José Ramón Peralta, exministro administrativo de la Presidencia y destacado miembro del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), declaró que la apelación del Ministerio Público contra la sentencia que lo exoneró carece de fundamento. Según él, “no había ninguna prueba” que lo vinculara a actos ilícitos.

“Nuestro caso era político desde el principio”, afirmó Peralta. Aseguró que sus abogados no politizaron el proceso y confiaron en que la falta de pruebas llevaría al sobreseimiento de los cargos en su contra.

En una entrevista en Despierta con CDN, Peralta destacó que se llevaron a cabo varias auditorías durante su gestión en el Ministerio Administrativo de la Presidencia, y ninguna de ellas reveló irregularidades. Mencionó una auditoría de 2019 presentada al entonces ministro José Ignacio Paliza, que, según él, subrayó la calidad de su gestión.

Peralta también negó haber participado en una supuesta reunión en el Palacio Nacional destinada a recaudar fondos, subrayando que la acusación no presentó fecha, hora ni testigos que pudieran corroborar este encuentro.

Cambios en testimonios

Identificó como pieza clave la declaración del testigo Bolívar Ventura, cuya versión, según Peralta, ha cambiado entre 2021 y 2022 respecto a la entrega de cheques implicados en la investigación.

En 2021, Ventura afirmó que ciertos cheques fueron dados a tres personas; sin embargo, en 2022 cambió su versión, atribuyendo la entrega a otra persona e incluyendo a Francisco Pagán y a otros involucrados.

Peralta sostuvo que no existe prueba documental, bancaria o tributaria que lo asocie a actividades ilícitas, citando informes de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), la Superintendencia de Bancos y la Contraloría, los cuales, según él, no reflejan irregularidades en sus empresas ni operaciones sospechosas.

“La realidad es que en nuestro caso no había ninguna prueba, como lo determinó ese tribunal. Fue un caso construido para incriminarme”, expresó el exfuncionario.

Respecto al testimonio de otros imputados, mencionó el caso de Mimilo Jiménez y las posturas de organizaciones como Participación Ciudadana, que consideraron el testimonio suficiente para llevarlo a juicio, lo que, a su juicio, viola el principio de presunción de inocencia si no va respaldado por evidencia.

Además, Peralta denunció que estuvo privado de libertad casi ocho meses por información que, según él, fue oculta a los tribunales, aunque estaba en posesión de las autoridades desde hacía años.

Fabricación de pruebas y afectación personal

Peralta sostuvo que se fabricaron interrogatorios y documentos, acusando el proceso de contener declaraciones contradictorias del mismo testigo en diversos expedientes. Esto, según él, requiere esclarecimiento judicial.

Relató que tras allanamientos se le confiscaron teléfonos y computadoras, sin que se encontraran pruebas de transferencias o rutas del dinero apuntadas por la acusación.

Recordó haber ganado una sentencia por difamación en un caso previo, donde el condenado debía pagar una indemnización, que él decidió perdonar y cuyo cumplimiento no forzó.

Peralta anunció que, debido a esta situación, hará una pausa en su actividad política para enfocarse en defender su honor y aclarar lo sucedido, aunque aseguró que no se retirará de manera definitiva de la política. Informó que aún no ha sido notificado oficialmente sobre la apelación y solicitó que este tipo de procesos no se repitan en el país, alegando el atropello sufrido por él y su familia ante lo que considera una falta de pruebas.

Revelaciones sobre el caso de José Ramón Peralta

• Peralta afirma que no hay pruebas que lo vinculen a delitos.
• Las auditorías realizadas durante su gestión no revelaron irregularidades.
• Cambios inconsistentes en los testimonios de testigos claves.
• Anuncia pausa en su carrera política para defender su honor.