El Tribunal Superior Administrativo (TSA) ha decidido poner fin a la relación contractual de casi setenta años entre el Estado dominicano y Falconbridge Dominicana, S.A. (Falcondo). Este fallo afecta a la concesión Quisqueya I, que abarca zonas entre las provincias La Vega y Monseñor Nouel.

La Segunda Sala del TSA, bajo la presidencia del magistrado Antonio O. Sánchez Mejía y con la participación de los jueces Úrsula J. Carrasco Márquez y Edward A. Abreu, emitió la sentencia núm. 0030-03-2026-SSEN-00332 el 12 de agosto de 2026. Esta decisión se refiere a contratos históricos firmados el 24 de diciembre de 1956 y el 26 de septiembre de 1969.

El fallo surge de una acción presentada en julio de 2025 por el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER), en representación del Estado, tras detectar incumplimientos en la explotación de recursos mineros, obligaciones económicas y laborales, así como en la entrega de informes técnicos exigidos por la legislación minera.

Uno de los puntos clave considerados por el tribunal fue que las operaciones de Quisqueya I habían estado paralizadas desde el 17 de noviembre de 2023, según un informe de la Dirección General de Minería. Además, Falcondo no presentó los informes semestrales de progreso de 2023, 2024 y 2025, ni los informes anuales correspondientes a 2023 y 2024.

El TSA afirmó que estos incumplimientos afectan directamente la esencia de la concesión, que es la explotación efectiva de los recursos minerales y la obligación de mantener informadas a las autoridades sobre el avance de las operaciones.

La inactividad de la concesión también tuvo consecuencias relevantes sobre el interés general relacionado con la explotación de recursos del país. En consecuencia, el tribunal consideró que los incumplimientos eran suficientemente graves para justificar la terminación de los contratos.

Además, el TSA desestimó los argumentos de las empresas que pedían que la acción fuera declarada inadmisible. Así, concluye una relación contractual que se inició en 1956 con una concesión de 22,392 hectáreas sobre Quisqueya I.

Consecuencias laborales y económicas

La cancelación de los contratos se produce en un momento de paralización de las operaciones de Falcondo. Luego del cese de actividades en noviembre de 2023, la empresa pasó a una fase de cuidado y mantenimiento, sin implementar un plan de cierre ordenado. Esto resultó en la desvinculación de personal y el incumplimiento de compromisos con trabajadores y proveedores locales.

En 2024, más de 900 empleados fueron desvinculados y recibieron sus prestaciones laborales con la intervención del FONPER. Un grupo adicional de exempleados, cuyos contratos fueron finalizados en marzo de 2026, aún tiene reclamaciones laborales pendientes que ascienden aproximadamente a RD$300 millones.

La concesión había mantenido más de mil empleos directos y, según la Cámara de Comercio y Producción de Monseñor Nouel, miles de personas relacionadas con contratistas y actividades indirectas sufrieron las consecuencias de la paralización.

Además, se añade una deuda que afecta a más de un centenar de empresas contratistas y proveedores, estimada en más de US$100 millones, lo que ha agravado la situación económica en la provincia de Monseñor Nouel.

El FONPER, en su memoria anual de 2025, destacó la situación de Falcondo como gravemente insolventes, lo que ha generado preocupación por las comunidades afectadas y los riesgos en la conservación de activos estratégicos.

Evolución del proceso de reestructuración

Independientemente de la decisión del TSA, Falcondo sigue enfrentando un proceso de reestructuración mercantil bajo la Ley núm. 141-15 de Reestructuración y Liquidación de Empresas. Este procedimiento fue iniciado por los acreedores de la empresa, quienes buscan que Falcondo cumpla con sus obligaciones y deudas pendientes.

Este proceso es independiente y tiene un alcance diferente al de la decisión del TSA, por lo que deberá continuar su trámite en la jurisdicción correspondiente hasta que se resuelva la situación de las deudas reclamadas.

Fin de una larga relación contractual en el sector minero

• El TSA termina los contratos de Falcondo tras casi 70 años de concesión.
• Incumplimientos serios relacionados con la explotación de recursos mineros.
• Más de 900 trabajadores desvinculados en medio de la crisis.
• Proceso de reestructuración en curso para atender deudas y obligaciones.

Por Elmer Féliz. – La utilización de matrimonios simulados para obtener beneficios migratorios en Estados Unidos sigue generando serias preocupaciones entre las autoridades migratorias estadounidenses. Debido a esto, se han intensificado las revisiones de las solicitudes de residencia por vínculo matrimonial y se advierte sobre las repercusiones de proporcionar información falsa.

La Embajada de Estados Unidos en República Dominicana ha indicado que los matrimonios fraudulentos son una de las formas de fraude migratorio que se detectan con frecuencia durante los procesos de solicitud de visa. En septiembre de 2024, el entonces cónsul general Greg Segas destacó la persistencia de estos casos en el país, señalando que los oficiales consulares son capacitados para identificar cualquier inconsistencia en las declaraciones de los solicitantes.

Este fenómeno se da cuando dos individuos celebran un matrimonio sin intención genuina de construir una vida juntos, utilizando el vínculo únicamente para obtener un beneficio migratorio. Según un informe de Diario Libre, esta práctica ha evolucionado hasta convertirse en un negocio, donde algunas personas llegan a cobrar entre 25,000 y 30,000 dólares por facilitar matrimonios fraudulentos.

La inquietud de las autoridades se intensifica, ya que Estados Unidos ha incrementado el nivel de exhaustividad en la revisión de las solicitudes de residencia basadas en matrimonios. Un reporte de Infobae menciona que el proceso actual exige pruebas contundentes que demuestren la autenticidad de la relación, además de la presentación de documentación actualizada y el cumplimiento estricto de los requisitos establecidos.

Entre las evidencias que pueden demostrar la legitimidad de una relación se incluyen documentos que reflejen una vida compartida, como contratos de alquiler o hipotecas, cuentas bancarias, pólizas de seguros, fotografías, correspondencia y testimonios de amigos o familiares, según el informe citado.

Las autoridades también prestan especial atención a signos que justifiquen una revisión más exhaustiva del caso. Inconsistencias en la información proporcionada, la ausencia de pruebas que validen una relación genuina o discrepancias que requieran aclaraciones pueden dar lugar a controles adicionales.

La entrevista consular es, además, una herramienta crucial para determinar la veracidad de la relación. El cónsul Greg Segas explicó que los oficiales buscan confirmar que ambos miembros de la pareja se conocen adecuadamente y que existe una verdadera intención de formar una vida en común.

La Embajada también ha recomendado que los solicitantes eviten recurrir a personas que les indiquen qué responder durante la entrevista o que intenten ocultar información. Insisten en que proporcionar datos falsos, omitir información importante o presentar documentos falsificados puede acarrear graves consecuencias legales y migratorias.

Las repercusiones pueden ir más allá del simple rechazo de una solicitud; la Embajada ha alertado que el fraude migratorio puede resultar en una prohibición permanente para obtener una visa estadounidense y en la posibilidad de enfrentar acciones legales.

Además, la situación no necesariamente termina una vez que una persona obtiene el estatus migratorio; la Embajada recordó en abril de 2026 que las autoridades continúan evaluando a los titulares de visas y que cualquier irregularidad detectada posteriormente puede llevar a sanciones severas. Entre las prácticas consideradas fraudulentas se encuentran los matrimonios por conveniencia, la falsificación de documentos, el robo de identidad y declaraciones engañosas.

Las autoridades estadounidenses también han hecho un llamado a la ciudadanía, instándola a denunciar cualquier posible caso de fraude migratorio. La misión diplomática utiliza diversos mecanismos para detectar matrimonios falsos, incluyendo denuncias anónimas.

Para quienes buscan emigrar legalmente mediante una petición familiar, la Embajada sugiere basarse únicamente en información de fuentes oficiales y evitar intermediarios que prometan ciertas aprobaciones de visa. En marzo de este año, hicieron un recordatorio a los solicitantes de visas de inmigrante sobre la importancia de consultar los portales oficiales del Departamento de Estado y del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) para conocer los requisitos y las diferentes etapas del proceso.

El endurecimiento en los controles ha vuelto a poner bajo la luz una práctica que las autoridades consideran una violación grave de las leyes migratorias, comprometiendo no solo la posibilidad de emigrar legalmente, sino que puede resultar en consecuencias permanentes para aquellos que participen en ella.

Impacto de los Matrimonios Simulados en la Inmigración en EE.UU.

• Incremento en la vigilancia de solicitudes de residencia por matrimonio.
• Casos de fraude migratorio continúan siendo un problema persistente.
• Consecuencias severas por proporcionar información falsa, incluyendo prohibición permanente de visa.
• Recomendaciones para consultar solo fuentes oficiales durante el proceso de inmigración.