La Procuraduría General de la República ha firmado un importante acuerdo con la Fiscalía Nacional de Chile para establecer un equipo conjunto de investigación. Este equipo se enfocará en combatir la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes, el lavado de activos y otros delitos relacionados con el crimen organizado.
La procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, junto al fiscal nacional de Chile, Ángel Valencia Vásquez, enfatizaron la crucial necesidad de robustecer las vías de cooperación internacional para abordar delitos que trascienden fronteras.
Durante la ceremonia, Reynoso destacó: “Es un gran honor recibir la delegación chilena y formalizar este acuerdo de cooperación”. Añadió que la lucha contra la trata y tráfico de personas es un objetivo estratégico de vital importancia dentro de la política nacional contra el crimen organizado transnacional.
Este convenio marca un hito, ya que es la primera vez que la República Dominicana establece un convenio para crear un equipo conjunto de investigación bajo la Convención de Palermo (Italia) sobre la Delincuencia Organizada Transnacional, adoptada en el año 2000 por la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Reynoso explicó que el Ministerio Público ha estado luchando contra este fenómeno a través de un esfuerzo interinstitucional. En este esfuerzo colaboran el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Dirección General de Migración, la Dirección Nacional de Inteligencia, el Ministerio de Defensa y otras entidades estatales.
Antes de firmar el convenio, ya había colaboración entre los equipos de fiscales de Chile y República Dominicana, quienes trabajaron de manera coordinada bajo el marco de la Convención de Palermo, fortaleciendo la cooperación internacional en materia de investigación.
La procuradora también recordó que la trata de personas se considera «la esclavitud moderna», y que el trabajo conjunto busca no solo la obtención de condenas judiciales, sino también la protección de los derechos fundamentales de las víctimas de estas redes delictivas.
La visión de Chile
Por su parte, el fiscal nacional de Chile, Ángel Valencia Vásquez, expresó que el convenio es una herramienta tangible para fortalecer la colaboración entre ambas fiscalías.
Valencia Vásquez destacó que el acuerdo permitirá formar equipos conjuntos de investigación compuestos por fiscales y policías de ambos países, con el objetivo de combatir el crimen organizado transnacional.
Recordó que la trata de personas y el tráfico de migrantes son problemas que afectan directamente a ambas naciones y requieren respuestas coordinadas. Apreció la oportunidad de que los fiscales de ambos países compartan experiencias y estrategias efectivas para enfrentar estas organizaciones criminales.
Finalmente, afirmó: “Estas acciones buscan ofrecer niveles más altos de seguridad a la ciudadanía, permitiendo que las personas se sientan tranquilas al saber que ambos países trabajan coordinadamente frente a estas amenazas”. En el acto también estuvieron presentes Rubén Silié, viceministro de Política Exterior Multilateral, e Iván Favereau, embajador de Chile en Santo Domingo.
Aspectos Clave de la Cooperación Bilateral
El convenio, que tendrá una vigencia de un año, responde a la necesidad de reforzar las herramientas de cooperación jurídica internacional, especialmente contra la delincuencia organizada transnacional, la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes, el lavado de activos y otros delitos económicos.
Las autoridades coordinarán investigaciones orientadas a perseguir judicialmente a los responsables y afectar el patrimonio vinculado a estas actividades delictivas. Además, se busca proteger la vida e integridad de las y los migrantes víctimas del tráfico.
El acuerdo también incluye el intercambio de información sobre avances en procesos penales y la obtención de pruebas materiales que sean relevantes para el desarrollo de dichos casos.
Colaboración Internacional Contra el Crimen Organizado
- Creación de un equipo conjunto de investigación entre República Dominicana y Chile.
- Enfoque en la trata de personas y tráfico de migrantes, considerados delitos transnacionales.
- Un año de vigencia del convenio con el objetivo de fortalecer la cooperación jurídica.
- Protección de los derechos y la integridad de las víctimas de criminalidad organizada.
