Familiares de detenidos y abogados alzan la voz, clamando por el retraso en el conocimiento de las medidas de coerción. Esto se debe a la lentitud en la culminación de la cárcel del nuevo palacio de Justicia en Santo Domingo Este.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) ha hecho sonar la alarma sobre los problemas graves que afectan el acceso a la justicia en esta región. Denuncian múltiples vulneraciones a los derechos fundamentales que están ocurriendo en la Ciudad Judicial, provocadas por el incumplimiento de los plazos constitucionales y legales para atender las solicitudes de medidas de coerción.

La CNDH-RD ha instado al Consejo del Poder Judicial y al Ministerio Público a adoptar medidas urgentes. Deben garantizar que las audiencias de medidas de coerción se celebren dentro del plazo constitucional de 48 horas, facilitando así el acceso a la justicia de los detenidos.

Además, se ha anunciado la intención de presentar un Habeas Corpus colectivo a favor de todos los afectados. La CNDH-RD reafirma su compromiso de vigilar y documentar cualquier violación de derechos, tomando acciones legales e institucionales necesarias para que esta situación cese.

Testimonios de familiares y abogados afectados

La situación fue confirmada por abogados y familiares de detenidos que se acercaron con urgencia en busca de respuestas. Jenny Arias, un familiar de uno de los detenidos, expresó su frustración: «Aquí hay una lentitud inaceptable. Mi pariente lleva una semana en la DNCD y no lo han presentado para la medida de coerción. Las quejas son generalizadas; esto simplemente no puede continuar así».

Según el abogado Héctor Peña López, este caos afecta a numerosos clientes que esperan por la resolución de sus casos. «Asistí a una audiencia de violencia de género. La joven involucrada no fue traída a la primera sesión. Después de mucho tiempo, finalmente fue presentada, pero su situación es insostenible; la están enviando a un cuartel policial en lugar de a un centro de corrección», comentó. Coinciden en que estas demoras afectan gravemente los derechos de los ciudadanos implicados.

Reconocimiento de la situación por parte del magistrado fiscal

El magistrado fiscal de esta demarcación, Milciades Guzmán, también reconoció los problemas actuales, que atribuye a la demolición de una antigua cárcel sin una sustitución adecuada. «La cárcel que resolvería esta situación está a medio construir. Los ingenieros y el Ministerio de Obras Públicas aún no la han entregado», explicó. Esta carencia obligó a trasladar a los detenidos desde distintos destacamentos, lo que agrava aún más los retrasos en los trámites judiciales.

Recientemente, un equipo de CDN-elCaribe visitó el nuevo palacio de Justicia y pudo observar que las obras continúan activamente, con trabajadores dedicados a la construcción de bloques, electricidad y otros acabados. Sin embargo, la obra aún está lejos de completar.

Mientras tanto, se estima que de las 60 audiencias programadas diariamente en Santo Domingo Este, más del 90% se aplazan debido a la falta de traslado de los imputados.

Retrasos en la Justicia en Santo Domingo Este

• Familiares y abogados de detenidos denuncian serias demoras en el conocimiento de medidas de coerción.
• La CNDH-RD llama a las autoridades a tomar medidas urgentes para garantizar el acceso a la justicia.
• El fiscal titular reconoce el problema, atribuyéndolo a la falta de infraestructura adecuada.
• Más del 90% de las audiencias en Santo Domingo Este son aplazadas por inconvenientes en el traslado de detenidos.

El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Johnny Pujols, ha declarado que la reciente decisión del Tribunal Constitucional, que ha declarado inconstitucional la Ley núm. 1-24, la cual establece la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), representa una significativa victoria para la libertad y la convivencia democrática en la República Dominicana.

Pujols subrayó que este fallo se produjo en respuesta a la acción presentada por el PLD junto a diversas organizaciones políticas y sociales. El tribunal consideró que la mencionada ley confería poderes que podrían comprometer derechos fundamentales de los ciudadanos, lo que generó preocupación en diferentes sectores de la sociedad.

Decisión del Tribunal Constitucional sobre la Ley de Inteligencia

• La decisión es vista como un respaldo a la democracia y la libertad.
• Se consideró que la ley podía violar derechos fundamentales.
• El PLD y otras organizaciones impulsaron la acción contra la normativa.
• El fallo refleja la importancia del control judicial en la protección de derechos.