El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) reafirmó este lunes su compromiso con el fortalecimiento de un sistema moderno y sostenible para la gestión integral de los residuos sólidos. En este contexto, también subrayó la importancia de revisar periódicamente el marco legal para adaptarse a nuevos desafíos ambientales y sociales.

Sin embargo, el CONEP expresó su preocupación respecto a la metodología empleada para llevar a cabo una reforma de tanto impacto. Considera que el procedimiento legislativo actual limita considerablemente los espacios necesarios para un análisis y una deliberación técnica exhaustiva que requiere una iniciativa de esta envergadura.

La expresión de estas preocupaciones por parte de la cúpula empresarial surge tras la reciente aprobación en la Cámara de Diputados, con modificaciones, del proyecto de ley sobre residuos sólidos, el cual han rechazado en varias ocasiones por su impacto potencial sobre la actividad empresarial.

“La facultad constitucional de declarar la urgencia es una herramienta legítima para abordar circunstancias excepcionales. Sin embargo, enfatizamos que su uso para reformas que alteren de forma sustancial las obligaciones económicas y las reglas de funcionamiento del sector productivo debe hacerse con prudencia y responsabilidad institucional”, declaró el gremio en un comunicado.

El CONEP calificó como “preocupante” que el proyecto asigne una importante carga económica a las mismas empresas que recientemente enfrentaron un aumento en la tasa del Impuesto sobre la Renta, y que además contribuyen significativamente a la recaudación tributaria del país.

“Esta no es una discusión entre grandes, medianas o pequeñas empresas. Todas son parte de un mismo tejido productivo y son indispensables para el desarrollo nacional”, añadieron los representantes empresariales.

En este sentido, enfatizaron que las políticas públicas deben ser evaluadas por su efecto acumulado y no de manera aislada. “La proporcionalidad exige sopesar el impacto conjunto de las obligaciones regulatorias y tributarias, a fin de evitar que la carga continua sobre un mismo segmento dañe la competitividad que el país necesita preservar”, concluyeron.

Impacto de la Reforma de Residuos Sólidos en la Empresa Privada

• CONEP reafirma su compromiso con un sistema sostenible de gestión de residuos.
• Preocupación por el procedimiento legislativo que limita el análisis técnico necesario.
• La reforma podría aumentar las cargas económicas sobre las empresas.
• La evaluación de políticas debe considerar su impacto acumulado en el tejido productivo.

La jueza Sthephanie Reyes, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, ha dictado una medida de prisión preventiva de 18 meses contra Héctor Antonio Lora Cruceta y Luisa Yasiris Guzmán de Lora. Además, se declaró como complejo el proceso relacionado con la Operación Onco14, que investiga un presunto entramado de corrupción en el Instituto Oncológico Regional del Cibao. Esta decisión resalta la seriedad de las acusaciones en el marco de este caso de gran impacto social.

En la misma resolución, la magistrada impuso un régimen de arresto domiciliario contra Dilcia Isabel Vargas Sánchez. Esta medida fue adoptada tras un cambio en el planteamiento del Ministerio Público, que valoró positivamente la disposición de Vargas Sánchez para colaborar con las investigaciones en curso.

La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, Mirna Ortiz, destacó que el tribunal acató completamente los argumentos del Ministerio Público, reconociendo así la robustez de las pruebas presentadas durante el proceso judicial.

Contexto de la Operación Onco14

En representación del Estado dominicano y del Seguro Nacional de Salud, Manuel Conde, del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público, comunicó que la decisión judicial envía un mensaje claro a quienes abusan de los recursos públicos destinados al sector salud. La lucha contra la corrupción se reafirma con este tipo de acciones legales.

Por su parte, el abogado Ricardo Reina, que defiende a Dilcia Isabel Vargas Sánchez, confirmó que su clienta seguirá colaborando con el Ministerio Público. Reina indicó que Vargas Sánchez proporcionará información crucial sobre las operaciones financieras del centro médico implicado.

Mientras tanto, la defensa de Luisa Yasiris Guzmán de Lora, liderada por el abogado Pantaleón Mieses, anunció su intención de apelar la prisión preventiva. Argumentan que su clienta no tuvo un papel activo en la gestión del Instituto Oncológico Regional del Cibao.

En la misma dirección, Juan Francisco Rodríguez Consoró, abogado de Héctor Antonio Lora Cruceta, tildó la medida de desproporcionada y anticipó que acudirá a la apelación en cuanto reciba la resolución íntegra del tribunal.

Según la Pepca, la supuesta estructura criminal habría operado entre 2018 y 2025, desviando recursos destinados a pacientes con cáncer a través de diversas maniobras fraudulentas. Este desvío de fondos perjudica gravemente la atención que merecen los pacientes oncológicos en el país.

Desarrollo de la Investigación en la Operación Onco14

• 18 meses de prisión preventiva para implicados en la Operación Onco14.
• Arresto domiciliario para Dilcia Isabel Vargas Sánchez tras disposición de colaboración.
• El tribunal respaldó los argumentos del Ministerio Público sobre la fortaleza de las pruebas.
• Investigaciones revelan desvío de recursos destinados a pacientes con cáncer entre 2018 y 2025.