La reciente acusación federal contra el alcalde de Lawrence, Massachusetts, Brian DePeña, por presunto fraude electrónico y lavado de dinero, ha reavivado el interés por las figuras de origen dominicano en posiciones de poder en Estados Unidos.

Este caso ha captado la atención de la comunidad dominicana, no solo por la relevancia de la alcaldía que lidera DePeña, sino también porque Lawrence alberga una gran población dominicana que ha participado activamente en la política local a lo largo de los años.

N Digital ha consultado al politólogo Daniel Pou, quien indicó que este tipo de situaciones afecta la percepción sobre una comunidad que ha logrado obtener espacios importantes en la política estadounidense.

El alcalde fue arrestado el viernes y enfrenta cargos de fraude electrónico y lavado de dinero por el uso indebido de aproximadamente US$1.5 millones de un programa de préstamos para pequeñas empresas afectadas por la pandemia. Según los fiscales, parte de estos fondos se utilizó para cubrir hipotecas, impuestos personales y gastos de su campaña electoral.

DePeña, que también posee ciudadanía dominicana, compareció ante un tribunal federal en Boston y quedó en libertad bajo ciertas condiciones, que incluyen la entrega de su pasaporte y restricciones para solicitar nuevos préstamos sin aprobación judicial. Es importante resaltar que la acusación no implica una condena, y DePeña se mantiene presuntamente inocente mientras avanza el proceso legal.

Daniel Pou considera que este episodio es particularmente preocupante, pues contrasta con el progreso que muchos dominicanos han logrado en Estados Unidos, alcanzando posiciones electivas gracias a sus antecedentes profesionales y relación con la comunidad.

“Muchos dominicanos han escalado posiciones de renombre por su dedicación y trayectoria”, afirmó el politólogo, quien también mencionó que el caso de DePeña no es aislado en la historia política dominicana en el país.

Un caso notable es el de Gabriela Rosa, exasambleísta estatal de Nueva York, quien se declaró culpable en 2014 de delitos federales relacionados con fraude migratorio. Rosa había sido electa en 2012 y renunció a su cargo como parte de su acuerdo judicial, recibiendo una condena a un año de prisión.

El caso de Rosa incluía acusaciones de matrimonio fraudulento para beneficios migratorios y declaraciones falsas durante un proceso de quiebra.

Otro nombre relevante es el de William Lantigua, primer alcalde dominicano electo de Massachusetts en 2010. A diferencia de DePeña, Lantigua no enfrenta condenas por fraude, aunque su administración observó investigaciones en torno a miembros de su equipo.

Entre estos, el exjefe de gabinete Leonard Degnan, condenado en 2014 por corrupción, y el colaborador Melix Bonilla enfrentó investigaciones relacionadas con irregularidades en el departamento de policía.

Estos incidentes reflejan un fenómeno más grande: el crecimiento de la representación dominicana en la política de EE. UU. ha venido acompañado de controversias y problemas legales que ponen a prueba la confianza que los votantes depositan en sus representantes.

Según Pou, el problema radica en la calidad de los funcionarios públicos que acceden al poder. “Los hombres de Estado han sido reemplazados por hombres populares”, señaló, resaltando la distinción entre aquellos con trayectoria en servicio público y los que únicamente conectan con el electorado.

El politólogo destacó que es esencial que quienes manejan recursos públicos comprendan que estos bienes son de la comunidad, y su deber es protegerlos.

Pou también instó a no apresurarse en juzgar el caso DePeña. El alcalde debe ser considerado inocente hasta que se demuestre lo contrario, y confió en que el debido proceso se respete en la corte.

La etapa judicial del caso recién comienza, lo que significa que los fiscales deben fundamentar sus acusaciones, mientras DePeña tiene la oportunidad de defenderse.

Si se prueban los cargos, esto podría marcar un punto crítico para la representación dominicana en la política americana. Por el contrario, si no se validan las acusaciones, podría quedar absuelto.

Más allá de la resolución del caso, lo crucial es el debate sobre ética, responsabilidad y confianza pública que surge de estas circunstancias.

A través de los años, la comunidad dominicana en Estados Unidos ha ganado una presencia política notable. Desde alcaldías hasta legislaturas estatales, han transformado su influencia de ser una mera fuerza laboral a una significativa fuerza política.

Por ello, situaciones como la de Brian DePeña obligan a replantear hasta dónde debe llegar la responsabilidad de quienes reciben el voto y cómo se puede garantizar que el poder no se use para fines personales.

La justicia estadounidense tomará la última decisión sobre las acusaciones contra DePeña, mientras la comunidad dominicana sigue de cerca un caso que reabre interrogantes sobre el tipo de dirigentes que están asumiendo el poder y su manejo de la confianza ciudadana.

Implicaciones del Caso DePeña en la Comunidad Dominicana

• Acusaciones de fraude y lavado de dinero contra el alcalde DePeña.
• Impacto en la percepción de la comunidad dominicana en la política estadounidense.
• Comparaciones históricas con otros casos de políticos dominicanos en Estados Unidos.
• Importancia de la ética y responsabilidad en los líderes públicos.

El presidente Luis Abinader lideró el lanzamiento del Programa Nacional de Mecanización (Pronamec), una iniciativa destinada a transformar los procesos productivos del sector agropecuario en la República Dominicana. Este programa tiene como objetivo principal la reducción de costos, el incremento de la productividad y la disminución de la dependencia de mano de obra extranjera.

Durante su intervención en la provincia San Juan, Abinader enfatizó la decisión de su administración de ofrecer apoyo incondicional a los productores locales, destacando que este es un asunto crucial para la seguridad nacional. Al hacerlo, se pretende evitar en el futuro el uso indefinido de mano de obra extranjera.

El presidente subrayó: “Es esencial acompañar a los productores de todo el país en la mecanización gradual de las labores, ya que resulta más económico y menos complejo.”

El Programa Pronamec incluirá la incorporación progresiva de tecnología y maquinaria en diferentes fases de la producción agrícola. Desde la preparación del terreno hasta la recolección y el manejo de los cultivos, se prevé que cada etapa se beneficie de nuevas tecnologías y modelos de financiamiento.

Las autoridades han indicado que el programa se implementará en varias etapas, con una inversión superior a los RD$200 millones. La primera fase iniciará en San Juan con Parcelas Demostrativas de Mecanización, que se extenderán a zonas como Las Matas de Santa Cruz, Valverde, La Vega, Constanza y Arenoso. Esto permitirá capacitar a los productores y evaluar qué tecnologías se adaptan mejor a cada cultivo y región.

En la segunda etapa, se buscará facilitar el acceso a estos equipos y tecnologías para pequeños y medianos productores mediante financiamientos flexibles, con el respaldo del Banco Agrícola, Bandex y la banca privada. Además, se fomentarán esquemas asociativos y cooperativos para compartir maquinarias y reducir costos.

La tercera etapa del programa prevé transformar a nivel nacional el Programa de Servicios y Maquinarias Agrícolas (Prosema), ampliando su cobertura y modernizando los servicios ofrecidos por el Ministerio de Agricultura.

El ministro Espaillat explicó que en cultivos como arroz, maíz, sorgo y habichuela se puede mecanizar aproximadamente el 90% del proceso. En plátano y banano, donde la complejidad es mayor, se busca alcanzar una mecanización del 60%, a través de una planificación adecuada de las siembras. La estrategia también se extenderá a otros cultivos como vegetales, tubérculos y frutas.

Apoyo a Mipymes

En un esfuerzo por fortalecer el sector empresarial, el presidente Abinader anunció la entrega de RD$85 millones en créditos a 400 microempresarios y emprendedores de San Juan, mediante el Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Promipyme). Este anuncio también incluyó la ampliación del programa “Tu Firma es Tu Garantía”, que busca facilitar el acceso al financiamiento a más mujeres y hombres emprendedores, contribuyendo a la generación de empleo y a la dinamización de la economía provincial.

Fabrizio Gómez Mazara, director de Promipyme, destacó que el programa ha canalizado RD$979.3 millones, lo que representa un 8.2% de la cartera de créditos de Promipyme. Esto ha permitido aumentar el acceso al crédito formal y reducir la dependencia del financiamiento informal. Notablemente, el 62% de los créditos otorgados han sido destinados a negocios liderados por mujeres.

Programa para jóvenes del sur

Abinader también dirigió la decimocuarta graduación regional del programa Oportunidad 14-24, donde 1,156 jóvenes de la región Sur completaron su formación técnico-profesional correspondiente al primer semestre de 2026, proporcionando una base sólida para superar condiciones de vulnerabilidad.

Alex Mordán, director del programa, mencionó que cerca de 14,000 egresados se han integrado al mercado laboral formal. Para cerrar el primer semestre de este año se proyectan 35,812 graduados, con esperanzas de sobrepasar los 40,000 al finalizar el año.

Geanilda Vásquez, coordinadora del Gabinete de Política Social, informó que este evento suma un total de 7,300 jóvenes egresados solo en la región Sur. Del total, 2,926 residen en la provincia San Juan, con 1,690 de ellos realizando pasantías remuneradas y 332 encaminados a lanzar sus propios proyectos.

Este programa incluye además las iniciativas Derivación Escolar y Sur Bilingüe, dirigidas a identificar jóvenes que han interrumpido sus estudios y facilitar su reinserción educativa, así como enseñarles el idioma inglés.

Iniciativas para Potenciar el Agro y la Juventud

• Lanzamiento del Programa Nacional de Mecanización (Pronamec) para modernizar el agro.
• Inversión de RD$200 millones en varias etapas para fortalecer el sector agrícola.
• Apoyo a microempresarios con RD$85 millones en créditos del gobierno.
• Programa Oportunidad 14-24 beneficiará a jóvenes en formación técnica.

Confirman Arresto Domiciliario en Caso de Sobornos por Seguridad Pública

Un juez ha decidido ratificar el arresto domiciliario de Bolívar Nicolás Fernández Espinal, uno de los acusados de una red criminal que canalizó sobornos por más de 108 millones de pesos. Esta red operó para asegurar contratos de seguridad privada en diversas instituciones estatales del país. Fernández, quien fue el encargado de Seguridad de Edenorte Dominicana, es procesado junto a trece individuos y varias entidades empresariales.

Durante la audiencia, los fiscales Rosa María Pichardo y Ernesto Guzmán Alberto representaron al Ministerio Público. El juez Deybi Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, tomó la decisión de mantener el arresto domiciliario para el acusado, que enfrenta serias imputaciones.

Asimismo, el juez modificó la forma de presentar la garantía económica de 5 millones de pesos para Quilvio Bienvenido Rodríguez González, quien es representante de la empresa Servicio Nacional de Seguridad Integral S.R.L. (Senase). Inicialmente debía resultar en un pago efectivo, pero ahora será a través de un contrato, tal como se confirmó tras las preguntas de la prensa realizadas a la fiscal Pichardo.

Pichardo también comunicó que la audiencia preliminar está agendada para el 7 de septiembre, donde se espera una revisión más profunda de las acusaciones.

Acusaciones de Sobornos Presentadas en Julio

En julio, el Ministerio Público llevó a cabo la presentación formal de las acusaciones, solicitando la apertura de juicio contra 14 individuos y entidades relacionadas con la red de sobornos. Los acusados incluyen a Carlos Ambrosio Robles Díaz, exdirector de seguridad de EdeSur, y a Francisco Guarín Fernández Vásquez, entre otros.

El caso también menciona a varios ejecutivos de seguridad de distintas instituciones, revelando un patrón de corrupción que involucra la manipulación de contratos públicos. Entre los acusados están, Andrés Pacheco Varela y Wellington Peralta Santos, quienes desempeñaron roles de seguridad en EdeNorte y Inaipi, respectivamente.

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) inició investigaciones tras una denuncia de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental. Esta investigación evidenció una red criminal que estafó al Estado a través de la manipulación de contratos y la exigencia sistemática de sobornos para beneficiar a contratistas de seguridad.

Las pesquisas revelaron que la empresa Senase pagó sobornos a funcionarios públicos entre los años 2012 y 2025. Estos sobornos se llevaron a cabo mediante diversas modalidades, incluyendo transferencias bancarias y entrega de dinero en efectivo, asegurando suposición de contratos firmados con el Estado.

Revisión del Caso de Sobornos en Seguridad Pública

• Se ratifica el arresto domiciliario de Bolívar Fernández en el caso de sobornos.
• Se modifica la garantía económica de Quilvio Rodríguez a presentación por contrato.
• La audiencia preliminar está programada para el 7 de septiembre.
• La red criminal ha implicado a 14 individuos y empresas en corrupción institucional.