación directa con la responsabilidad de las autoridades locales y nacionales en la supervisión del uso adecuado de los recursos hídricos. Es crucial que se establezcan mecanismos de control para asegurar que la presa cumpla su función sin ocasionar desequilibrios ecológicos que puedan surgir por un manejo inadecuado del agua.
Posibles Consecuencias y Recomendaciones
El cierre de la alerta verde también puede llevar a un cambio en la dinámica de atención de emergencia en la región. A medida que las comunidades recuperan una sensación de seguridad, es pertinente reflexionar sobre la importancia de estar siempre preparados ante eventos climáticos adversos, que pueden ser impredecibles. La desactivación de la alerta no debe llevar a la complacencia, y las comunidades deben mantenerse informadas y listas para actuar ante cualquier eventualidad.
Además, es esencial que se lleve a cabo un monitoreo constante de la presa y de los recursos hídricos locales para garantizar que no surjan problemas adicionales. Las autoridades deben establecer protocolos claros de actuación ante posibles emergencias futuras, asegurando que la población esté adecuadamente informada y equipada para enfrentarlas.
- El COE descontinúa la alerta verde para Barahona y Bahoruco.
- Finalizan los trabajos en la presa Monte Grande, crucial para la gestión hídrica.
- La presa promete mejorar la agricultura y prevenir inundaciones en la región.
- La seguridad no debe llevar a la complacencia, es necesaria la preparación ante emergencias.
- Se deben establecer protocolos de monitoreo y control para la utilización del agua.
Nacionales
Inapa exige salvaguardar reservas para agua y alcantarillado en Punta Cana
PUNTA CANA. El Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) ha presentado una solicitud formal para que el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Verón-Punta Cana incluya y proteja los corredores, servidumbres, reservas y terrenos necesarios para el Proyecto Integral de Agua Potable, alcantarillado sanitario y reúso. Esta iniciativa es respaldada por financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La entidad estatal resalta la importancia de prevenir que futuras urbanizaciones o autorizaciones pongan en riesgo una infraestructura que es crítica para el crecimiento de la zona turística. Esta acción tiene como objetivo garantizar que el desarrollo urbano avance de manera ordenada y sostenible.
La solicitud fue enviada el 14 de agosto de 2026 por Wellington Arnaud Bisonó, director ejecutivo del Inapa, a Ramón Antonio Ramírez de la Rosa (Manolito), director distrital de Verón-Punta Cana; a la alcaldesa de Higüey, Karina Aristy; y a Erick de la Rosa, presidente del Concejo de Regidores de Higüey. Este paso se enmarca dentro del proceso de consulta y aprobación del POT.
El contenido del documento refleja uno de los retos más importantes en la planificación territorial de Verón-Punta Cana: la necesidad de coordinar el crecimiento urbano con las inversiones en infraestructura pública que sostendrán el desarrollo turístico y poblacional en las próximas décadas.
Inapa está desarrollando, con el apoyo del BID a través del programa DR-L1172, un proyecto integral que abarca desde fuentes y sistemas de abastecimiento de agua potable hasta la recolección y tratamiento de aguas residuales. Esta intervención es fundamental para asegurar un suministro adecuado de recursos a una población creciente.
La entidad enfatiza que la magnitud del proyecto requiere una planificación territorial, ambiental y predial adecuada para garantizar su viabilidad y operación en el futuro.
OCHO SOLICITUDES AL POT
En su comunicación, Inapa plantea ocho requerimientos específicos que deben ser incorporados antes de la aprobación definitiva del POT. Entre ellos, la identificación del Proyecto Integral VPC como una actuación estructurante y de utilidad pública, destacando sus fases y los responsables del mismo.
También se propone establecer categorías de uso de suelo que aseguren la protección de captaciones, estaciones de bombeo y redes de alcantarillado, entre otros elementos cruciales para el funcionamiento del sistema de agua.
Además, se solicita que la cartografía oficial del POT incluya los polígonos y reservas necesarios para la ejecución del proyecto, garantizando que existan márgenes suficientes para ajustes técnicos futuros.
Un aspecto importante es coordinar la disponibilidad de terrenos y accesos necesarios, evitando que nuevas urbanizaciones afecten áreas vitales para el sistema de agua y saneamiento. La comunicación insiste en la necesidad de cruzar los componentes del proyecto con datos sobre categorías de suelo y áreas protegidas para una planificación eficaz.
PROPONEN MESA TÉCNICA INTERINSTITUCIONAL
Parte de las recomendaciones de Inapa incluye la creación de una mesa técnica interinstitucional permanente que garantice la coordinación en la ejecución del proyecto y su integración con el POT. Esta propuesta incluiría representantes de diversas instituciones gubernamentales y autoridades locales.
Esta mesa tiene como objetivo fomentar un enfoque coordinado que proporcione seguridad jurídica y evite decisiones que puedan resultar incompatibles con la infraestructura de interés público nacional.
La carta concluye reiterando la disposición de Inapa para aportar información técnica y cartográfica que permita avanzar de manera coherente y sostenible en el desarrollo del POT y el Proyecto Integral Verón-Punta Cana.
ETAPA DEL POT
Actualmente, el POT de Verón-Punta Cana se encuentra en fase de consulta pública. Este plan es fundamental para definir el crecimiento urbano del distrito turístico en los próximos años, regulando el uso del suelo y identificando infraestructuras estratégicas.
La discusión en torno al POT ha generado debates sobre la clasificación de terrenos y las implicaciones que tendrá sobre futuros desarrollos inmobiliarios y turísticos. La intervención de Inapa resalta la necesidad de reservar espacios para una red integral de agua, evitando que el crecimiento urbano ocupe áreas cruciales para sostener el desarrollo de la región.
Solicitud del Inapa para el POT de Verón-Punta Cana
- Protección de corredores y servidumbres para el Proyecto Integral de Agua Potable.
- Propuesta de ocho requerimientos específicos para su incorporación en el POT.
- Creación de una mesa técnica interinstitucional para asegurar la coordinación del proyecto.
- Fase de consulta pública activa, esencial para definir el crecimiento urbano futuro.
Nacionales
Abinader traslada su residencia oficial a Santiago ¡Descubre por qué!
El presidente Luis Abinader ha tomado la decisión de trasladar temporalmente la residencia oficial del jefe de Estado de Santo Domingo de Guzmán hacia Santiago de los Caballeros. Este cambio se llevará a cabo durante el periodo del 14 al 16 de septiembre de 2026.
Esta acción está formalizada en el Decreto 642-26, que establece que durante estos tres días, la residencia oficial del mandatario estará ubicada en Santiago, desde donde desarrollará su agenda de trabajo habitual.
El decreto también especifica que los ministros, viceministros, directores generales, y otros funcionarios que dependen directamente del Poder Ejecutivo deberán permanencer al frente de sus respectivas instituciones. Esto es fundamental para garantizar la continuidad de las labores administrativas del gobierno.
Además, se ha indicado que los asuntos oficiales seguirán siendo gestionados por los canales ordinarios. Los interesados deberán dirigirse a los ministerios y dependencias correspondientes, que se encargarán de tramitar ante la Presidencia de la República aquellos asuntos que requieran la intervención del jefe de Estado a través de los canales institucionales establecidos.
Esta disposición tiene aplicación inmediata y se mantendrá vigente hasta el retorno de la sede presidencial a su ubicación permanente en Santo Domingo de Guzmán. El decreto ha sido remitido a los ministerios, direcciones generales y demás dependencias del Poder Ejecutivo para su conocimiento y fines correspondientes.
Cambio Temporal de Residencia Oficial del Presidente
- El presidente Abinader trasladará su residencia a Santiago del 14 al 16 de septiembre de 2026.
- El traslado está formalizado en el Decreto 642-26.
- Los funcionarios del Poder Ejecutivo mantendrán sus labores en sus instituciones.
- Los asuntos oficiales se tramitarán por los canales habituales.
Nacionales
Defensa de Jean Alain: «Juicio innecesario» y pide cerrar el caso Medusa.
La defensa del exprocurador Jean Alain Rodríguez ha calificado de “innecesario” el juicio del caso Medusa. En este contexto, han solicitado la extinción del proceso, argumentando que han transcurrido casi seis años sin que se haya dictado una sentencia definitiva.
El abogado Manuel Sierra detalló que parte de las defensas ha hecho reiteradas peticiones para la extinción del proceso, fundamentándose en la legislación dominicana, específicamente en el Código Procesal Penal y en sentencias del Tribunal Constitucional sobre la duración razonable de los procesos judiciales. En sus palabras, “Estamos en presencia de un juicio innecesario, de personas sometidas al banquillo”.
Sierra también mencionó que, si el juicio continúa, el proceso podría extenderse hasta los siete años antes de llegar a una sentencia en primera instancia. A esto, añadió que habría que sumar el tiempo correspondiente a posibles recursos ante la Corte de Apelación y la Suprema Corte de Justicia, lo que podría llevar a demoras de entre ocho y nueve años para obtener una resolución definitiva.
Desde su perspectiva, la persistencia del Ministerio Público para proseguir con el caso carece de justificación y podría tener repercusiones en las responsabilidades del Estado dominicano. Calificó de “temeraria” la decisión de seguir adelante con unas acusaciones que, según su criterio, no han producido un fallo concluyente en el lapso que corresponde.
Sierra también expresó preocupaciones sobre cómo se ha estructurado la acusación contra los imputados. Criticó que el Ministerio Público no ha individualizado adecuadamente las conductas imputadas a cada acusado, ni ha especificado las circunstancias de tiempo, modo y espacio en que supuestamente ocurrieron los hechos delictivos.
Además, puso en tela de juicio la inclusión de un testigo que, según él, previamente había sido identificado en España como un actor clave en el caso y ahora es presentado como testigo del Ministerio Público. Cuestionó cómo alguien que fue señalado como principal autor puede cambiar su papel sin que se haya agotado el proceso correspondiente.
El abogado también alegó que durante las investigaciones realizadas en España, mediante cooperación internacional, se llevaron a cabo interrogatorios, auditorías y peritajes sin que las defensas fueran debidamente informadas. Para Sierra, estas actuaciones deben ser analizadas considerando el carácter acusatorio y adversarial del sistema penal dominicano.
A pesar de estos interrogantes, la solicitud de extinción sigue siendo el núcleo de la defensa. Sierra reafirmó que mantener un proceso abierto durante tanto tiempo, sin una sentencia definitiva, somete a los imputados a una prolongación que es incompatible con las garantías procesales.
Solicitudes de Extinción del Proceso del Caso Medusa
- La defensa argumenta que el juicio es innecesario y ha transcurrido un tiempo excesivo sin sentencia definitiva.
- Se cuestiona la estructura de la acusación y la individualización de las conductas imputadas a cada acusado.
- El abogado critica la inclusión de un testigo que antes fue señalado como autor principal en el caso.
- La defensa considera que la prolongación del proceso puede llevar a responsabilidades para el Estado dominicano.
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