El estudio sobre abstención electoral resalta la capacidad de la dirigencia política de sentarse a una mesa de diálogo.

Recientemente, el Centro de Análisis para la Promoción Electoral (Capel) presentó un estudio sobre la abstención electoral, revelando que la República Dominicana se distingue como un fenómeno particular en el contexto de la democracia. A diferencia de otros países que enfrentan una caída en sus estándares democráticos, la nación dominicana está experimentando un fortalecimiento democrático notable.

El análisis de Capel señala que, bajo un enfoque comparativo, la República Dominicana representa una “singularidad institucional” en el hemisferio occidental. Mientras que el sistema internacional enfrenta la “tercera ola de autocratización” y América Latina atraviesa su novena caída anual en estándares democráticos, la República Dominicana destaca por su profundización democrática.

Este avance se atribuye a un enfoque independiente de democracia, sustentado en reformas internas. Esto implica que el país está fortaleciendo sus instituciones a través de medidas internas, alejándose de las tendencias negativas de sus vecinos. Actualmente, ocupa el puesto 64 en el Índice de Democracia Liberal (LDI), con una mejora acumulada de 0,166 desde 2018, lo que representa uno de los crecimientos más significativos en la región en la última década.

Uno de los aspectos más destacados de la democracia dominicana es su rendimiento en el componente deliberativo de su clase política, donde alcanza una puntuación de 0.90, posicionándose en el puesto 22 mundialmente. Esto significa que supera a países con democracias históricas como el Reino Unido, Francia, Canadá y Estados Unidos.

El informe subraya que las decisiones políticas en República Dominicana demuestran un esfuerzo por el bien común y un genuino respeto por el pluralismo. Esta capacidad deliberativa permite gestionar conflictos sociales mediante el diálogo, lo que es esencial para la estabilidad necesaria para el crecimiento económico.

En términos de arquitectura electoral, el país ha logrado una calificación casi total de “excelencia procedimental” con un puntaje de 9,17 en procesos electorales. Esto equipara a la República Dominicana con Estados Unidos y la acerca a los estándares de democracias consolidadas como España y Chile.

El estudio de Capel indica que la alternancia en el poder, especialmente tras las elecciones de 2020, es percibida como un proceso natural, lo que reduce los riesgos de personalismo caudillista que han afectado históricamente a otras naciones del Caribe.

Sin embargo, el sistema no está exento de desafíos. Existen oportunidades para avanzar de una democracia imperfecta hacia una democracia plena. El principal reto identificado es la modernización y profesionalización del gobierno, que actualmente cuenta con una puntuación de 5,00. Mejorar este indicador a niveles de países como Uruguay o España podría garantizar que los ciudadanos no solo tengan el derecho a elegir, sino también acceso a servicios públicos de alta calidad que fortalezcan su satisfacción con el sistema.

Se recomienda la implementación de medidas de transparencia y rendición de cuentas, que ya están mostrando avances en la independencia del Ministerio Público. Estas acciones son fundamentales para alcanzar la misma sofisticación en la administración que se observa en el proceso electoral.

El informe también señala la necesidad de fortalecer la cultura política, actualmente valorada en 4,38. La insatisfacción con su funcionamiento práctico sugiere un espacio fértil para el empoderamiento ciudadano.

Desafíos y Oportunidades para la Democracia Dominicana

• Percepciones Persistentes: Mejorar la confianza en la privacidad del sufragio.
• Derechos y Bienestar: Aumentar la equidad en la distribución de recursos.
• Calidad de los Servicios: Modernizar el funcionamiento del gobierno.
• Cultura Política: Fomentar el empoderamiento ciudadano para cerrar la brecha entre el derecho a votar y el bienestar.

El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) lanzará talleres móviles para capacitar a personas dedicadas al tratamiento y saneamiento del agua. Esta iniciativa comenzará con un plan piloto en Boca Chica.

La directora de Planificación del Infotep, Ondina Marte, anunció que el proyecto cuenta con el respaldo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Se espera que inicialmente beneficie a más de 700 personas que trabajan en el tratamiento y saneamiento del agua.

“El proyecto se desarrollará en Boca Chica en su primera fase, enfocándose en formar a personas en el tratamiento de agua. Con esta cooperación, vamos a capacitar a más de 700 individuos, utilizando vehículos diseñados para la formación”, aseguró Marte.

Este modelo de taller móvil se implementará en comunidades con necesidades específicas relacionadas con el tratamiento de agua. Además, se planea extender el proyecto a otras localidades del país, una vez finalizada la fase piloto.

En un esfuerzo por ampliar la cobertura del Infotep, Luis Manuel Rodríguez, subdirector general de la institución, destacó el trabajo realizado durante la gestión del presidente Luis Abinader. Desde 2020, la cantidad de centros ha aumentado de 8 a 69, mejorando así las oportunidades de capacitación técnico-profesional en diversas regiones.

Rodríguez también mencionó la oferta formativa 4.0 de la institución, que busca preparar a jóvenes y trabajadores en áreas relacionadas con las nuevas tecnologías, adecuándose a las demandas de un mercado laboral en constante evolución. La expansión de los centros y la introducción de modalidades como los talleres móviles son parte de la estrategia del Infotep para acercar la formación técnica a las comunidades y atender las necesidades de los sectores productivos.

Iniciativas de Capacitación y Expansión del Infotep

• Talleres móviles para la formación en tratamiento y saneamiento del agua.
• Proyecto piloto inicia en Boca Chica, beneficiando a más de 700 personas.
• Incremento de centros de 8 a 69, ampliando la formación técnico-profesional.
• Oferta formativa 4.0 orientada a las nuevas tecnologías y el mercado laboral.

El Gobierno ha puesto en marcha un plan estratégico para detener las “invasiones y ocupaciones irregulares” de terrenos que pertenecen a proyectos de la Reforma Agraria, según informó la Presidencia este martes.

Este nuevo protocolo está diseñado para intervenir en las áreas afectadas por dichas invasiones y ocupaciones, reforzando así la seguridad jurídica de miles de productores en todo el país.

Las autoridades iniciarán un levantamiento para establecer una “ruta crítica” que contemple intervenciones legales, técnicas y operativas en diversas localidades. Entre los lugares más críticos se encuentran: Mogollón (San Juan de la Maguana), Villa Riva (Duarte), Montecristi, Monte Plata y Villa Altagracia (San Cristóbal).

El plan fue coordinado durante una reunión en el Ministerio de Agricultura por el ministro de Justicia, Antoliano Peralta, y su homólogo de Agricultura, Francisco Oliveiro Espaillat. También participaron el director general del Instituto Agrario Dominicano (IAD), Darío Castillo Lugo, y representantes de las principales organizaciones campesinas.

Las organizaciones campesinas expresaron sus preocupaciones en la reunión, denunciando que “desaprensivos interesados en apropiarse de terrenos” utilizan varias artimañas. Estas incluyen “supuestos abogados y alegados padrinazgos” de civiles, policías y militares para desplazar a los legítimos productores de sus tierras.

Según estas organizaciones, estas prácticas no solo amenazan la estabilidad productiva y el “patrimonio de hombres y mujeres que han trabajado las tierras durante años”, sino que también pueden generar conflictos que pongan en riesgo su integridad física y hasta sus vidas.

El plan contempla la formación de una comisión técnica interinstitucional que se encargará de documentar los casos, evaluar la situación jurídica y territorial de cada caso, y recomendar acciones adecuadas, incluyendo los mecanismos necesarios para avanzar en la regularización y titulación definitiva de los terrenos.

El ministro de Justicia destacó que, “respetando el debido proceso”, se activarán los mecanismos legales necesarios para enfrentar estas situaciones, proteger los derechos de los productores y asegurarse de que los terrenos designados por el Estado para el desarrollo agrícola se mantengan intactos.

Por su parte, el ministro de Agricultura subrayó que garantizar la seguridad sobre las tierras “también representa una defensa de la producción agropecuaria y de la seguridad alimentaria nacional”.

“Estamos comprometidos con impulsar las acciones necesarias para que esos terrenos sirvan para el propósito que fueron destinados: producir alimentos y generar bienestar en el campo dominicano”, reiteró Oliveiro.

El Gobierno también indicó que el protocolo incluirá mecanismos de seguimiento entre los ministerios de Justicia y Agricultura, así como el IAD, con la participación de las organizaciones campesinas. Se respetará, además, el “debido proceso” y el marco legal vigente para abordar los casos identificados y prevenir nuevas afectaciones.

Medidas del Gobierno para Proteger Terrenos Agrarios

• Activación de un plan para frenar invasiones y ocupaciones irregulares.
• Creación de una comisión técnica interinstitucional para documentar y evaluar casos.
• Protección de los derechos de los productores y la seguridad alimentaria.
• Adopción de mecanismos de seguimiento entre el Ministerio de Justicia, Agricultura y el IAD.