A casi un año de que proveedores denunciaran ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) supuestas irregularidades en los procesos de contratación del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), nuevos señalamientos emergen, cuestionando las licitaciones para el suministro del almuerzo escolar.

Estas recientes acusaciones están relacionadas con el proceso de licitación para los años escolares 2026-2027 y 2027-2028 en San Pedro de Macorís, cuyo monto total asciende a más de RD$1,900 millones.

La licitación fue iniciada el 24 de noviembre de 2025 y adjudicada el 7 de agosto de 2026, casi diez meses después. Los denunciantes, representados por el abogado Pedro Lara, afirman haber identificado empresas que, a pesar de haber sido descalificadas inicialmente por el propio comité de compras del INABIE, terminaron convirtiéndose en beneficiarias de contratos millonarios.

“Estoy completamente seguro de que cuando esto estalle, será peor que lo de Víctor Castro y que lo de Cecilio,” advertió Lara.

El abogado representa a 11 proveedores afectados, quienes cuestionan la manera en que se llevó a cabo el proceso y afirman que varias de las empresas favorecidas no cumplían con los requisitos establecidos.

Empresas descalificadas obtuvieron contratos multimillonarios

Según la documentación presentada por los denunciantes, 51 empresas fueron adjudicadas en San Pedro de Macorís. De ellas, 15 habían sido descalificadas previamente por no cumplir con los requisitos establecidos en los pliegos, pero posteriormente recibieron contratos que, en conjunto, superan los RD$445 millones.

Un caso destacado es el de Manuel Emilio Mejía Molina, quien recibió un contrato por RD$31,361,168, a pesar de que, según los denunciantes, el informe de evaluación del INABIE indicaba que había presentado documentación falsa.

“En el propio informe del INABIE se dice que esa persona presentó documentación falsa; y, según el pliego, eso lo descalifica automáticamente,” sostuvo Lara.

Otro caso cuestionado es el de Leidi Massiel Cabrera Heredia, quien obtuvo un contrato por RD$38,128,306.

Los denunciantes aseguran que durante las inspecciones el establecimiento no cumplía con las condiciones requeridas, alegando que se trataba de un local vacío, sin identificación comercial y sin campana de extracción.

Según Lara, posteriormente el local fue acondicionado.

“Presentamos videos que muestran que, en el momento de la inspección, el local estaba pintado de crema y luego fue habilitado y cambiado de color,” afirmó.

Los afectados también sugieren posibles vínculos entre algunos adjudicatarios y personas cercanas al INABIE. En el caso de Cabrera Heredia, mencionan a su padre, Francisco Alberto Cabrera Javier, conocido como “Don Lolo”, que supuestamente tendría conexiones con el actual director ejecutivo de la institución, Adolfo Pérez de León.

Estas afirmaciones forman parte de las denuncias de los afectados y no implican, por sí solas, responsabilidad de los funcionarios o proveedores mencionados.

Denuncian posibles vínculos entre empresas y políticos

Otro aspecto cuestionado es la existencia de conexiones aparentes entre empresas que participaron de manera independiente, pero que, según los denunciantes, podrían estar relacionadas entre sí.

Lara mencionó los nombres comerciales Azul Divino, Gilkiri, Bladjoe, Black Hill, Grupo Orsan y Suero Gourmet.

Como ejemplo, explicó que Gilberto Bolívar Ortiz Ortiz figura como titular del nombre comercial de Gilkiri, S.R.L., adjudicada con RD$34,997,811, y también está relacionado con Azul Divino, que recibió RD$23,281,886.

“Ya estamos hablando de tres empresas. Entonces, ¿eso es coincidencia?” cuestionó Lara, al referirse a otras compañías que, según su denuncia, estarían vinculadas a miembros de una misma familia.

Los denunciantes también identificaron adjudicatarios que, según afirman, tendrían conexiones políticas.

Entre ellos, mencionaron a Dignora Ortiz, quien supuestamente mantiene lazos con autoridades municipales de Hato Mayor y San Pedro de Macorís.

Asimismo, cuestionan la adjudicación a CP & DC, propiedad de Héctor Luis Febles, conocido como “El Primo”, esposo de la diputada por San Pedro de Macorís Carolina Paula, conocida como “La Prima”.

Esta empresa recibió un contrato por RD$28,155,710, a pesar de que, según los denunciantes, el INABIE había señalado incumplimientos relacionados con el formulario de presentación de ofertas y la declaración de conflicto de interés.

Otros nombres mencionados incluyen a Helen Elizabeth MacCow, adjudicada con RD$28,931,766, y Nicole Elizabeth James Cotes, con RD$25,501,350.

Los denunciantes sostienen que estas empresas podrían tener vínculos entre sí y hablan de una posible colusión, lo que corresponde determinar a las autoridades pertinentes.

Proveedores afectados afirman haber quedado fuera

Mientras algunos adjudicatarios cuestionados obtuvieron contratos millonarios, proveedores que participaron en el proceso aseguran haber quedado excluidos, pese a contar con experiencia, infraestructura y buenas calificaciones.

Un caso notable es el de Rafael Emilio Tejeda, quien afirma tener más de 12 años como suplidor y haber invertido varios millones de pesos en equipos especializados.

Según explica, su propuesta obtuvo una puntuación de 89 puntos, pero a pesar de esto, no fue seleccionada.

“Quedé por encima de muchos que estaban descalificados y aun así los habilitaron. No entiendo,” expresó Tejeda.

El proveedor estima que su inversión en equipamiento oscila entre RD$4 y RD$5 millones, además de un préstamo hipotecario de aproximadamente RD$5 millones para adquirir el local.

“Soy papá y mamá, pues mi esposa falleció de cáncer. Tengo una hija que va a la universidad y el director no da la cara,” manifestó.

Una situación similar atraviesa Elena Rijo, quien participó por primera vez en el proceso con un restaurante que lleva más de 22 años de operación.

Rijo obtuvo una puntuación de 89.25, pero no fue seleccionada para suplir una escuela cercana a su establecimiento.

“Nosotros como empresa sacamos 89.25 y estamos a 220 pies de la escuela. Y le adjudicaron la escuela a una cocina que está a dos kilómetros y medio,” cuestionó.

Los proveedores también denunciaron un cambio en la metodología para medir las distancias. Según explican, la licitación establecía inicialmente que se utilizaría Google Maps, pero durante el proceso este criterio fue sustituido por otra aplicación.

Estos cambios, a juicio de los proveedores, perjudicaron a quienes tenían cocinas cerca de los centros escolares, mientras que otros, ubicados a varios kilómetros, fueron favorecidos.

Para Lara, la distancia es crucial para garantizar que los alimentos lleguen en condiciones óptimas.

“Cuando estás cerca del centro, eso permite que la comida llegue en condiciones adecuadas, caliente y en condiciones óptimas,” explicó.

Afectados llevan su caso ante las autoridades

Ante las presuntas irregularidades, los proveedores afectados interpusieron un recurso de revisión administrativa ante el Comité de Compras y Contrataciones del INABIE, en el que alegan agravio a sus derechos y al principio de igualdad de trato.

Durante este proceso, el INABIE informó sobre la suspensión de 14 proveedores por irregularidades detectadas en los procesos de almuerzo y desayuno escolar en 12 localidades, incluyendo San Pedro de Macorís.

La institución también anunció nuevas inspecciones a proveedores adjudicados en esa demarcación, señalando hallazgos como cocinas desmanteladas o inexistentes en las direcciones reportadas, instalaciones en remodelación y cambios de domicilio sin autorización.

Finalmente, se deberá determinar si las denuncias son casos aislados o reflejan problemas más profundos en un proceso que compromete más de RD$1,900 millones y la alimentación de miles de estudiantes.

Irregularidades en la Licitación del Almuerzo Escolar en San Pedro de Macorís

• Supuestas irregularidades en contratos en el INABIE por un monto superior a RD$1,900 millones.
• Empresas descalificadas obtuvieron contratos sustanciales, lo que genera controversia.
• Posibles vínculos entre adjudicatarios y funcionarios del INABIE son objeto de escrutinio.
• Proveedores afectados introducen reclamos ante las autoridades para revisar el proceso de adjudicación.