El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) impuso el pasado jueves una multa de 4.125 millones de euros a la multinacional Google por abuso de posición dominante mediante su sistema operativo Android. Esta multa representa un hito, siendo la más alta en la historia de la UE en casos antimonopolio.

En su dictamen, el TJUE rechazó el recurso presentado por Google y su empresa matriz, Alphabet, afirmando que la gigante tecnológica impuso restricciones ilegales a los fabricantes de dispositivos Android. Estas restricciones tenían como fin consolidar la posición dominante de su motor de búsqueda, Google Search, y su navegador, Chrome.

La Corte de Luxemburgo concluye así un proceso que se extiende por más de diez años. La Comisión Europea inició la investigación en 2015 y, tres años más tarde, en 2018, anunció una multa inicial de 4.343 millones de euros.

Apoyo de diversas asociaciones

Previo a la resolución del caso, celebrada en enero de 2025, Bruselas recibió respaldo de la Asociación Europea de Consumidores (BEUC), así como de las asociaciones alemanas de editores de periódicos y revistas, BDVZ y VDZ. Además, contaron con el apoyo de la organización Fair Search, y de los motores de búsqueda Qwant (Francia) y Seznam (República Checa).

Por otro lado, Google contó con el apoyo de varios fabricantes que, teóricamente, se verían perjudicados por su modelo de negocio, como los finlandeses HMD y los alemanes Gigaset, así como el navegador noruego Opera. También recibió respaldo de la Asociación de la Industria de la Computación y las Comunicaciones (CCIA).

El centro de la controversia radica en los denominados «acuerdos de distribución», que obligaban a los fabricantes de dispositivos móviles a preinstalar Google Search y Chrome, a cambio de una licencia para acceder a la tienda de aplicaciones Play Store.

Estas cláusulas están intrínsecamente relacionadas con otros acuerdos «contra la fragmentación», que condicionaban las licencias de Google Search y Play Store a que los fabricantes no vendieran teléfonos que integraran versiones alternativas no autorizadas de Android.

Acuerdos de reparto de ingresos

Un tercer aspecto en cuestión son los «acuerdos de reparto de ingresos», donde los fabricantes renunciaban a preinstalar motores de búsqueda de la competencia, a cambio de una compensación de parte de los ingresos publicitarios de Google.

La Comisión Europea determinó en verano de 2018 que estos acuerdos eran «abusivos» y, por ende, ilegales, dado que socavaban la competencia en el mercado único y limitaban la capacidad de otras empresas para competir con Google.

El Tribunal General de la UE, en su primer análisis del recurso de Google, validó la posición de Bruselas en términos generales, aunque redujo ligeramente la multa a 4.125 millones de euros, tras anular ciertos aspectos relacionados con el reparto de ingresos publicitarios.

En el fallo reciente, el TJUE respalda todos los argumentos del Tribunal General, destacando que este último interpretó correctamente los efectos adversos a la competencia de las condiciones de preinstalación en los acuerdos de Android.

Prohibición de abuso de posición dominante

El tribunal también subraya que «podía considerar todo el contexto económico pertinente, incluidos los acuerdos de reparto de ingresos», sin necesidad de realizar un análisis exhaustivo para demostrar una infracción de la prohibición de abuso de posición dominante.

Además, valida la conclusión del Tribunal General sobre las condiciones de preinstalación, afirmando que «la prueba de un abuso de posición dominante no siempre necesita demostrar la capacidad de expulsar competidores del mercado».

El TJUE confirma que los acuerdos «contra la fragmentación» pueden restringir oportunidades comerciales de versiones de Android no compatibles, fortaleciendo así la posición de Google.

Por último, el fallo califica la infracción como «única y continua», a pesar de que el Tribunal General anulase algunos aspectos, ya que los abusos continuaban alineados con una estrategia contraria a la competencia.

Google lamenta la decisión

De manera contraria, Google manifestó su pesar ante el hecho de que el TJUE no reconozca las inversiones efectuadas para mantener su sistema operativo «abierto, interoperable y gratuito».

Un portavoz de la multinacional declaró: «Android brinda más opciones para todos y apoya a miles de empresas. Esta sentencia no refleja nuestra inversión en garantizar que Android se mantenga accesible».

Google también mencionó que ya había adaptado sus acuerdos con los fabricantes para alinearse con la decisión inicial de la Comisión Europea en 2018, y reafirmó su compromiso hacia la innovación continua y la apertura para usuarios, socios y desarrolladores.

Los consumidores celebran el fallo

Por otro lado, la Asociación Europea de Consumidores (BEUC), que apoyó la multa, emitió una declaración que enfatizó que «las empresas dominantes no pueden abusar de su poder para eliminar la competencia y restringir las opciones de los consumidores».

El presidente de la asociación, Agustín Reyna, comentó que «hoy es una gran victoria para Europa», destacando la necesidad de contar con herramientas futuristas, como la Ley de Mercados Digitales, para erradicar prácticas desleales y ofrecer mayor libertad de elección a los consumidores en el ámbito digital.

Revisión del fallo de Google sobre la multa impuesta

• El TJUE impone una multa récord de 4.125 millones de euros a Google por abuso de posición dominante.
• La sentencia confirma que Google estableció restricciones ilegales a fabricantes de dispositivos Android.
• Google lamenta la decisión y destaca sus esfuerzos por mantener Android accesible y abierto.
• Los consumidores y asociaciones celebran una victoria que refuerza la competencia en el mercado digital.