La República Dominicana se enfrenta a una grave crisis vial que no puede resolverse únicamente con la construcción de nuevas infraestructuras. Para abordar esta problemática, es vital aumentar la autoridad, fomentar la educación ciudadana, aplicar efectivamente la Ley 63-17, y desarrollar un sistema de transporte público que reduzca la dependencia del vehículo privado.

Este tema fue discutido por el diputado de la Fuerza del Pueblo, Tobías Crespo, el senador Antonio Marte del Partido Primero la Gente (PPG), y el ingeniero Aníbal Germosén, experto en seguridad vial, durante el programa especial «Balance: 16 miradas para el 16», moderado por el periodista Félix Victorino.

El panel analizó la situación del transporte y la movilidad en el país, justo al cumplirse seis años del Gobierno del presidente Luis Abinader este 16 de agosto. A pesar de ciertos avances, permanentes dificultades siguen afectando el tránsito dominicano.

Germosén caracterizó la situación vial como una «pandemia vial», comparándola con las medidas tomadas durante la crisis del COVID-19. Según sus cifras, entre 2020 y 2022, cerca de 4,000 personas fallecieron debido al virus, mientras que más de 8,000 murieron en siniestros viales durante el mismo período, lo cual representa aproximadamente cinco muertes diarias.

“El país se paralizó por COVID, pero los siniestros viales continúan causando muertes,” afirmó. Con esta comparación, instó a que la seguridad vial se considere una emergencia de salud pública, no como algo inevitable en la cotidianidad.

El ingeniero también resaltó que más del 70 % de las fatalidades viales implican motocicletas, y que durante períodos de alta movilidad, como la Semana Santa, esa cifra puede alcanzar hasta el 84 %.

Destacó que la plataforma Accidentes RD recibe alrededor de 35 reportes diarios. Sin embargo, muchas veces no se difunden todos los casos, especialmente aquellos con imágenes sensibles.

Germosén subrayó que uno de los principales desafíos es la normalización de las muertes viales, lo que disminuye la percepción de urgencia y retrasa las respuestas institucionales necesarias para enfrentar la crisis.

Crespo hizo hincapié en la importancia de promover la colectivización del transporte. Según él, los sistemas de transporte masivo son más seguros y eficientes que los medios privados o de menor capacidad.

Argumentó que el servicio debe operar con una frecuencia predefinida, contar con unidades en óptimas condiciones y ofrecer tarifas accesibles. A diferencia de otros países donde se destina entre un 4 % y un 6 % de sus ingresos al transporte, en la República Dominicana este gasto puede llegar a ser entre 20 % y 30 %.

Crespo está a favor de una integración tarifaria que permita a los usuarios combinar el Metro, el Teleférico, los autobuses de la OMSA, los corredores y las unidades privadas bajo un único pasaje.

Progresos que aún son insuficientes

En el panel, Germosén reconoció algunos avances como la incorporación del Metro, los teleféricos y los autobuses. Sin embargo, enfatizó que aún se requiere mejorar la cobertura y calidad del sistema.

La República Dominicana sigue siendo señalada internacionalmente por sus problemas de tránsito, lo que deja una mala impresión en los visitantes y atletas extranjeros.

“Es esencial apostar por un transporte público colectivo eficiente”, manifestó Germosén.

Crespo, preguntado sobre lo que ha impedido el progreso en movilidad, mencionó que aunque la infraestructura vial ha mejorado, construir nuevas carreteras no garantiza seguridad vial ni un tránsito fluido.

Subrayó que debe prestarse atención al comportamiento de los conductores, la falta de autoridad y el incumplimiento de normas. También recordó los 17 corredores de autobuses anunciados, cuyo desarrollo aún no cumple con las expectativas.

Menor dependencia del transporte privado

Marte sugirió que es necesario reducir el uso del vehículo privado y dar mayor prioridad al transporte público colectivo.

Indicó que es común que familias posean cuatro o cinco vehículos, lo que contribuye a la congestión del tránsito.

El panel señaló que el parque vehicular dominicano supera las seis millones de unidades y crece anualmente entre el 3 % y 7 %. Germosén enfatizó que reducir el uso del automóvil no significa prohibirlo; se trata de ofrecer alternativas que convenzan a los ciudadanos a dejar sus vehículos en casa.

“Hay que desmotivar, no prohibir, el transporte privado”, expresó Germosén.

Propuso habilitar estacionamientos disuasorios cerca de las estaciones y fomentar un sistema intermodal que permita a las personas usar su vehículo hasta un punto específico y luego continuar en transporte colectivo.

En cuanto a las prioridades para la próxima década, Marte abogó por la ampliación del Metro y los autobuses, mientras que Crespo afirmó que, aunque el Teleférico tiene un rol importante en el transporte de personas en áreas elevadas, no es suficiente para resolver los problemas de movilidad urbana.

Multas impagas y denuncias de sanciones “fantasmas”

El cumplimiento de la Ley 63-17 fue otro tema central del debate. Crespo mencionó que antes de su implementación solo se pagaba el 3 % de las multas de tránsito. Actualmente, este porcentaje ha subido al 35 %, pero aún queda un 65 % sin pagar.

Explicó que la normativa incluye medidas contra infractores, como restricciones para renovar licencias y obtener pólizas de seguro. Sin embargo, muchas de estas disposiciones aún no se han implementado.

Además, Crespo denunció la existencia de “multas fantasmas”, impuestas a personas que no cometieron las infracciones. Citó el caso de una mujer multada mientras se encontraba en Estados Unidos, evidenciando la necesidad de que la Digesett audite la actuación de sus agentes.

El legislador también mencionó que algunas personas acumulan hasta 30 multas ligadas a su cédula, reclamando la necesidad de mecanismos para verificar la validez de las sanciones.

Respecto al monto de las multas, los panelistas expresaron opiniones diversas. Germosén aboga por sanciones más altas, mientras Marte sostiene que el enfoque debe estar en una aplicación correcta de las multas existentes.

Crespo advirtió que el incumplimiento de la ley, sumado a la falta de consecuencias para reincidentes, debilita cualquier intento de organización en el tránsito.

El diputado también destacó el bajo nivel de ejecución de la Ley 63-17, mencionando que nueve años tras su promulgación “no se ha cumplido ni el 20 %” de sus disposiciones, lo que refleja una falta de aplicación efectiva.

Germosén agregó que faltan mecanismos como la licencia por puntos, fotomultas, educación vial e inspección técnica vehicular, que aún permanecen en el papel.

Educación y autoridad

A la pregunta de si el principal problema dominicano radica en la falta de educación o de autoridad, Marte se inclinó hacia la educación, mientras Crespo abogó por el ejercicio de la autoridad. Germosén sugirió que ambos elementos son necesarios.

Marte propuso aumentar las pruebas antidoping sorpresivas para los conductores, señalando que empresas de transporte ya realizan estos controles sin previo aviso.

El senador también propuso establecer dispensarios médicos en terminales de transporte y se mostró dispuesto a facilitar espacios para ello.

Germosén respaldó la idea de controles más frecuentes y advirtió que anunciarlos puede reducir su efectividad.

Los participantes también coincidieron en la necesidad de eliminar progresivamente los viejos vehículos de transporte, sustituyéndolos por flotas organizadas que garanticen la seguridad y capacidad adecuada para los pasajeros.

Al final del programa, Victorino preguntó qué acciones debería tomar el presidente Luis Abinader antes de 2028 para mejorar el tránsito y reducir las muertes en las vías. Germosén pidió al mandatario “ponerse el traje de voluntad política” para cumplir con los proyectos anunciados y aplicar la legislación vigente.

El programa concluyó con un llamado a reconocer que la crisis vial es una responsabilidad compartida entre las autoridades, transportistas, conductores, motociclistas y demás usuarios de las vías.

Desafíos Viales en la República Dominicana

• La crisis de seguridad vial se compara con una «pandemia» que requiere atención inmediata.
• Se impone la necesidad de un transporte público colectivo eficiente y accesible.
• El cumplimiento de la Ley 63-17 es crucial pero aún muy bajo.
• La normalización de muertes viales afecta la percepción de urgencia y la respuesta institucional.