El Tribunal Constitucional (TC) ha declarado inconstitucional el Decreto 308-06, emitido en julio de 2006 por el entonces presidente Leonel Fernández. Este decreto establecía restricciones en los horarios de expendio de bebidas alcohólicas en colmados, bares, discotecas, casinos y otros centros de diversión. El tribunal consideró que tales regulaciones permanentes solo pueden ser aprobadas mediante una ley del Congreso Nacional.

La decisión se tomó al acoger una acción de inconstitucionalidad presentada por el ciudadano Víctor Eddy Mateo Vásquez, quien argumentó que el decreto vulneraba derechos y principios constitucionales al imponer limitaciones a través de una disposición administrativa, en lugar de hacerlo mediante una norma con rango de ley.

El análisis del TC destacó que el objetivo del decreto, que era preservar el orden público y la seguridad ciudadana mediante la regulación del expendio de alcohol, es constitucionalmente legítimo. Sin embargo, concluyó que esta medida perdió validez tras la entrada en vigor de la Constitución de 2010, la cual reforzó el principio de reserva de ley para regular restricciones relacionadas con derechos fundamentales y actividades de impacto social.

El tribunal aclaró que, aunque el presidente tiene facultades para emitir decretos, estas no pueden utilizarse para establecer restricciones generales e indefinidas. Limitaciones de este tipo deben ser aprobadas por el poder legislativo mediante una ley, especialmente cuando se trata de regular de forma permanente el ejercicio de actividades económicas.

Además, se evidenció que el decreto superaba los dos primeros elementos del test de razonabilidad al buscar un fin legítimo y utilizar un medio idóneo. Sin embargo, fallaba en demostrar una relación proporcional entre la restricción impuesta y el objetivo perseguido. El TC subrayó que la medida se mantuvo vigente de manera indefinida por más de dos décadas, sin establecer un plazo de duración ni justificar la permanencia de dicha limitación.

A pesar de esta declaración, el Poder Ejecutivo mantiene la facultad de emitir decretos que restrinjan temporalmente el expendio de bebidas alcohólicas bajo circunstancias específicas, como festividades nacionales, la Semana Santa, la Navidad, u otros eventos especiales. La inconstitucionalidad radica en la imposición de una restricción abierta y sin término a través de un decreto.

Durante el proceso, la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo respaldó la acción de inconstitucionalidad, sugiriendo al TC que exhortara al Congreso Nacional a aprobar una ley que regule de manera integral el expendio y consumo de bebidas alcohólicas. Por su parte, la Procuraduría General de la República apoyó la validez del decreto, argumentando que era una medida legítima y necesaria para proteger el orden público.

Revocación del Decreto de Restricciones de Bebidas Alcohólicas

• El Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el Decreto 308-06 por falta de legislación adecuada.
• La acción fue impulsada por un ciudadano y respaldada por la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo.
• Se reconoció el objetivo legítimo de preservar el orden público, pero se requirió una ley para regulaciones permanentes.
• Decreto fue considerado inválido tras la Constitución de 2010, que refuerza la necesidad de reserva de ley en estas materias.