El caso Senasa 2.0 ha cobrado una nueva dimensión tras el arresto de 28 personas, entre ellas varios profesionales de la salud. Este acto judicial se lleva a cabo en un momento crucial, ya que hoy se establecerán las medidas de coerción pertinentes para los detenidos.

Desde las primeras horas de la mañana, el país fue testigo de una serie de allanamientos simultáneos realizados por el Ministerio Público. Estas operaciones se llevaron a cabo en un contexto de sorpresa, tomando desprevenidos no solo a los imputados, sino también a la sociedad que seguía con inquietud el avance de este complejo caso.

Los allanamientos se extendieron por diversas localidades, incluyendo el Distrito Nacional, el Gran Santo Domingo, Santiago, La Vega y Cotuí. Esta acción concreta responde a la advertencia lanzada el pasado 5 de febrero por Wilson Camacho, director de Persecución, cuando la Corte de Apelación desestimó la solicitud de cambiar la medida de coerción impuesta a Santiago Hazín, exdirector del SeNaSa y figura clave en la investigación.

Desarrollo del Caso Senasa 2.0: Arrestos y Operativos Judiciales

• Se arrestaron 28 personas, incluyendo profesionales de la salud.
• Los allanamientos fueron ejecutados de forma simultánea en varias localidades.
• Wilson Camacho advirtió sobre las acciones judiciales el 5 de febrero.
• Santiago Hazín es el principal imputado en el caso, actualmente bajo medidas de coerción.

Un tribunal de apelaciones en Estados Unidos ha emitido un fallo significativo este viernes, rechazando **la política del Gobierno del presidente Donald Trump** que permitía a las autoridades de inmigración deportar a migrantes a terceros países sin notificación previa, ni oportunidad para impugnar dicha decisión.

El panel, constituido por tres jueces del Primer Tribunal de Apelaciones, confirmó mayoritariamente el fallo de un tribunal inferior en el Distrito Federal de Massachusetts, que había declarado ilegal la política implementada el año pasado.

La norma impugnada indicaba que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) no tenía la obligación de informar a los extranjeros sobre su expulsión a terceros países. La única condición era que los gobiernos de esos países aseguraran que los deportados no enfrentarían persecución ni tortura.

El juez Seth Aframe, quien redactó la opinión del panel, destacó que «el derecho de una persona a impugnar su traslado a un país, basado en el temor de sufrir persecución, tiene poco valor si no se le notifica previamente el destino del traslado y no se le ofrece una oportunidad real de objetar». Este argumento fue respaldado de manera unánime por el panel de jueces.

Desafíos legales de la administración Trump

Aframe también enfatizó que tanto la ley como los reglamentos vigentes establecen procedimientos de audiencia para las solicitudes que se basan en el temor a la persecución, sin prever excepciones para los traslados a terceros países.

El panel de apelaciones dejó claro que «rechazamos los intentos del Departamento de Seguridad Interna de inventar tal excepción de la nada».

La administración Trump ha enfrentado varios desafíos judiciales en relación con la expulsión de inmigrantes hacia terceros países, aquellos que no son específicamente designados en la orden de deportación. En este contexto, Trump ya ha llevado el caso a la Corte Suprema, que le permitió continuar con las expulsiones mientras que el litigio sigue en curso.

Se prevé que la Casa Blanca continúe utilizando esta estrategia legal, incluso llevando el caso a instancias superiores para revertir el fallo del panel de apelaciones.

Nueva perspectiva sobre la política de deportaciones

• Fallo unánime del tribunal contra la política de deportaciones a terceros países.
• Argumentos sólidos sobre la falta de notificación a los deportados.
• Procedimientos de audiencia establecidos para solicitudes de protección por temor a persecución.
• Continuación de la estrategia legal de la administración Trump ante la Corte Suprema.

A solicitud del Ministerio Público, un tribunal del Distrito Nacional ha decidido imponer tres meses de prisión preventiva a dos individuos acusados del asesinato de un hombre. La víctima fue ocultada en una estructura de concreto de reciente construcción, situada en el sector Buenos Aires de Herrera, en Santo Domingo Oeste.

La medida de coerción, dictada por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, recae sobre los imputados José Antonio Martínez Joseph (Martínez) y Juan Gabriel Marte Ramírez (conocido como el Diamante). Según la procuradora fiscal Topacio Suero Sierra, quien forma parte del Departamento de Crímenes y Delitos contra la Persona (Homicidios), ambos individuos se asociaron para perpetrar el homicidio de Andy Louissant.

Ambos acusados deberán cumplir su medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, ubicado en el municipio San Antonio de Guerra. Se ha establecido una revisión obligatoria de su situación para el 17 de diciembre de 2026.

Nuevo fallo judicial sobre caso de asesinato en Santo Domingo

• El tribunal ha dictado tres meses de prisión preventiva para los imputados.
• Los acusados fueron arrestados por el asesinato de Andy Louissant.
• La medida se ejecutará en el CCR Las Parras.
• La revisión del caso está programada para diciembre de 2026.