Proyectos han sido sometidos desde 2019 sin ser aprobados, incluido uno presentado por la JCE en 2022.

Esta semana, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) ha presentado un nuevo proyecto de ley a su bloque de senadores, que busca introducir modificaciones a diversos artículos de la Ley 33-18, referente a Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos. Desde 2019, varias iniciativas han sido sometidas al Congreso Nacional para transformar esta legislación, sin embargo, hasta la fecha, ninguna ha logrado avanzar en el proceso legislativo.

El objetivo del nuevo proyecto, que ha sido enviado a una comisión especial del Senado, es reforzar la integridad del sistema de partidos en el país. Su propósito principal es establecer mecanismos de control en el financiamiento político, así como prevenir la infiltración de personas y recursos con vínculos a actividades ilícitas en la política.

A pesar de los intentos de modificar la Ley 33-18, estos proyectos a menudo «mueren» en el Congreso, sin que las comisiones encargadas presenten informes sobre su evaluación. Uno de los casos más destacados ocurrió en abril de 2022, cuando la Junta Central Electoral (JCE) presentó un proyecto de reforma, que, a diferencia de otros, logró avanzar y se convirtió en la actual Ley 20-23, modificando la Ley 15-19 del Régimen Electoral.

La reforma fallida a la Ley 33-18 apuntaba a reorganizar tres artículos sancionadores (78, 79 y 81) y eliminar el artículo 80. Su enfoque consistía en redefinir las infracciones y establecer sanciones más proporcionales y aplicables. Sin embargo, este marco de ley caducó el 12 de enero de 2023 y no ha sido reintroducido desde entonces.

Durante la sesión del 6 de abril de 2022, los senadores formaron una comisión especial para estudiar ambos proyectos de ley. Sin embargo, esta decidió priorizar la reforma del Régimen Electoral, generando solo un informe de gestión el 1 de junio de ese mismo año. La comisión estuvo compuesta por figuras prominentes del PRM, incluyendo a Ricardo de los Santos y Faride Raful.

En diciembre de 2019, la exdiputada Faride Raful había presentado un proyecto similar en la Cámara Baja, que buscaba modificar tanto la ley de partidos como la del régimen electoral. A pesar de ser introducida poco después de la promulgación de la Ley 15-19, la propuesta no tuvo éxito y caducó en el Congreso.

Este proyecto incluía nuevas normativas sobre delitos electorales, con un enfoque en el uso de recursos públicos y la implementación de sanciones más severas. Asimismo, prohibía que funcionarios de entidades financieras estatales otorguen créditos durante períodos electorales.

Por otro lado, el Congreso también dejó sin efecto un proyecto que establece la paridad de género en el sistema electoral dominicano, presentado por 14 diputadas del PRM. La legislación, que caducó el 12 de enero de 2023, tenía como objetivo garantizar que las candidaturas a cargos de elección popular se distribuyan equitativamente entre hombres y mujeres, con un 50% para cada género.

Asimismo, otras iniciativas legislativas han estado en discusión para eliminar las encuestas como método de elección de candidatos políticos. Estas propuestas surgieron tras las críticas de varios legisladores sobre las encuestas internas de sus partidos. Entre los proponentes se encuentra el senador Lenin Valdez, cuya iniciativa caducó en julio de 2024.

En la actualidad, la Cámara Baja tiene en consideración un proyecto de reforma a la Ley 33-18 propuesto por los diputados Elías Wessin y Margarita Tejada.

Estándares de transparencia más estrictos

El presidente del PRM, José Ignacio Paliza, ha detallado que la nueva ley busca establecer estándares más rigurosos de transparencia y cumplimiento normativo dentro de las organizaciones políticas. Según Paliza, es vital que la política responda con firmeza ante los riesgos que representan las estructuras criminales para la democracia.

La propuesta incluye mecanismos para fortalecer los controles internos dentro de los partidos, promoviendo un programa de cumplimiento normativo dirigido a prevenir el lavado de activos y la corrupción en el ámbito político.

José Ignacio Paliza
“La política debe ser un espacio de servicio público, no una puerta de entrada para intereses ilícitos.”

Iniciativas legislativas sobre la Ley de Partidos en espera

• Proyectos presentados desde 2019 no han sido aprobados.
• La reciente propuesta del PRM busca modificar la Ley 33-18 para fortalecer mecanismos de control.
• El proyecto de paridad de género también ha caducado sin avance en el Congreso.
• Iniciativas para eliminar encuestas como método de selección de candidatos han tenido destino similar.