La Cámara de Diputados ha dado un paso significativo al aprobar, en una sesión extraordinaria este lunes, un proyecto de ley que modifica la Ley 225-20, relativa a la Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos. Esta reforma fue aprobada en dos discusiones consecutivas y regresa al Senado para su revisión, donde había recibido luz verde anteriormente.

El nuevo texto establece que todas las personas jurídicas, así como entidades gubernamentales y patrimonios autónomos que reporten sus ingresos a la Dirección General de Impuestos Internos, deberán pagar una contribución especial obligatoria. Esta medida tiene el objetivo de crear un fondo destinado a mitigar los efectos negativos del manejo actual de residuos y a desarrollar un sistema integral de gestión de los mismos.

La contribución especial se calculará en base a los ingresos generados durante el ejercicio fiscal correspondiente, lo que permitirá a las entidades contribuir de manera proporcional a su capacidad económica.

Además, los legisladores también han aprobado la derogación del artículo 61 de la Ley 30-26, que se relaciona con medidas de pro-crecimiento económico y simplificación fiscal. Se restablecerá la vigencia del artículo 4 de la Ley 6-86, que fue propuesta por los diputados Rafael Castillo, Pedro Julio Alcántara y Amado Díaz.

En otro asunto, se aprobó en segunda discusión, con modificaciones, un proyecto que altera el artículo 13 de la Ley 118-21. Esta ley se refiere a la terminación de obras viales, educativas y de salud que se encuentran suspendidas. La modificación busca incluir una nueva obra en el listado vigente.

Previo al inicio de estas importantes deliberaciones, el pleno guardó un minuto de silencio en solidaridad con Venezuela y sus ciudadanos, en memoria de las víctimas de los recientes sismos que afectaron a la nación sudamericana.

Al concluir la sesión, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, convocó a una nueva sesión para mañana martes a las 10:00 de la mañana.

Nuevas Aprobaciones en la Cámara de Diputados

• Aprobación de la modificación de la Ley 225-20 sobre Gestión de Residuos Sólidos.
• Establecimiento de una contribución especial para entidades que reportan ingresos.
• Derogación del artículo 61 de la Ley 30-26 para restablecer la Ley 6-86.
• Modificación del artículo 13 de la Ley 118-21 para incluir nuevas obras.

La jueza Sthephanie Reyes, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, ha dictado una medida de prisión preventiva de 18 meses contra Héctor Antonio Lora Cruceta y Luisa Yasiris Guzmán de Lora. Además, se declaró como complejo el proceso relacionado con la Operación Onco14, que investiga un presunto entramado de corrupción en el Instituto Oncológico Regional del Cibao. Esta decisión resalta la seriedad de las acusaciones en el marco de este caso de gran impacto social.

En la misma resolución, la magistrada impuso un régimen de arresto domiciliario contra Dilcia Isabel Vargas Sánchez. Esta medida fue adoptada tras un cambio en el planteamiento del Ministerio Público, que valoró positivamente la disposición de Vargas Sánchez para colaborar con las investigaciones en curso.

La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, Mirna Ortiz, destacó que el tribunal acató completamente los argumentos del Ministerio Público, reconociendo así la robustez de las pruebas presentadas durante el proceso judicial.

Contexto de la Operación Onco14

En representación del Estado dominicano y del Seguro Nacional de Salud, Manuel Conde, del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público, comunicó que la decisión judicial envía un mensaje claro a quienes abusan de los recursos públicos destinados al sector salud. La lucha contra la corrupción se reafirma con este tipo de acciones legales.

Por su parte, el abogado Ricardo Reina, que defiende a Dilcia Isabel Vargas Sánchez, confirmó que su clienta seguirá colaborando con el Ministerio Público. Reina indicó que Vargas Sánchez proporcionará información crucial sobre las operaciones financieras del centro médico implicado.

Mientras tanto, la defensa de Luisa Yasiris Guzmán de Lora, liderada por el abogado Pantaleón Mieses, anunció su intención de apelar la prisión preventiva. Argumentan que su clienta no tuvo un papel activo en la gestión del Instituto Oncológico Regional del Cibao.

En la misma dirección, Juan Francisco Rodríguez Consoró, abogado de Héctor Antonio Lora Cruceta, tildó la medida de desproporcionada y anticipó que acudirá a la apelación en cuanto reciba la resolución íntegra del tribunal.

Según la Pepca, la supuesta estructura criminal habría operado entre 2018 y 2025, desviando recursos destinados a pacientes con cáncer a través de diversas maniobras fraudulentas. Este desvío de fondos perjudica gravemente la atención que merecen los pacientes oncológicos en el país.

Desarrollo de la Investigación en la Operación Onco14

• 18 meses de prisión preventiva para implicados en la Operación Onco14.
• Arresto domiciliario para Dilcia Isabel Vargas Sánchez tras disposición de colaboración.
• El tribunal respaldó los argumentos del Ministerio Público sobre la fortaleza de las pruebas.
• Investigaciones revelan desvío de recursos destinados a pacientes con cáncer entre 2018 y 2025.