Nacionales
TC urge al Congreso a regular la usura en el país
El tema ha suscitado un intenso debate jurídico en la Alta Corte sobre los fundamentos del fallo emitido.
Con dos votos salvados, el Tribunal Constitucional ha instado al Congreso Nacional a regular la prohibición de la usura, en concordancia con el ordenamiento monetario y financiero vigente.
En su sentencia TC/0235/26, el tribunal declaró que el numeral primero del artículo 91 de la Ley núm. 183-02, que compone el Código Monetario Financiero, es incompatible con la Constitución y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Dicha disposición derogó la Orden Ejecutiva 312 del 1 de julio de 1919, que regulaba los intereses legales en asuntos civiles y comerciales y establecía sanciones por usura, incluyendo multas y prisión.
En consecuencia, el Tribunal Constitucional pronunció la inconstitucionalidad sobrevenida de esta disposición, particularmente respecto a la derogación de artículos que tipifican y penalizan la usura como un delito.
Referente a la normativa anteriormente vigente, los artículos 1, 2, 3 y 8 establecían un régimen de interés legal del 1% anual. Desde 2002, la regulación de intereses en la República Dominicana ha estado guiada por la Ley núm. 183-02, que otorga prioridad a la autonomía de la voluntad en la determinación de intereses en contratos entre las partes, en un marco de libre competencia.
El artículo 5 de la normativa derogada consideraba el cobro excesivo de intereses como un delito y establecía penalidades de multa y prisión. El Tribunal sostiene que esta norma cumplía con la obligación de los Estados de la Convención Americana de prohibir la usura, tal como lo indica su artículo 21.
Según el Tribunal, la legislación de la República Dominicana ya sanciona el cobro de intereses abusivos, y las instituciones financieras están sujetas a regulaciones bajo el Código Penal y la Ley Monetaria y Financiera, todo en consonancia con los principios de competencia libre protegidos por la Constitución.
También se resalta que, en protección al consumidor, la Ley núm. 358-05 proporciona una serie de derechos fundamentales, lo cual refuerza el marco legal en contra de prácticas abusivas.
El Tribunal aclara que no se limitará a declarar la inconstitucionalidad de la norma atacada, sino que buscará regular eficazmente la prohibición de la usura conforme a sus competencias, utilizando las tipologías de sentencias establecidas por la Ley núm. 137-11.
A juicio del Tribunal, la derogación de la ley que regulaba el delito de usura se considera inconvencional y, por tanto, inconstitucional, dado el carácter vinculante de los tratados internacionales que protegen los derechos humanos, ratificados en la Constitución dominicana desde su proclamación en 2010.
En el año 2003, tras la derogación de la Orden Ejecutiva 312, la República Dominicana incumplió la obligación de alinear su legislación nacional con el derecho a la propiedad, un derecho reconocido constitucionalmente.
A pesar de esto, el Tribunal también señala que dicha derogación no implica una inconstitucionalidad automática. La Resolución núm. 1920-2003 de la Suprema Corte de Justicia, que formó parte del bloque de constitucionalidad, no resulta invalidante de las normas del debido proceso según lo establecido por la Constitución.
La inconstitucionalidad sobrevenida ocurre cuando una ley es aprobada y promulgada, siendo inicialmente constitucional, pero se vuelve inconstitucional a raíz de cambios legislativos posteriores. El Tribunal subraya que la Resolución de 2003 no representa una modificación sustancial en este contexto.
Se argumenta que desde la proclamación de la Constitución en 2010, la derogación de la ley ya atacada debe interpretarse como una omisión a la responsabilidad estatal convencional de prohibir la usura.
Una Nueva Perspectiva sobre la Regulación de la Usura
- El Tribunal Constitucional ha instado al Congreso a regular la prohibición de la usura.
- Se declaró inconstitucional el artículo 91 de la Ley núm. 183-02 por su incompatibilidad con tratados internacionales.
- La derogación de normativas anteriores provoca un vacío legislativo, contraviniendo derechos fundamentales.
- Se respaldan las disposiciones en favor de la protección al consumidor bajo la Ley núm. 358-05.
PUNTA CANA. En la Junta Municipal Verón-Punta Cana, las resoluciones municipales se presentan en gran cantidad, siendo aprobadas de manera unánime durante cada sesión de la Junta de Vocales. Sin embargo, surge la pregunta: ¿qué seguimiento se les da a estas decisiones y quién es responsable cuando no se llevan a cabo?
Los vocales expresan preocupaciones sobre la falta de voluntad política y de acciones concretas para abordar problemas que impactan a las comunidades. En respuesta, el director distrital, Ramón Antonio Ramírez (Manolito), argumenta que es esencial realizar estudios técnicos, coordinar con diversas instituciones y evaluar la disponibilidad de presupuesto antes de implementar ciertas medidas.
Problemas abordados
Las resoluciones aprobadas por la Junta de Vocales entre 2024 y 2026 tratan temas clave, como la regulación del tránsito, la identificación de calles, la regulación de actividades en espacios públicos y la construcción de obras municipales.
Medidas de tránsito y circulación
Una de las disposiciones significativas es la Resolución 122-2024, del 9 de abril de 2024, que introduce cambios en la circulación por la avenida España y la calle Don Elpidio, así como la identificación y numeración de calles en Hoyo de Friusa, Altos de Friusa y áreas adyacentes.
Esta resolución fija horarios específicos para la carga y descarga de mercancías en varias avenidas de la zona, permitiendo estas operaciones de lunes a viernes a distintas horas, mientras que los domingos están prohibidas.
Además, la Resolución 123-2024 limita la circulación de camiones que transportan caliche y otros materiales de construcción en avenidas clave, a menos que cuenten con una carta de ruta emitida por la Junta Distrital.
El presidente de la Junta de Vocales, Uridy Marte, enfatizó que las medidas de tránsito, como la prohibición de estacionamiento en ciertos lugares y la restricción de dirección en calles estrechas, no siempre se traducen en acciones efectivas, a pesar de las quejas de los residentes.
Ramírez de la Rosa aclaró que algunas decisiones sobre el tránsito requieren estudios técnicos y coordinación con la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), y que estas medidas deben analizarse cuidadosamente antes de su implementación.
Calles y espacios públicos
La Resolución 186-2026 regula el transporte de materiales de construcción y establece sanciones por la acumulación ilegal de residuos en las vías públicas. El vocal Dionicio López destacó que estos residuos pueden obstruir drenajes y agravar los problemas en épocas de lluvia.
En cuanto a la identificación vial, la Resolución 137-2024 aprueba la asignación de nombres a calles en el sector Campo Verde. La Resolución 146-2024 nombra una vía de servicio en honor a Teófilo Martínez Álvarez, conocido como Chavonero.
Adicionalmente, la Resolución 178-2026 asigna nombres a cuatro calles en el Ensanche Punta Cana. Marte subrayó que muchas de estas resoluciones llevan años sin ejecutarse, a pesar de la aprobación de recursos destinados a ello, lo que afecta la organización territorial.
La Resolución 135-2024 prohíbe la actividad de limpiavidrios en espacios públicos y semáforos, otorgando al director distrital la autoridad para establecer normativas al respecto. La vocal Marcelle Flores señaló que muchas acciones, como la instalación de señales de tránsito, no se concretan por falta de recursos.
Motoconchos y solares abandonados
La Resolución 164-2025 regula el transporte en motoconcho en la región y establece medidas para su implementación. Además, la Resolución 165-2025 autoriza la asignación de nombres a calles en el sector Brisa de Paz.
En un esfuerzo por mejorar el entorno urbano, en junio de 2026 se aprobaron normativas para la limpieza de solares y controlar el ruido. La Resolución 187-2026 establece normas para la limpieza de terrenos baldíos, y la Resolución 188-2026 regula la contaminación sónica de negocios en áreas urbanas, permitiendo excepciones en zonas turísticas.
López advirtió que las medidas referentes a solares abandonados requieren una aplicación efectiva para evitar que esos espacios sean focos de desperdicios. La implementación de estas disposiciones depende de acciones administrativas pertinentes.
Parada de autobuses
La Resolución 189-2026, aprobada el 15 de junio de 2026, decreta la eliminación de la parada de autobuses en la prolongación de la avenida España, frente a Plaza Friusa. Esta medida es parte de un esfuerzo mayor por reorganizar la circulación y el uso de espacios públicos.
Para verificar el cumplimiento de esta disposición, es importante revisar si efectivamente se llevó a cabo la retirada de la parada y las acciones ejecutadas para hacer posible lo aprobado.
Un mercado por RD$60 millones
La Resolución 170-2025, del 18 de diciembre de 2025, autoriza los procedimientos para la construcción de un play de béisbol y un mercado municipal, con una inversión total estimada de RD$60 millones. Esto incluye el juego de béisbol por RD$20 millones y el mercado por RD$40 millones.
Ramírez de la Rosa indicó que ambos proyectos se encontraban en proceso de licitación, aunque se debió descartar inicialmente una ubicación para el mercado debido a los altos costos asociados con la construcción de una vía de acceso alternativa.
Terrenos municipales
La Resolución 191-2026 faculta la contratación de profesionales para asegurar la recuperación de terrenos del gobierno local. No obstante, aunque se haya aprobado esta medida, no garantiza automáticamente que se realicen los contratos o la recuperación efectiva de los terrenos.
Diferencias sobre responsabilidades
Existen discrepancias entre los representantes consultados sobre las causas de los retrasos y la ejecución de las decisiones del Concejo. Marte sugirió que la Sala Capitular y la administración ejecutiva deben reunirse para revisar y priorizar las resoluciones aprobadas.
Por su parte, Ramírez de la Rosa afirmó que algunas resoluciones son aprobadas sin suficiente consulta y que su implementación requiere una evaluación integral de las condiciones técnicas y presupuestarias.
La vocal Flores atribuyó parte de la falta de resultados a una carencia de voluntad política y a las limitaciones de recursos, mientras que López afirmó que las resoluciones deben transformarse en acciones concretas que respondan a las necesidades de las comunidades.
Desde la Red Comunitaria Verón-Bávaro, su director, Alciviade Rodríguez, propuso formar un comité de seguimiento. Este comité facilitaría la identificación de responsabilidades y promovería la transparencia sobre los documentos aprobados, además de fomentar la participación comunitaria en un proceso con mejores resultados visibles.
Acciones y Retos en Punta Cana
- Abundancia de resoluciones sin seguimiento efectivo.
- Se requieren estudios técnicos antes de implementar nuevas medidas de tránsito.
- Problemas de comunicación y coordinación entre autoridades.
- Propuestas para fomentar la participación ciudadana y mejorar la transparencia.
El presidente de la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, saludó este lunes las declaraciones de la embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Leah Campos, sobre la disposición de su Gobierno a retomar las negociaciones comerciales en torno al arroz, en el marco del DR-CAFTA.
A través de un mensaje publicado en la red social X, Fernández consideró que el diálogo representa una oportunidad para buscar soluciones equilibradas que protejan la producción nacional y fortalezcan las relaciones comerciales entre ambos países.
El dirigente político expresó: «Saludo con beneplácito las declaraciones de la embajadora de los Estados Unidos, Leah Campos, sobre la disposición de su Gobierno a reabrir las negociaciones en torno al arroz, en el marco del DR-CAFTA. Este diálogo representa una oportunidad para procurar soluciones equilibradas que protejan la producción nacional y fortalezcan nuestras relaciones comerciales».
Durante una entrevista en el programa “Siendo Honestos”, Campos explicó que República Dominicana ingresó al acuerdo en 2004 y que este comenzó a regir en 2007, con un período de 20 años para prepararse ante la eliminación gradual de aranceles y cuotas.
Campos también señaló que la administración del presidente Donald Trump busca negociar tratados recíprocos. Sin embargo, enfatizó que República Dominicana debe cumplir primero con el acuerdo comercial vigente antes de iniciar nuevas conversaciones.
Retorno de Negociaciones Comerciales sobre Arroz
- Leonel Fernández aplaude las declaraciones de Leah Campos.
- El diálogo busca soluciones balanceadas para la producción nacional.
- República Dominicana ingresó al DR-CAFTA en 2004, en vigor desde 2007.
- El cumplimiento del acuerdo vigente es prioritario antes de nuevas negociaciones.
VERÓN. La Policía Nacional ha confirmado el fallecimiento de Carlos Daniel Alcequiez Rodríguez, conocido como “Carlos El Menol”, de 25 años. Este ocurrió mientras recibía atención médica en el Hospital Municipal de Verón, tras resultar herido de bala durante una intervención policial en el sector Residencial Lantigua, ubicado en el distrito Verón-Punta Cana.
Alcequiez Rodríguez era considerado un sospechoso clave en la investigación sobre la muerte de Anderson Santos Rodríguez, conocido como “Vaguito”, de 23 años. El cadáver de este último fue encontrado enterrado en un área rural de Nagua, en la provincia María Trinidad Sánchez.
De acuerdo con el informe preliminar, los agentes de la Policía Nacional realizaban tareas investigativas cuando fueron atacados a balazos, lo que llevó a los oficiales a responder a la agresión. Durante este enfrentamiento, Alcequiez Rodríguez sufrió heridas causadas por proyectiles y fue trasladado al hospital, donde lamentablemente falleció poco después.
Un caso vinculado a la venta de drogas
Alcequiez Rodríguez era objeto de un aviso de búsqueda por su supuesta implicación en el asesinato de Anderson Santos Rodríguez, ocurrido el 21 de octubre de 2026. Las investigaciones sugieren que el crimen pudo iniciar por una discusión relacionada con una suma de RD$200, que supuestamente estaría vinculada a la venta de sustancias controladas.
El cuerpo de Santos Rodríguez fue descubierto en Nagua, dentro de un hoyo de aproximadamente 1.5 metros de profundidad, cubierto con una lona de color mamey. En este caso, también ha sido señalado Brayan Cius, quien permanece bajo custodia por su supuesta participación en el crimen.
En el marco de la intervención policial, se logró incautar una pistola marca Glock de calibre 9 milímetros, junto con un cargador y varias cápsulas. Asimismo, especialistas de la Policía Científica recolectaron tres casquillos en la escena, que serán incorporados como evidencia en el proceso investigativo.
Carlos Alcequiez Rodríguez: Fallece tras enfrentamiento policial en Verón
- Carlos Alcequiez Rodríguez murió en el Hospital Municipal de Verón tras recibir disparos durante un enfrentamiento con la policía.
- Era buscado por su presunta participación en la muerte de Anderson Santos Rodríguez, alias “Vaguito”.
- El cadáver de “Vaguito” fue encontrado en Nagua, enterrado y envuelto en una lona.
- Durante la intervención se incautó una pistola Glock y varios casquillos, que se sumarán a la investigación.
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