Santiago. – La reciente demolición del edificio que albergó la sede del Banco Agrícola, ubicado en la intersección de la avenida Juan Pablo Duarte y la calle Estado de Israel, en el sector Reparto del Este, ha encendido alarmas sobre la vulnerabilidad del patrimonio arquitectónico moderno en Santiago.

Este inmueble, diseñado en la década de 1960 por el arquitecto Cuqui Batista, era una obra emblemática de la arquitectura moderna dominicana.

Ante su desaparición, el historiador Edwin Espinal Hernández ha cuestionado la falta de iniciativas institucionales dedicadas a identificar y proteger las edificaciones que conforman este valioso legado arquitectónico.

Espinal Hernández argumenta que la obra de Batista es un referente de la modernidad dominicana, no solo por su diseño y estética, sino también por su uso innovador de materiales y su funcionalidad. Además, subraya los valores históricos y sociales que estas construcciones representan.

A su juicio, la pérdida de estas edificaciones refleja la escasa valoración del patrimonio arquitectónico del siglo XX. Esta situación ha sido objeto de análisis por parte de organismos internacionales comprometidos con la conservación del patrimonio cultural.

Advierte sobre pérdida del patrimonio moderno

En este contexto, el historiador hizo mención del Documento de Madrid, aprobado en 2011 por el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos), que establece directrices para la conservación de edificaciones modernas. Este documento enfatiza la importancia de identificar, documentar y estudiar las edificaciones modernas.

El objetivo es evitar la desaparición de construcciones que son parte fundamental de la memoria histórica y cultural de las ciudades.

Espinal Hernández considera que estos principios deben guiar la formulación de políticas de protección que resguarden el patrimonio arquitectónico moderno en la República Dominicana, enfocándose especialmente en aquellas estructuras que reflejan fases importantes del desarrollo urbano de Santiago.

La demolición del antiguo edificio del Banco Agrícola reitera la urgencia de reconocer el valor histórico de construcciones que, aunque no pertenecen a periodos coloniales o republicanos, son cruciales para la evolución arquitectónica de la ciudad.

Reclama mayor protección institucional

El historiador también ha señalado que la Dirección Nacional de Patrimonio Monumental tiene una responsabilidad crítica en la identificación y resguardo de estas edificaciones.

Recordó que la Ley 492 de 1969 confiere competencias para la protección del patrimonio cultural tangible en la República Dominicana.

Entre las acciones necesarias, propone la elaboración de inventarios, la realización de investigaciones especializadas y el desarrollo de estudios multidisciplinarios sobre la arquitectura moderna dominicana.

Espinal Hernández enfatiza la necesidad de prestar especial atención a las obras de Cuqui Batista, reconociéndolas como pilares del desarrollo arquitectónico nacional.

Aboga por que estas construcciones sean valoradas como símbolos de la identidad dominicana, dado su papel en la transformación del diseño arquitectónico en el país.

Finalmente, cuestiona cuándo las autoridades asumirán la responsabilidad de identificar, documentar y proteger este patrimonio, antes de que otras obras de similar valor histórico y arquitectónico se pierdan.

La reciente demolición del antiguo edificio del Banco Agrícola plantea un desafío crucial: encontrar un equilibrio entre las transformaciones urbanas en Santiago y la conservación de edificaciones que son parte esencial de su historia y evolución arquitectónica.

San Francisco de Macorís. – Delvinson de la Cruz Sosa, señalado por el Ministerio Público de presuntamente planificar un atentado contra el presidente Luis Abinader, ha afirmado que su verdadero objetivo era convocar a la ciudadanía a una protesta el pasado 6 de noviembre, en conmemoración del Día de la Constitución dominicana.

El joven de 29 años realizó estas declaraciones el día de ayer al salir de la sala de audiencias del Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís, donde se esperaba conocer la medida de coerción solicitada en su contra.

No obstante, la audiencia fue aplazada para el próximo viernes 13 de noviembre, tras la decisión del abogado Jerso Lizardo de renunciar a la defensa de Delvinson.

Sobre las acusaciones que recaen sobre él, De la Cruz Sosa reiteró que no ha cometido ningún delito y defendió su intención de organizar una manifestación pública. Indicó que, una vez concluya el proceso judicial, retomará los preparativos para la protesta planeada en el contexto de este día significativo.

Suspensión de audiencia por renuncia de abogado

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la provincia Duarte decidió aplazar nuevamente el conocimiento de la medida de coerción contra De la Cruz Sosa. Esta decisión se tomó después de que el abogado Jerso Lizardo anunciara su decisión de no seguir representándolo.

Ante este imprevisto, el joven ha sido enviado a la Defensoría Pública para que se le asigne un nuevo abogado, garantizando así su derecho a la defensa durante el proceso judicial.

La nueva audiencia ha sido programada para el viernes 13 de noviembre, a las 4:00 de la tarde.

Demandas de liberación por parte de ciudadanos

Mientras De la Cruz Sosa aguardaba en el recinto judicial, un grupo de ciudadanos se congregó en las afueras del Palacio de Justicia para exigir su liberación.

Los manifestantes manifestaron su rechazo a las acusaciones del Ministerio Público, considerando que el proceso es un intento de restringir el derecho a la protesta. Expresaron que el joven buscaba movilizar a la población para manifestar su descontento con diversas políticas gubernamentales y abogar por una serie de problemas sociales.

José Mercado, un participante en la concentración, argumentó que estas acusaciones intentan desviar la atención de los reclamos ciudadanos sobre el manejo de los recursos públicos y las condiciones económicas que enfrenta la población.

Los presentes exigieron que se clarifiquen los hechos y que se respeten los derechos del imputado durante las investigaciones.

Acusaciones firmes del Ministerio Público

El Ministerio Público reafirma su investigación contra Delvinson de la Cruz Sosa por su presunta participación en la planificación de acciones terroristas dirigidas contra el presidente de la República.

Un representante del ministerio reveló que la clasificación provisional del caso incluye una presunta tentativa de terrorismo. Además, se indicó que se solicitará prisión preventiva como medida de coerción mientras continuan las diligencias para esclarecer los hechos atribuidos al imputado.

La investigación sigue abierta, y es responsabilidad de las autoridades presentar los elementos que respalden la acusación ante el tribunal competente. Por su parte, De la Cruz Sosa rechaza todos los señalamientos, afirmando que sus acciones estaban motivadas por un deseo genuino de organizar una manifestación ciudadana.

El proceso judicial continuará el viernes, cuando el tribunal se pronuncie sobre la solicitud del Ministerio Público, garantizando que el imputado cuente con la representación legal adecuada.

Desarrollo del Caso Controvertido

• Delvinson de la Cruz Sosa es acusado de planificar un atentado contra el presidente Luis Abinader.
• La audiencia fue aplazada para el 13 de noviembre debido a la renuncia de su abogado.
• Decenas de ciudadanos se manifestaron en apoyo a De la Cruz Sosa, reivindicando sus derechos.
• El Ministerio Público sostiene que hay bases para una acusación de terrorismo y pedirá prisión preventiva.

Santiago. – El Ministerio Público ha solicitado prisión preventiva contra un abogado y una mujer, quienes están acusados de formar parte de una presunta organización dedicada a captar adolescentes en distintas localidades del Cibao. Se les imputa el traslado de estas jóvenes a Santiago para ser sometidas a explotación sexual a cambio de pequeñas sumas de dinero.

Los acusados han sido identificados por las iniciales A.A.V., abogado de profesión, y F.F.P.G., y contra ellos la Fiscalía de Santiago ha presentado una solicitud de medida de coerción ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente.

El órgano acusador atribuye a los imputados gravísimas violaciones a la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, las cuales fueron modificadas por la Ley 46-25. Además, se incluyen violaciones a la Ley 136-03, que establece el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, y a la Ley 53-07, referente a Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

Inicio de la Investigación por Denuncia Paterna

La investigación cobró fuerza tras una denuncia realizada el 26 de octubre de 2026 por el padre de una adolescente de 17 años, quien afirmó que su hija había sido trasladada desde el municipio de Esperanza, en la provincia Valverde, hacia Santiago.

Según la denuncia, la joven fue convencida para viajar bajo la promesa de adquirir experiencia práctica en una oficina de abogados durante sus días libres de la escuela. Sin embargo, el Ministerio Público sostiene que en lugar de eso, la adolescente fue llevada a la residencia del abogado investigado y sometida a explotación sexual a cambio de dinero.

El expediente indica que F.F.P.G. fue la encargada de trasladar a la adolescente, mientras que A.A.V. coordinaba los encuentros y grababa a las víctimas sin su consentimiento, en un claro abuso de poder.

Los imputados también impusieron reglas estrictas que limitaban la comunicación entre los adolescentes, con el fin de evitar futuros contactos y mantener el control sobre ellos.

Nuevas Posibles Víctimas

Durante las diligencias, la Fiscalía ha identificado al menos tres posibles víctimas más, con edades de 13, 14 y 17 años. Una de ellas fue contactada a través de una aplicación de citas, y fue atraída por ofertas económicas.

Además, testimonios sobre grabaciones de los encuentros han sido recogidos para establecer responsabilidades. El Ministerio Público ha indicado que una de las adolescentes ha sido sometida a evaluaciones psicológicas y exámenes médicos forenses.

El 27 de octubre, los exámenes revelaron que la joven de 17 años estaba en estado de gestación. Las autoridades mantienen en reserva las identidades de las víctimas, siguiendo las regulaciones para la protección de menores.

Solicitud de Prisión Preventiva

La Fiscalía de Santiago argumenta que la gravedad de los cargos y el riesgo de que los acusados evadan la justicia justifican la prisión preventiva. También se ha solicitado autorización para realizar entrevistas anticipadas a las menores identificadas.

Estos procedimientos buscan preservar sus testimonios y minimizar el trauma de repetir sus declaraciones a lo largo del proceso judicial. Además, la investigación incluye el análisis de evidencias digitales acerca de los delitos denunciados.

La audiencia para evaluar la medida de coerción está programada para el miércoles 11 de noviembre ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago. El tribunal decidirá sobre la solicitud presentada por el Ministerio Público, mientras las investigaciones continúan para determinar la magnitud de esta presunta explotación sexual.

Investigación sobre Estructura de Explotación Sexual

• La Fiscalía solicito prisión preventiva contra un abogado y una mujer por explotación sexual.
• Los acusados fueron identificados como A.A.V. y F.F.P.G.
• El caso comenzó tras la denuncia de un padre sobre la desaparición de su hija.
• Se identificaron al menos tres posibles víctimas más, con edades entre 13 y 17 años.