La Administración Trump ha implementado un nuevo procedimiento de regulación que tiene como objetivo principal evitar la explotación de inmigrantes y el fraude por parte de intermediarios de matrimonio internacionales. Estos intermediarios cobran por distintos servicios de citas y búsqueda de pareja, conectando a ciudadanos o residentes permanentes de Estados Unidos con extranjeros.

El Departamento de Justicia (DOJ) hizo pública esta normativa el pasado martes en el Registro Federal, endureciendo así los procedimientos de aplicación de la Ley de Regulación de Agencias de Matrimonio Internacional de 2005 (IMBRA). Esta ley busca proteger a las parejas extranjeras, tanto novios como cónyuges, de ciudadanos estadounidenses, frente a eventuales abusos o violencia doméstica.

La nueva regla está enfocada en aquellas empresas que operan como intermediarios matrimoniales internacionales (conocidos en inglés como IMB). Se trata de aquellas que no facilitan la información requerida o que divulgan indebidamente información prohibida a los extranjeros que buscan servicios de intermediación matrimonial.

Según el DOJ, “esta norma es esencial para disuadir los matrimonios fraudulentos y la explotación de inmigrantes captados por las IMB”. Anticipa un entorno más seguro para quienes buscan una relación seria.

Regulaciones para las Agencias Matrimoniales Internacionales

Una agencia matrimonial internacional (IMB) típicamente se refiere a una entidad que cobra honorarios por ofrecer servicios de citas, matrimonio o búsqueda de pareja. Su función principal es conectar a ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales con extranjeros en búsqueda de una relación.

Según la legislación estadounidense, estas agencias deben proporcionar información crucial a los extranjeros sobre sus futuras parejas. Esto incluye antecedentes penales, registros como delincuentes sexuales y detalles sobre matrimonios anteriores.

Además, las agencias están obligadas a entregar esta información en el idioma nativo del extranjero y deben informar sobre los derechos legales y recursos disponibles. También es requisito obtener el consentimiento por escrito de los interesados.

La IMBRA prohíbe, además, que estas agencias proporcionen información de contacto, fotografías o antecedentes de cualquier persona menor de dieciocho años.

Un aspecto destacado de la nueva normativa del Departamento de Justicia es la creación de un procedimiento formal para investigar y sancionar las posibles violaciones de la IMBRA. Las empresas que incumplan la ley podrán enfrentar multas que oscilan entre 5.000 y 25.000 dólares.