Estados Unidos sancionó este jueves a tres funcionarios y nueve entidades estatales cubanas que tienen vínculos con la minería, el comercio exterior y el sector metalúrgico. Este movimiento incluye al Ministerio de la Construcción y forma parte de la estrategia de presión que busca inducir cambios políticos y económicos en la isla.

De acuerdo con un comunicado del Departamento de Estado, «hoy designamos a nueve entidades y a tres personas para fortalecer la iniciativa integral de la Administración Trump, que tiene como fin detener las actividades malignas del régimen cubano, tanto en Cuba como en todo nuestro hemisferio».

Entre los sancionados se encuentran tres directivos del ya sancionado Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP): su director Fernando González Llort, quien fue uno de los cinco espías de la Red Avispa condenados en EE.UU. y posteriormente retornó a Cuba; la vicepresidenta primera, Noemí Rabaza Fernández; y la directora para Norteamérica, Leima Martínez Freire.

El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció estas acciones a través de la plataforma X, afirmando que «el régimen cubano ha pasado décadas utilizando grupos pantalla para infiltrarse entre los estadounidenses, corromperlos y radicalizarlos».

Rubio, el primer jefe de la diplomacia estadounidense de origen latino, añadió que las nueve entidades sancionadas «sostienen y financian el aparato represivo del régimen» en La Habana.

Entidades cubanas adicionales bajo sanciones

Además del Ministerio de la Construcción, se sancionaron otras entidades como la Empresa de Níquel Comandante Ernesto Che Guevara, la importadora y exportadora Metalcuba, el Grupo Empresarial Geominero Salinero (Geominsal) y la importadora de productos metalúrgicos Acinox Comercial.

También fueron incluidas la gestora de comercio Coratur, la Empresa Central de Abastecimiento y Ventas de Equipos de Transporte Pesado y Piezas (Transimport), la Empresa Comercializadora de Artículos en General (Consumimport) y Acorec, una agencia que proporciona personal local a empresas extranjeras en Cuba.

Rubio advirtió que «cualquier persona que apoye, patrocine o proporcione servicios a estos actores sancionados corre el riesgo de ser sancionada ella misma». Destacó que los bancos extranjeros y otras empresas que proporcionen servicios a estas entidades deben actuar de inmediato para cesar su apoyo.

Estas nuevas sanciones se suman a las dirigidas contra el actual presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, y los cargos criminales en contra del exmandatario Raúl Castro. Son parte de la campaña de Trump para incrementar la presión sobre una Cuba ya en crisis.

Washington mantiene un bloqueo de crudo que ha agravado la situación económica y humanitaria en Cuba, una crisis que es resultado, en gran medida, de años de gestión del gobierno cubano. Además, ha instaurado medidas contra entidades extranjeras que operan en sectores críticos como la energía, defensa, minería y servicios financieros en la isla caribeña.

A principios de agosto, Rubio advirtió a Cuba que no habrá «válvula de escape» ante la presión de Washington para exigir cambios radicales en la isla y que no podrán ganar tiempo esperando el fin del segundo mandato de Donald Trump.

Acciones Recientes de EE.UU. contra Entidades Cubanas

• Dos gobiernos de EE.UU. han sancionado a entidades estatales cubanas vinculadas a minería y comercio exterior.
• El Departamento de Estado identificó a tres funcionarios y nueve entidades como parte de su iniciativa.
• Marco Rubio resaltó la importancia de cortar el apoyo a las entidades sancionadas.
• Las sanciones se suman a las ya impuestas a Díaz-Canel y Raúl Castro, y forman parte de un esfuerzo por inducir cambios en la isla.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció este miércoles medidas cruciales en conjunto con el sector asegurador para acelerar los pagos de pólizas y facilitar la entrega de ayudas a los afectados por el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto. Este desastre ha dejado, hasta la fecha, un saldo trágico de 314 muertos.

En una reunión con representantes de diversas compañías de seguros, el mandatario informó que el Gobierno cruzará datos oficiales con las bases de datos de las aseguradoras. Esto buscará agilizar tanto las indemnizaciones como la asignación de subsidios estatales.

«Todos los reclamos a las aseguradoras serán atendidos y agilizados», enfatizó De la Espriella en una declaración desde el Palacio San Carlos en Bogotá.

Además, el presidente aclaró que los afectados tendrán un plazo de dos años para presentar solicitudes ante las compañías aseguradoras, desmintiendo versiones que sostenían la existencia de un límite de solo dos días.

El mandatario también declaró que los procesos relacionados con viviendas en los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3, que agrupan a hogares de menores ingresos, recibirán atención prioritaria. Sin embargo, esto no implica la exclusión de otros asegurados.

Otra decisión importante es que en los casos donde haya pólizas de diferentes compañías para una misma vivienda, serán las aseguradoras las responsables de coordinar la atención y definir los procedimientos correspondientes.

De la Espriella declara la emergencia económica para hacer frente a crisis por terremoto.

«No podemos trasladarle al ciudadano la carga de resolver trámites entre compañías mientras enfrenta las consecuencias de una tragedia como esta», agregó el mandatario.

Esta reunión con las aseguradoras ocurre el mismo día en que De la Espriella liderará su primer consejo de ministros, en el cual se firmará el decreto de emergencia económica, anunciado la semana pasada, destinado a atender las graves consecuencias del terremoto.

Números impactantes de la emergencia

Según el balance presentado por el presidente hasta el mediodía de este miércoles, la emergencia ha dejado 314 personas fallecidas. Sin embargo, el Instituto de Medicina Legal confirma haber recibido 319 cuerpos.

El terremoto afectó a 15 departamentos y 471 municipios del país, dejando 262.154 personas damnificadas, organizadas en 147.464 familias. Además, 4.437 personas han resultado heridas y 262 permanecen desaparecidas.

Los daños materiales son considerables, con 30.664 viviendas destruidas, 136.946 averiadas, 302 edificios colapsados y 5.809 inmuebles con daños estructurales.

Asimismo, 3.470 centros educativos y 352 centros de salud han sufrido afectaciones, mientras que los daños en la infraestructura incluyen 449 vías, 58 puentes vehiculares, 13 puentes peatonales, 105 acueductos y cinco aeropuertos.

El epicentro del terremoto se localizó en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó. Este evento natural es considerado una de las mayores tragedias que ha enfrentado el país en las últimas décadas.