El presidente Luis Abinader ha tomado la decisión de trasladar temporalmente la residencia oficial del jefe de Estado de Santo Domingo de Guzmán hacia Santiago de los Caballeros. Este cambio se llevará a cabo durante el periodo del 14 al 16 de septiembre de 2026.

Esta acción está formalizada en el Decreto 642-26, que establece que durante estos tres días, la residencia oficial del mandatario estará ubicada en Santiago, desde donde desarrollará su agenda de trabajo habitual.

El decreto también especifica que los ministros, viceministros, directores generales, y otros funcionarios que dependen directamente del Poder Ejecutivo deberán permanencer al frente de sus respectivas instituciones. Esto es fundamental para garantizar la continuidad de las labores administrativas del gobierno.

Además, se ha indicado que los asuntos oficiales seguirán siendo gestionados por los canales ordinarios. Los interesados deberán dirigirse a los ministerios y dependencias correspondientes, que se encargarán de tramitar ante la Presidencia de la República aquellos asuntos que requieran la intervención del jefe de Estado a través de los canales institucionales establecidos.

Esta disposición tiene aplicación inmediata y se mantendrá vigente hasta el retorno de la sede presidencial a su ubicación permanente en Santo Domingo de Guzmán. El decreto ha sido remitido a los ministerios, direcciones generales y demás dependencias del Poder Ejecutivo para su conocimiento y fines correspondientes.

Cambio Temporal de Residencia Oficial del Presidente

• El presidente Abinader trasladará su residencia a Santiago del 14 al 16 de septiembre de 2026.
• El traslado está formalizado en el Decreto 642-26.
• Los funcionarios del Poder Ejecutivo mantendrán sus labores en sus instituciones.
• Los asuntos oficiales se tramitarán por los canales habituales.

La defensa del exprocurador Jean Alain Rodríguez ha calificado de “innecesario” el juicio del caso Medusa. En este contexto, han solicitado la extinción del proceso, argumentando que han transcurrido casi seis años sin que se haya dictado una sentencia definitiva.

El abogado Manuel Sierra detalló que parte de las defensas ha hecho reiteradas peticiones para la extinción del proceso, fundamentándose en la legislación dominicana, específicamente en el Código Procesal Penal y en sentencias del Tribunal Constitucional sobre la duración razonable de los procesos judiciales. En sus palabras, “Estamos en presencia de un juicio innecesario, de personas sometidas al banquillo”.

Sierra también mencionó que, si el juicio continúa, el proceso podría extenderse hasta los siete años antes de llegar a una sentencia en primera instancia. A esto, añadió que habría que sumar el tiempo correspondiente a posibles recursos ante la Corte de Apelación y la Suprema Corte de Justicia, lo que podría llevar a demoras de entre ocho y nueve años para obtener una resolución definitiva.

Desde su perspectiva, la persistencia del Ministerio Público para proseguir con el caso carece de justificación y podría tener repercusiones en las responsabilidades del Estado dominicano. Calificó de “temeraria” la decisión de seguir adelante con unas acusaciones que, según su criterio, no han producido un fallo concluyente en el lapso que corresponde.

Sierra también expresó preocupaciones sobre cómo se ha estructurado la acusación contra los imputados. Criticó que el Ministerio Público no ha individualizado adecuadamente las conductas imputadas a cada acusado, ni ha especificado las circunstancias de tiempo, modo y espacio en que supuestamente ocurrieron los hechos delictivos.

Además, puso en tela de juicio la inclusión de un testigo que, según él, previamente había sido identificado en España como un actor clave en el caso y ahora es presentado como testigo del Ministerio Público. Cuestionó cómo alguien que fue señalado como principal autor puede cambiar su papel sin que se haya agotado el proceso correspondiente.

El abogado también alegó que durante las investigaciones realizadas en España, mediante cooperación internacional, se llevaron a cabo interrogatorios, auditorías y peritajes sin que las defensas fueran debidamente informadas. Para Sierra, estas actuaciones deben ser analizadas considerando el carácter acusatorio y adversarial del sistema penal dominicano.

A pesar de estos interrogantes, la solicitud de extinción sigue siendo el núcleo de la defensa. Sierra reafirmó que mantener un proceso abierto durante tanto tiempo, sin una sentencia definitiva, somete a los imputados a una prolongación que es incompatible con las garantías procesales.

Solicitudes de Extinción del Proceso del Caso Medusa

• La defensa argumenta que el juicio es innecesario y ha transcurrido un tiempo excesivo sin sentencia definitiva.
• Se cuestiona la estructura de la acusación y la individualización de las conductas imputadas a cada acusado.
• El abogado critica la inclusión de un testigo que antes fue señalado como autor principal en el caso.
• La defensa considera que la prolongación del proceso puede llevar a responsabilidades para el Estado dominicano.

La Fuerza del Pueblo considera un fracaso la reforma policial del Gobierno

La Fuerza del Pueblo ha expresado su descontento con la reciente reforma policial implementada por el Gobierno. A su juicio, estas medidas no han logrado los objetivos deseados, generando preocupación entre los ciudadanos sobre la efectividad de la seguridad pública.

Durante una conferencia de prensa, representantes de la Fuerza del Pueblo señalaron que la reforma no aborda las verdaderas necesidades de la población. Según ellos, la falta de inversión en recursos y capacitación adecuada para las fuerzas del orden contribuye a un clima de inestabilidad.

La reforma, que fue presentada como un avance en la lucha contra la criminalidad, ha sido criticada por su enfoque limitado. Los líderes políticos destacan que, a pesar de los esfuerzos, se han visto pocos cambios en las cifras de delitos y en la percepción de seguridad de los ciudadanos.

Este señalamiento se produce en un contexto donde la ciudadanía demanda soluciones efectivas para enfrentar la violencia y la delincuencia. La Fuerza del Pueblo enfatiza la importancia de un diálogo abierto y transparente entre el Gobierno y la sociedad civil para realmente abordar los problemas de fondo.

Críticas de la Fuerza del Pueblo a la reforma policial del Gobierno

• Descontento por la falta de resultados en la seguridad pública.
• Inversión insuficiente en recursos y capacitación para la policía.
• Enfoque limitado que no aborda las necesidades de la población.
• Necesidad de un diálogo abierto entre el Gobierno y la ciudadanía.