El Cibao
Tres meses de prisión preventiva para planner de atentado contra Abinader
San Francisco de Macorís – El Ministerio Público ha requerido una medida de coerción que consiste en tres meses de prisión preventiva contra un hombre de 29 años, quien está acusado de haber supuestamente planeado un atentado contra el presidente de la República, Luis Abinader.
La solicitud fue presentada el miércoles 4 de noviembre ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del distrito judicial de San Francisco de Macorís, provincia Duarte. El implicado, Delvinson de la Cruz Sosa, está siendo investigado por presuntos actos vinculados con el terrorismo.
De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, organismos de inteligencia identificaron posibles amenazas contra el mandatario, lo que llevó a iniciar una serie de diligencias investigativas que resultaron en el arresto del sospechoso.
Las indagaciones buscan establecer la magnitud de las amenazas mencionadas y determinar si existían planes concretos que atentarían contra la integridad del jefe del Estado.
Arresto y Operativos en San Francisco de Macorís
De la Cruz Sosa fue detenido el martes 3 de noviembre durante un allanamiento llevado a cabo en un apartamento situado en el segundo nivel de una vivienda en la calle Joaquín Balaguer, en el sector Vista del Valle, de San Francisco de Macorís.
Como parte de las pesquisas, representantes del Ministerio Público ejecutaron un allanamiento en la Ferretería Molina, un establecimiento que se encuentra en la avenida Profesor Juan Bosch del mismo sector, donde trabajaba el imputado.
Durante estos operativos, las autoridades se incautaron de equipos electrónicos y sustancias químicas, las cuales están siendo analizadas como posibles evidencias relacionadas con las amenazas que se investigan.
Hasta el momento, no se han ofrecido detalles sobre la naturaleza de las sustancias confiscadas ni sobre los resultados de los análisis realizados a los equipos electrónicos.
Investigación sobre el Presunto Atentado para el Día de la Constitución
La autorización judicial que permitió llevar a cabo los allanamientos menciona una investigación vinculada a la supuesta planificación de un atentado terrorista contra el presidente Luis Abinader.
El documento indica que la acción terrorista contemplaba llevarse a cabo el viernes 6 de noviembre de 2026, fecha en la que la República Dominicana celebra el Día de la Constitución.
Las autoridades están profundizando en las circunstancias que envuelven el caso para establecer si realmente había un plan en marcha y determinar las responsabilidades pertinentes.
El proceso judicial aún se encuentra en su fase inicial, por lo que el Ministerio Público deberá presentar pruebas concretas ante los tribunales para respaldar las acusaciones formuladas contra De la Cruz Sosa.
Mientras tanto, se anticipa que la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente programe la audiencia para analizar la solicitud de prisión preventiva solicitada por el órgano acusador.
Nuevas Revelaciones sobre el Presunto Atentado contra el Presidente
- El Ministerio Público solicita tres meses de prisión preventiva contra Delvinson de la Cruz Sosa.
- Autoridades realizan allanamientos en San Francisco de Macorís buscando evidencias relacionadas con terrorismo.
- El presunto atentado estaría programado para el 6 de noviembre de 2026, coincidiendo con el Día de la Constitución.
- El proceso judicial está en una fase inicial; se espera la audiencia para la solicitud de prisión preventiva.
El Cibao
Ambientalistas y comunidades luchan en tribunales contra la autopista del Ámbar.
Santiago – El movimiento social y comunitario Unidos Somos Más, que incluye a sacerdotes, ambientalistas y campesinos, ha anunciado su intención de presentar un recurso de amparo. El objetivo es paralizar la construcción de la autopista del Ámbar, debido a la percepción de que el proyecto presenta serias irregularidades en relación con las normativas ambientales.
La organización alega que las obras comenzaron sin contar con la licencia ambiental adecuada, lo cual, según su criterio, sería una infracción de las leyes diseñadas para proteger los recursos naturales de la región.
Este anuncio se produce tras la declaración del ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, sobre el inicio de los trabajos de construcción en el tramo de Montellano, ubicado en la provincia Puerto Plata.
Durante una rueda de prensa, el padre Rainer Rafael Vásquez Ferreira y los ambientalistas Eduardo Rodríguez, ex presidente de la Sociedad Ecológica del Cibao, y Nelson Reyes, de la Fundación Ecológica Tropical, expresaron su creciente preocupación por las posibles consecuencias ambientales de esta infraestructura vial.
Los representantes de Unidos Somos Más exigen la entrega completa del estudio de impacto ambiental a la Academia de Ciencias de la República Dominicana y a la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Su intención es que ambas instituciones realicen una auditoría y revisión técnica independiente del proyecto.
Iniciativa legal para detener la construcción
Los miembros de Unidos Somos Más han informado que sus asesores legales están trabajando en un recurso de amparo que será presentado ante los tribunales. Este recurso busca solicitar la paralización de las obras, argumentando posibles violaciones a la legislación ambiental.
La acción legal también exige que las autoridades aclaren el estatus de los permisos y presenten toda la documentación técnica que respalde la ejecución del proyecto.
Además, los representantes han advertido que, si es necesario, retomarán movilizaciones sociales y convocarán protestas pacíficas para exigir la protección de los recursos naturales en la región.
Preocupaciones sobre la cordillera Septentrional
Los ambientalistas han manifestado su inquietud por los efectos que la construcción de la autopista podría tener sobre los ecosistemas, las fuentes de agua y la biodiversidad de la cordillera Septentrional.
Según el manifiesto presentado, se argumenta que el proyecto no cuenta con los necesariamente avales ambientales que respaldan la construcción de una infraestructura de tal envergadura.
Los representantes del movimiento insisten en que es crucial evaluar de manera independiente los impactos potenciales en las zonas ambientalmente sensibles que atravesará la carretera.
En este contexto, recalcan la necesidad de garantizar el cumplimiento de las normativas ambientales antes de que continúen los trabajos.
La organización ha reafirmado su compromiso de mantener acciones legales y comunitarias para reclamar transparencia en la construcción de la autopista del Ámbar y proteger los recursos naturales de la zona norte.
Autorizaciones ambientales en cuestión
El funcionario indicó que las autorizaciones fueron emitidas el 27 de octubre de 2026, citando los códigos S01-26-02880 y S01-26-02883, y presentó imágenes de los documentos como prueba.
Este anuncio introduce un nuevo y relevante elemento en la controversia, ya que los representantes de Unidos Somos Más basan sus denuncias en una comunicación del Ministerio de Medio Ambiente, fechada el 23 de octubre, la cual indicaba que hasta esa fecha no se habían emitido las autorizaciones pertinentes.
Por lo tanto, es imperativo establecer el alcance de los permisos anunciados, las actividades autorizadas y su relación con el estudio de impacto ambiental del proyecto.
Controversia sobre la autopista del Ámbar y sus implicaciones ambientales
- Unidos Somos Más planea presentar un recurso de amparo para detener la construcción de la autopista del Ámbar.
- La organización critica la supuesta falta de licencia ambiental y exige auditorías independientes.
- Preocupación por los efectos de la construcción sobre la cordillera Septentrional y sus ecosistemas.
- RD Vial sostiene que el proyecto cuenta con permisos ambientales válidos, lo cual genera controversia.
El Cibao
Escuelas del Cibao: más de seis meses sin recursos del Ministerio de Educación, denuncia ADP
Santiago – Las seccionales de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) en la región del Cibao han expresado su preocupación al denunciar que los centros educativos de la zona no han recibido las partidas de descentralización que les corresponden desde hace más de seis meses por parte del Ministerio de Educación.
Según informaron, varias escuelas se han visto forzadas a despedir a los estudiantes al mediodía. La razón principal: la falta de recursos básicos, lo que incluye desde botellones de agua hasta papel higiénico, tanto para los alumnos como para el personal docente.
Los educadores también señalaron que estas instituciones enfrentan serias dificultades para conseguir materiales didácticos y mantener la limpieza y el buen estado de sus instalaciones. Este problema no solo afecta la calidad de la educación, sino que compromete la salubridad en los centros.
Impacto Crítico en la Educación
El presidente de la seccional de la ADP en Samaná, Roberto Concepción, describió la situación como crítica. “Los estudiantes están recurriendo a métodos tradicionales, como quitar hojas del cuaderno para ir al baño, debido a la falta de papel higiénico”, afirmó.
Concepción subrayó que esta situación ha sido comunicada desde hace meses. Además, advirtió que los proveedores están dejando de otorgar crédito a los directores de las escuelas por el alto monto de las deudas acumuladas.
“Es responsabilidad del Ministerio de Educación, a través del Departamento de Descentralización, realizar los desembolsos trimestrales. Sin embargo, hace más de seis meses que no hemos recibido nada”, declaró Concepción.
Preocupación en Diferentes Provincias
Un panorama similar se está observando en San Francisco de Macorís y en las provincias Duarte y Hermanas Mirabal, según Robert Frías, representante del gremio magisterial en esa región. Frías explicó que en su provincia hay escuelas que también han tenido que enviar a los estudiantes a sus casas al mediodía, ya que no cuentan con lo mínimo para asegurar el suministro de agua potable.
Desde abril de este año, estas instituciones educativas no han recibido las partidas de descentralización adecuadas, lo cual se traduce en un problema que se extendió por otras demarcaciones del país.
En Santiago, un medio de comunicación a nivel nacional ha confirmado la existencia de múltiples centros educativos esperando desde hace más de seis meses los recursos económicos que les corresponden.
Ante esta alarmante situación, los representantes de los maestros en el Cibao han apelado al ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, para que se tomen medidas urgentes que atiendan las necesidades de los centros educativos y se garanticen los recursos necesarios para el funcionamiento efectivo del sistema educativo dominicano.
Desafíos en los Centros Educativos del Cibao
- Más de seis meses sin recibir fondos de descentralización.
- Escuelas despachando estudiantes por falta de recursos esenciales.
- Proveedores negando créditos debido a deudas acumuladas.
- Llamado urgente al ministro de Educación para solucionar la crisis.
El Cibao
Inhabilidades absolutas en la ley 47
La Ley 47-25 es un marco legal que establece normas para contratar con el Estado. Uno de los aspectos más controvertidos de esta legislación son.
Inhabilidades absolutas en la ley 47
SANTIAGO, R.D. – La Ley 47-25 es un marco legal que establece normas para contratar con el Estado. Uno de los aspectos más controvertidos de esta legislación son las inhabilidades absolutas, que prohiben a ciertas personas participar en cualquier procedimiento de contratación pública.
En primer lugar, debemos entender qué significa una «inhabilidad absoluta». Según el artículo 38 de la ley, estas prohibiciones se aplican a aquellos que están relacionados por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado con el presidente y el vicepresidente de la República, así como a sus cónyuges o parejas en unión libre. Esto incluye también a las empresas en las que dichos parientes tengan participación, sin importar el porcentaje ni mantengan funciones de dirección, gerencia o participación en consejos de administración dentro de los doce meses anteriores a la convocatoria.
Además, no pueden contratar con el Estado los siguientes servidores públicos: El presidente y vicepresidente de la República, los ministros viceministros, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo y los subconsultores, Abogado General de la Administración Pública y sus abogados adjuntos, los senadores y diputados del Congreso Nacional, los magistrados de la Suprema Corte de Justicia y de los demás tribunales del orden judicial, los magistrados del Tribunal Constitucional, los magistrados del Tribunal Superior Electoral, los miembros de la Cámara de Cuentas y de la Junta Central Electoral, el Defensor del Pueblo, los alcaldes y regidores de los ayuntamientos de los municipios y del Distrito Nacional y los directores y vocales de los distritos municipales.
La ley también establece que si una sola persona de un consorcio se encuentra inhabilitada, la restricción afectará automáticamente a toda la empresa. Esto es para asegurar que no haya forma de evadir estas prohibiciones mediante la creación de empresas ficticias o utilizando personas que no estén relacionadas con las prohibidas.
Otra medida importante es la prohibición permanente para exfuncionarios con responsabilidad de gestionar intereses privados en asuntos que conocieron o decidieron directamente durante su gestión. Esto busca garantizar la integridad de la función pública y evitar conflictos de interés.
En Santiago y las provincias del Cibao, esta ley ha generado un gran revuelo entre los ciudadanos. Muchas personas se sienten afectadas por el hecho de que sus familiares o amigos están incluidos en estas listas de inhabilitades absolutas. Algunos incluso han expresado preocupación sobre cómo esto puede impactar a la economía local y al desarrollo regional.
Por ejemplo, en Santiago, hay una empresa familiar que ha estado trabajando con el Estado durante años. Sin embargo, cuando descubrieron que uno de sus empleados estaba relacionado con el presidente de la República, decidieron dejar de contratarle para evitar problemas legales. Esto no solo perjudicó a su negocio sino también a los empleados que dependían del trabajo.
En las provincias del Cibao, algunos líderes comunitarios están hablando abiertamente sobre este tema. «Es injusto que nuestras familias estén afectadas por esta ley», dice un alcaldesa local. «No sabemos qué tan directa está la relación entre nuestros familiares y estos políticos, pero estamos dispuestos a luchar por nuestra justicia».
Sin embargo, hay quienes argumentan que estas prohibiciones son necesarias para asegurar la transparencia en el gobierno y evitar conflictos de interés. «La integridad es lo más importante cuando se trata de contratar con el Estado», afirma un funcionario público.
En cualquier caso, parece claro que las inhabilidades absolutas han generado una gran tensión social en República Dominicana. La población espera ver medidas urgentes tomadas para abordar este tema y garantizar que no haya personas injustamente afectadas.
Repercusiones en Santiago y las provincias del Cibao
La ley 47-25 ha tenido impacto significativo en Santiago y las provincias del Cibao. Algunos ciudadanos están preocupados por la posibilidad de perder empleos debido a la prohibición de contratar con el Estado a sus familiares o amigos relacionados con políticos.
En Santiago, hay varias empresas que se ven obligadas a dejar de contratar a empleados cuyas familias estén incluidas en listas de inhabilitades absolutas. Esto puede tener consecuencias graves para estas empresas y sus trabajadores.
«Es un gran problema», dice una empresaria local. «No sabemos qué tan directa está la relación entre nuestros empleados y estos políticos, pero estamos dispuestos a luchar por nuestra justicia».
Las provincias del Cibao también están siendo afectadas por esta ley. Algunos líderes comunitarios han expresado su descontento con el hecho de que las prohibiciones se aplican sin distinción ni excepción.
«No es justo que nuestras familias estén afectadas por esto», dice un alcaldesa local. «Creímos en la transparencia y la equidad en nuestro gobierno».
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para República Dominicana
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